Eleuterio Jover. :: lv

Piden 18 meses de cárcel al alcalde de Hondón de los Frailes por prevaricación

Eleuterio Jover, del PP, se sentará en el banquillo por permitir la construcción de más de 500 viviendas en suelo prohibido al catalogarse como rústico

Luis Candela

Miércoles, 15 de junio 2016, 01:53

El alcalde de Hondón de los Frailes, Eleuterio Jover García (PP), deberá rendir cuentas por consentir, según sostiene la Fiscalía, la desmesurada expansión urbanística en parajes naturales del municipio. El regidor deberá sentarse en el banquillo de los acusados por supuestamente permitir, entre los años 1997 y 2007, la edificación de medio millar de viviendas en un suelo en el que solo podían asentarse edificaciones cuya actividad fuese la agrícola. Por ello, el Ministerio Público le reclama una pena de un año y medio entre rejas, así como una década de inhabilitación para cargo público, tal y como se desprende del escrito de calificaciones provisionales al que ha tenido acceso este diario.

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La petición de cárcel no se limita solo al máximo representante del Ayuntamiento de la localidad del Vinalopó, sino que en el banquillo de los acusados también deberá sentarse el que fuera edil de Urbanismo entre los años 2003 y 2007, José Ramón Gámez. Ambos se enfrentan a las mismas penas por la presunta comisión de un delito de prevaricación en relación con las leyes de la Generalitat Valenciana sobre suelo no urbanizable de los años 1992 y 2004.

Eleuterio Jover García ostenta desde el 17 de junio de 1995 el cargo en el que se perpetúa hasta la actualidad. Ahora, más de dos décadas despuésm deberá enfrentarse a una petición de prisión porque «a sabiendas de su ilegalidad» supuestamente permitió la construcción de las casas «sin ejercer», al igual que el concejal de Urbanismo, «la disciplina urbanística correspondiente de cuyo cumplimiento eran garantes» por su posición, según relata el representante del fiscal.

En el año 2006, este diario ya documentó los inicios de este caso de posible corrupción urbanística en el seno del Partido Popular de la provincia, tras la denuncia presentada en el año 2006. Según recogió el informe del Seprona de la Guardia Civil con relación a la expansión de las viviendas, el Consistorio solo abrió 27 expedientes de las más 500 viviendas irregulares.

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