La exconsellera Pradas lamenta la falta de colaboración de los agentes de la Generalitat y critica la retirada de los bomberos del Poyo

La defensa de Pradas insiste en los argumentos que ya expuso en un primer momento. Por ejemplo, el hecho de que no hay un mando único de la emergencia -recae en Pradas, según la instructora- sino que se trata de un órgano colegiado con un mando dual (Generalitat y Delegación del Gobierno). La toma de decisiones se basa «en el debate y análisis de la información disponible».

En ese escenario de notable incertidumbre se produjo lo que las defensas y también la Generalitat califican de «apagón informativo». «La CHJ incumplió sus deberes de información, no comunicando datos relevantes sobre el caudal del Barranco del Poyo en tiempo real». Se refiere al famoso correo de las 18.43 horas sobre el brutal caudal en el barranco que el presidente de la CHJ no comunicó al Cecopi y que, según él, no era válido para adoptar decisiones de protección civil. En realidad, menospreció el valor de esa información, tal y como llegó a admitir en su comparecencia.

En este punto, por ejemplo, destaca la falta de medios y recursos que no sería 'imputable' a Pradas. Recuerda que se denegó el despliegue de agentes medioambientales, mientras que los bomberos forestales se retiraron del Poyo «sin comunicarlo a Emergencias ni informar sobre las mediciones realizadas». La falta de comunicación a la Sala de Control ha sido avalada por testigos que ya han declarado ante la magistrada.

También insiste Pradas en otro de los episodios más polémicos de la jornada, el supuesto retraso en el envío del Es Alert, el mensaje masivo que no llegó a los móviles hasta las 20.11 horas. «No estaba protocolizado. No existía una normativa clara sobre cuándo y cómo debía enviarse el mensaje de alerta, lo que dificulta atribuir responsabilidad penal por su supuesto envío tardío o erróneo», sostiene su equipo legal.

La decisión de enviarlo estuvo sujeta -según el recurso de la exdirigente- a un debate técnico entre expertos. «La primera intención era destinarlo a la emergencia por la posible rotura de la presa de Forata», recoge el escrito.

La tesis de la exconsellera se resume en que la dana fue una catástrofe natural de magnitud imprevisible que superó los protocolos y sistemas de protección civil. Esta idea, en mayor o menor medida, ha sido compartida por los testigos que hasta la fecha han declarado, como el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo o el jefe de Climatología de la Aemet, José Ángel Núñez.

La posición institucional de Pradas no la convierte «en garante de todas las actuaciones u omisiones que pudieran haber tenido lugar en la Administración», argumenta su recurso. De hecho, compara su situación con la que se vivió durante la pandemia del Covid y recuerda cómo el Tribunal Supremo descartó abrir investigaciones penales contra los dirigentes del Gobierno por su gestión de la emergencia. «No se pueden atribuir responsabilidades objetivas por el mero hecho de la posición o cargo que una persona ostente en la organización, por muy alto que este sea», apuntaba el auto del alto tribunal.