La dana agrava el colapso de la justicia valenciana: casi 832.000 asuntos nuevos, un 10% más

El atasco en los juzgados valencianos se vio agravado el pasado ejercicio por la suspensión de plazos procesales en la provincia de Valencia forzada por la riada del pasado 29 de octubre y la paralización de trámites en las partidas de Requena, Catarroja y Torrent que se vieron gravemente afectadas por el desastre.

El presidente del TSJCV, Manuel Baeza, ha expuesto los datos del balance en una rueda de prensa, uno de sus primeros actos públicos tras haber tomado el relevo de su antecesora en el cargo, Pilar de la Oliva, en abril de este año. Baeza ha defendido que las consecuencias de la riada han supuesto «un desafío descomunal» para la administración de justicia pero que todo su personal «estuvo a la altura».

En este sentido, ha resaltado los refuerzos tanto transversales como específicos puestos a disposición de los juzgados más damnificados que han sido ampliados hasta finales de año. Al respecto, el presidente ha reconocido que en las tres partidas judiciales más afectadas por la catástrofe, la dana ha supuesto «un incremento de trabajo» que ha sido compensado por los citados refuerzos. De hecho, Baeza ha relativizado el impacto de la paralización de la actividad alegando que no fue «crítica» y que en un mes se identificaron 221 víctimas mortales y se detuvo a 70 personas por el pillaje y saqueo posterior a la riada.

En relación a las necesidades de más medios y personal, Baeza ha puntualizado que la litigiosidad se ha incrementado hasta los 151 casos por cada mil habitantes por lo que ha reclamado más medios materiales y personal para hacer frente a los asuntos existentes. «No es un capricho, es una necesidad para prestar un servicio público de calidad a los ciudadanos», ha apostillado exigiendo a su vez una mayor dotación presupuestaria para la Justicia.

«Necesitamos más medios, pero sobre todo más jueces», ha incidido el presidente del TSJCV. Baeza ha tildado de «alarmante» la situación que viven secciones como las de lo Civil y lo Social pues «vienen saturadas desde hace años". En estas jurisdicciones la carga laboral de los magistrados se vio incrementada el año pasado en más de un 15 y 17%, respectivamente.

Para paliar este lastre que sufre la justicia valenciana, desde el TSJCV estiman que hacen falta 141 nuevas plazas judiciales en el conjunto de la región. Sobre este asunto, Baeza ha dicho que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los magistrados, ha remitido un documento al Ministerio del ramo en el que califica la creación de 37 plazas judiciales tachándolas, en su conjunto, de «imprescindibles» y 17 de ellas como «prioritarias».

Además, Baeza ha hecho énfasis en que este año los profesionales de la administración de Justicia se tendrán que adaptar a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, «una norma que supone un cambio de paradigma en la organización de los tribunales y cuyos efectos tendremos que analizar en su momento».

Asimismo, el presidente del TSJCV ha apelado al «diálogo institucional» entre el Ministerio de Justicia, el CGPJ y las distintas comunidades autónomas con competencias transferidas en la materia.

«En nuestro territorio resulta esencial además la comunicación entre TSJ y Conselleria de Justicia, algo que ya estamos realizando a través de las comisiones mixtas. Hacía años que no se celebraba ninguna, y desde que estoy se han celebrado dos», ha zanjado antes de abogar por la flexibilización y la adopción de mayores medios tecnológicos en la esfera judicial valenciana.