Frente histórico para reivindicar el trasvase Tajo-Segura

Un paso «histórico» en los 45 años del trasvase Tajo-Segura. La Comunitat Valenciana, la Región de Murcia, la Comunidad de Madrid y la Junta de Andalucía registrarán «de manera coordinada, con rigor y juntos» las alegaciones a las reglas de explotación de esta infraestructura.

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha avanzado esta actuación «inédita jamás ocurrida» durante la mañana de este martes durante su visita a Murcia para participar en los actos de los 45 años del trasvase. Con ello, pretenden «eliminar ya cualquier criterio político que siga aumentando injusticias», como los 26 recortes «injustificados» que la transferencia ha sufrido «por no tener reglas de explotación».

Hay que tener en cuenta que Madrid es una de las comunidades de la cabecera del Tajo y que por su situación geográfica bien podría haberse sumado a la posición de Castilla-La Mancha en contra del trasvase. Esta circunstancia da aún más valor a su inclusión en línea con las autonomías receptoras del agua del trasvase.

En este sentido, el jefe del Consell ha destacado que «por primera vez», 23 millones de españoles representados a través de cuatro comunidades autónomas trabajan en un «esfuerzo de vertebración para empezar a fijar reglas serias con criterio» con el fin de desarrollar «un concepto amplio e integral del agua en España y de lo que tiene que ser el Tajo».

Con las alegaciones presentadas, las cuatro comunidades autónomas instan al Gobierno de España a «dejar los caprichos políticos fuera de un asunto tan importantítismo» para la nación. Mazón ha adelantado que el planteamiento en las bases pasa por «abandonar la ideología y el sectarismo».

Además, ha incidido en la candidatura de la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, como cabeza de lista del PSOE para las elecciones europeas. «Me preocupa que una defensora de la desalación masiva, contraria al medioambiente, vaya a ir a Europa para opinar sobre la política medioambiental. Al sitio al que va podría hacernos más daño de lo que nos ha hecho». En este sentido ha instado a que «expliquemos en las próximas elecciones lo que ha hecho con la Región y la Comunitat».

Asimismo, también ha cargado contra Pedro Sánchez y su Ejecutivo. Según Mazón, el Gobierno de España «no ha cumplido con el grupo de trabajo» ni «con dar a las comunidades la audiencia mínima». Por ello, esta presentación conjunta de alegaciones es «una respuesta» de la mitad de los españoles a través de sus Gobiernos autonómicos.

«Las reglas de explotación se plantean en un momento clave para España y no pueden pasarse por alto». De este modo, los dirigentes autonómicos continuarán reivindicando el trasvase Tajo-Segura «sin quitarle nada a nadie que no le corresponda, sino aprovechando los recursos que hay en España».

Murcia y la Comunitat continúan con «inversiones a la cola y la peor financiación mientras Sánchez juega a la política», algo que lamenta Mazón «llevamos demasiado tiempo perdido» y se deberían abordar este tipo de asuntos en lugar de protagonizar «puestas en escena».

Por su parte, el presidente de murciano, Fernando López Miras ha calificado de «historia de éxito» los 45 años transcurridos desde la llegada de las aguas del Tajo a la cuenca del Segura a través del trasvase, lo que se hizo posible «gracias al principio de solidaridad y a una infraestructura que ha cohesionado territorialmente mucho más nuestro país».

Para López Miras, «la historia de los trasvases son historias de éxito», y gracias a ellos «se ha demostrado cómo en España hay agua suficiente para todos», aunque en este punto ha criticado que «no hay voluntad de llegar a un consenso nacional sobre agua», algo que debería liderar, en su opinión, el Ejecutivo de la Nación.

«Reivindicamos que el Gobierno de España, de una manera sectaria, de una manera partidista, de una manera ideológica, no recorte, no cierre una infraestructura que es fundamental, que es vital para el Levante, para millones de españoles», ha enfatizado.

Este contexto, ha insistido López Miras, ha conllevado que, «por primera vez», cuatro comunidades autónomas, que representan a «más de 23 millones de españoles», presenten «de forma conjunta» alegaciones a la revisión de las reglas de explotación del trasvase.

El objetivo es que «predominen los criterios científicos y técnicos» y que los casi 50 trasvases que existen en España se rijan por «reglas objetivas», de manera que «la ideología y la política no puedan decidir sobre un recurso que es de todos los españoles».

Sobre la adhesión de la Comunidad de Madrid a las alegaciones, López Miras ha indicado que «lo que ha primado ha sido, primero, la voluntad de consenso en algo tan importante como la distribución de un recurso natural que es el agua y, por supuesto, que sean técnicos los criterios que se establezcan para regular los trasvases».

«Creo que a esto no se puede oponer nadie, que se saque la ideología del trasvase y se aporte el criterio técnico, el criterio científico», ha dicho López Miras, que ha agradecido a la Comunidad de Madrid que «haya tenido esa visión de cómo distribuir el agua y esa apuesta por los trasvases tan importantes para España».

Según López Miras, el «problema» reside en que el Gobierno central está más en «estrategias y pases de circo continuo», que en los asuntos «importantes».

Por su parte, Lucas Jiménez, presidente del Sindicato de Comunidades de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) ha expresado su preocupación, «como nunca antes», por la modificación de las reglas de explotación del trasvase. «Ya hubo una en el 2021, pero esta nos preocupa mucho más por los antecedentes, por lo que está ocurriendo», ha manifestado.

«Como si de una orquesta perfectamente estructurada se tratara, salió García-Page abriendo una campaña achuchando al Ministerio a aprobar la modificación de las reglas de explotación. Dijo que iba a haber una modificación legal, legislativa, es decir, que no estamos hablando de una simple modificación», ha dicho.

A partir de ahí, «todo el coro de ángeles y arcángeles, entendiendo por esto las Cortes castellanas, las diputaciones, todo el sector político castellano-manchego, se lanza a la calle a pedir con urgencia una modificación de las reglas de explotación que deberían de haber estado en febrero, pero que el Ministerio dice que no estarán antes de octubre».

El máximo dirigente del Scrats ha insistido en que esta situación «nos tiene muy preocupados». «Algo se nos ha escapado, algo conoce Castilla la Mancha que no conocemos nosotros, y por eso esa prisa que tiene en esa reforma, que debería ser algo normal y a la que le están atribuyendo un valor excepcional», ha denunciado Jiménez.

En este sentido, ha señalado que ese valor podría pasar por «sacar del tablero de juego los primeros 30 hectómetros del total de 103 que supone el recorte del trasvase».

Por otro lado, Jiménez ha señalado que todo apunta a que «va a ser un año hidrológico complicado» porque la situación en la cuenca del Segura «es muy preocupante», ya que «seguimos estando en prealerta», a pesar de una «sensación de bonanza» irreal por las últimas lluvias registradas en la Región.

«Seguimos estando muy alejados de las cifras de agua que teníamos almacenadas el año pasado», ha sostenido Jiménez, quien ha recordado que la Comisión Permanente de la Sequía apostó este lunes por promover la moderación en el consumo y el mantenimiento de las restricciones.

Todo, ha dicho, «a la espera de que no tengamos que volver a estrangular más el cinturón del regante de cara al verano».

A su juicio, el hecho de que Ribera encabece las lista del PSOE a las elecciones europeas no conllevará grandes cambios en lo que respecto al Tajo-Segura, pues la postura del Ejecutivo central sobre al trasvase «permanece inalterable» y «fue expresada abiertamente hace unos años por el líder del Gobierno nacional».

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