La jueza de la dana plantea de nuevo a Mazón declarar como investigado y cita como testigo a su vicepresidenta

La jueza sí toma otras dos determinaciones. Citar como testigo a la vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, y máxima responsable de la conselleria de Servicios Sociales, una de las más sensibles y afectada en la tragedia con numerosas muertes en residencias.

La magistrada también rechaza que comparezca como testigo la periodista Maribel Vilaplana, quién comíó con Mazón el funesto 29-O. La decisión se produce tras una nueva petición de una parte (antes ya había rechazado la diligencia el juzgado) y unos días después de la carta abierta enviada por Vilaplana a los medios de comunicación.

De hecho, la titular del juzgado de instrucción número tres de Catarroja acuerda incorporar la misiva a la causa, a petición de la acusación popular que ejerce Podemos. Fue también esta entidad la que reclamó de nuevo la citación de Mazón, aunque la jueza lo rechaza porque supondría un «acto directo de investigación» respecto al propio jefe del Consell, que es aforado.

No solo comparecerá Camarero como nueva testigo ante la magistrada. La jueza estima las peticiones de diferentes acusaciones populares (Ciudadanos e Intersindical y Acció Cultural del País Valencià) y acuerda citar como testigos al secretario autonómico de Familia y Servicios Sociales, Ignacio Grande, un sargento coordinador del Consorcio Provincial de Bomberos y un comandante de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Sobre la carta de Vilaplana, la jueza detalla que la misiva «incide en una serie de elementos que afectarían, no solo a la toma de decisiones en el CECOPI, por los investigados, sino igualmente en la participación que pudiera haber tenido en las mismas el presidente de la Generalitat».

En el auto, el juzgado señala que la carta enviada por la periodista a los medios detalla «el periodo del tiempo que pasó en un restaurante. Según la carta, se ampliaría hasta una horquilla de entre las 18:30-18:45 horas». El escrito también describe «las comunicaciones telefónicas que el presidente de la Generalitat tuvo con otras personas durante la tarde del 29 de octubre de 2024. Es más, como concluye la magistrada en ese párrafo: «El hecho de que, según la carta, el presidente no demostrara ninguna inquietud tras las llamadas y continuara en el restaurante».

En un segundo auto, la instructora deniega la aclaración de otro del pasado 4 de septiembre por el que acordó la expulsión del procedimiento de una acusación particular. La jueza adoptó esta decisión al considerar que la actuación de esta parte implica un «abuso de derecho» y un «fraude procesal» por ejercer, en realidad, como defensa de uno de los dos investigados, el ex secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, al actuar en línea con su letrado.

Además, la persona representada en este caso, familiar de víctimas, había pedido en manifestaciones encarcelar a la jueza; relacionaba la dana con «ritos satánicos» y extendía bulos sobre la cifra de fallecidos en centros comerciales, como recuerda la jueza de Catarroja en sus resoluciones.