El consumo de marihuana, tras una densa neblina legal

El artículo 368 del Código Penal establece castigos para aquellos que «ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico, o de otro modo promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas».

En ese mismo sentido, el epígrafe 16 del artículo 36 de la Ley de Seguridad Ciudadana considera como una infracción administrativa grave «el consumo o la tenencia ilícitos de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, aunque no estuvieran destinadas al tráfico, en lugares, vías, establecimientos públicos o transportes colectivos, así como el abandono de los instrumentos u otros efectos empleados para ello en los citados lugares».

Con esas dos enrevesadas fórmulas, legisladores, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, empresarios y consumidores deben de lidiar diariamente con un limbo en el que resultado muy complicado dirimir, incluso para los expertos en la materia, lo que es legal o no en lo que al consumo, tenencia o comercio de los derivados del cáñamo se refiere. Todo ello, en última instancia, deriva en situaciones muy confusas como la vivida por Francisco Gómez, gerente de E-Canna Farming, empresa a la que la Guardia Civil vincula con el mayor alijo de marihuana del mundo por una actividad que él afirma, aportando hasta 4.200 folios de documentación, que es completamente legal.

El problema no es nuevo y viene de lejos. El consumo individual de cannabis no está penado y, además, la posibilidad de una sanción administrativa decae cuando se produce en lugares cerrados. Tampoco es delictivo el cultivo si el producto se destina al autoconsumo, por lo que, en realidad, lo que realmente se persigue y se pena es tráfico de drogas, algo que se tipifica como atentado contra la salud pública.

Tal es el lío que se deriva de toda esta situación que el propio Tribunal Supremo ha fijado criterios distintos en casos que no han podido ser tipificados claramente como un atentado contra la salud pública. Así, el alto tribunal ha hecho referencia en el pasado a la condición de adictos de los consumidores, a la cantidad de cannabis que se puede considerar normal en un encuentro de consumidores o al número de personas que se dan cita en ese tipo de encuentros.

Más allá del consumo final, que ya supone un 'sapo' considerable para los legisladores, hay que sumar a esta complicada ecuación la actividad, legal a todos los efectos, de los negocios que se dedican a la venta de productos derivados del cáñamo y a todas las empresas que, como en el caso de E-Canna Farming, les sirven la mercancía.

C. M. es la propietaria de The Cannabis Shop, una empresa que cuenta con locales en las ciudades de Alicante y Benidorm. Ella misma reconoce es «complicado» y lo ilustra con su propia experiencia personal.

«Yo misma he hablado con la policía porque me ha pasado que han parado a clientes para quitarles sus productos» algo que, asegura, se produce por el propio desconocimiento de los agentes que «me dicen que es marihuana, pero no lo es. Es cáñamo. Aunque visualmente sea lo mismo, esto es CBD y tiene un uso terapéutico. Lo ilegal, es el THC, que es la droga. El cáñamo tiene el máximo legal permitido de THC, que es un 0,2 por gramo» una cantidad que ella explica que en otros países de nuestro entorno, como Francia, es mayor, llegando allí a 0,3 por gramo.

Para distinguir los conceptos, la empresaria explica que «el THC es un psicoactivo que afecta al cerebro. Es lo que te da la sensación de estar 'colocado'. El CBD afecta a nivel sensorial y la diferencia es que es un relajante muscular, analgésico y antiinflamatorio natural».

Un producto que no necesita de receta médica. «Cualquier persona puede comprar mis productos» explica la empresaria, que afirma que «tengo clientes que se han quitado la morfina tomando aceite de CBD». Y tampoco existen límites en cuanto las cantidades, aunque «se recomiendan unos límites de consumo en miligramos diarios, pero no existe un límite de compra», algo que podría ser extensivo a muchos medicamentos que se compran diariamente en las farmacias.

«Salí, les paré y me dijeron que no saben si vendemos THC… Ellos dicen que tienen la obligación de hacerlo, pero no sé hasta qué punto eso es así porque nosotros vendemos algo legal, que viene precintado y etiquetado indicando los niveles de lo que contiene», por lo que esta empresaria no entiende ni comparte esa necesidad que esgrimen los agentes de que «se lo tienen que llevar para analizarlo».

Por ello, la empresaria insiste en el «desconocimiento» como principal causa de todos estos problemas. Dándose incluso el caso, afirma, «que paré a una patrulla que me dijo que sí conocían todas estas cuestiones, pero otra lo desconocía».

C. M. lamenta que los agentes de policía paren a sus clientes nada más salir de su tienda, dándose la paradoja de que «a nosotros, en la tienda, no nos hacen inspecciones. Eso sucede en los grandes cultivos. Nosotros nunca hemos tenido ningún problema nunca en ese sentido. Nos hacen los controles rutinarios como a cualquier otro comercio y ya está».

Para ella, «mi mayor problema es lo que sucede fuera de la tienda. Que a un cliente que viene a comprar porque tiene dolor, le tengan que parar y hacer la parafernalia como si estuviera haciendo algo ilegal. Hay gente mayor que viene a comprar y no sé porqué le tienen que parar delante de todo el mundo sólo porque esté saliendo de mi tienda».

Una clientela que, según explica esta empresaria con locales en Alicante y Benidorm, se aleja mucho de lo que, quizás, la mayoría de la sociedad tiene en mente. «Tenemos muy pocos clientes jóvenes. Hay de todo: gente que le gusta fumar, pero no quiere colocarse y gente con ciertas patologías. Nuestra clientela son, sobre todo, personas de 30 años hacia arriba».

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