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Un supuesto pacto entre la dueña de un 'narcopiso' y un comisario, atestados policiales con relatos de hechos que nunca sucedieron, acoso con multas e intimidaciones a vecinos, escuchas telefónicas que desvelan la comisión de varios delitos... La Operación Connivencia de la Guardia Civil ha destapado una presunta trama 'narcopolicial' en Silla tras una ardua investigación con intervenciones telefónicas y servicios de contravigilancia.
El jefe y cuatro agentes de la Policía Local de Silla cruzaron la línea roja que marca la ley. Según el atestado de la Guardia Civil, el comisario y los cuatro policías municipales asumieron funciones de Policía Judicial para llevar a cabo operativos antidroga con el consentimiento del alcalde de Silla, y también habrían realizado diligencias con exposición de hechos falsos, presuntamente, para justificar algunas de sus intervenciones. De ser cierto, el instructor de los atestados policiales podría ser acusado de falsedad documental, además del delito cometido por permitir, presuntamente, la venta de droga en un 'narcopiso'.
Como ya informó este periódico, una traficante inculpó al jefe de la Policía Local de Silla tras ser detenida por la Guardia Civil en una operación antidroga. Cuando fue interrogada por los investigadores, la mujer declaró que era confidente del comisario y que este la presionaba para que realizara pedidos de droga. Ella le facilitaba información sobre los individuos que le suministraban sustancias estupefacientes a cambio de que los policías «hicieran la vista gorda», es decir que no impidieran el trapicheo de drogas en su 'narcopiso'.
La traficante dio detalles de una reunión que habría mantenido con el jefe de la Policía Local y explicó que tuvo que dejar su teléfono móvil fuera de la habitación donde hablaron durante unos minutos. Tras tomar declaración a la mujer y otras personas arrestadas en la operación, la Guardia Civil realizó las correspondientes diligencias al considerar que estos testimonios eran suficientes pruebas de una inducción al delito. Además, las escuchas telefónicas también habían desvelado la supuesta relación entre el comisario y la dueña del 'narcopiso'.
Según las investigaciones, los funcionarios policiales habrían cometido varios delitos con gran impunidad durante varios años bajo el paraguas de los atestados falsificados y un convenio de Policía Judicial que ya no estaba vigente.
El ministro del Interior en 2010, Alfredo Pérez Rubalcaba, firmó un acuerdo para que 1.300 policías locales de siete ciudades y municipios, uno de ellos Silla, ejercieran labores de Policía Judicial, lo que supuso su colaboración con la Guardia Civil y la Policía Nacional en la investigación de delitos durante diez años.
Según informaron fuentes del Ministerio del Interior, el Ayuntamiento de Silla recibió el 25 de junio de 2023 la notificación de que el convenio había finalizado en octubre de 2020. Sin embargo, la Policía Local de Silla siguió realizando investigaciones y operativos de vigilancia, algunos de ellos con agentes de paisano y sin pedir autorización a la Delegación del Gobierno, para detener a los individuos que llevaban drogas al 'narcopiso'.
Y aunque el acuerdo de colaboración policial hubiera continuado, el tráfico de sustancias estupefaciente no estaba entre los delitos que podían investigar los policías locales. El convenio establecía los mecanismos necesarios para asegurar una mayor colaboración de las policías locales con las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado en la investigación de delitos de violencia doméstica y de género, quebrantamientos de condena, privaciones del derecho a conducir, hurtos, delitos contra la seguridad del tráfico, amenazas y coacciones.
El alcalde de Silla habría autorizado, al parecer, que los policías locales vistieran de paisano en algunos servicios, pero niega cualquier implicación en el supuesto pacto entre la dueña del 'narcopiso' y el comisario. Tras saltar el escándalo, muchos vecinos desconfían de los agentes municipales. Dos de ellos fueron vistos el viernes sin uniforme cuando circulaban con un Audi por una calle de Silla.
Las escuchas telefónicas de la Operación Connivencia también destaparon el hostigamiento que sufrieron dos vecinas por criticar al alcalde en las redes sociales y los plenos. El primer edil y diputado socialista Vicente Zaragozá ordenó al jefe de la Policía Local, presuntamente, que multara a una mujer «hasta que le duela», y mandó identificar a otra vecina para intimidarla, según las investigaciones de la Guardia Civil.
Las órdenes que recibieron los policías fueron claras, algunas de ellas con frases ofensivas que atentan contra la dignidad de las dos mujeres, pero Zaragozá niega haber ordenado que intimidaran a una vecina, y asegura que tampoco instó al comisario a multar a otra mujer cuyos comentarios también le habían molestado.
Como una de estas personas no tiene carné de conducir, su hijo se habría convertido en la víctima del supuesto acoso, según las investigaciones. Los policías locales identificaron al joven en una veintena de ocasiones en controles rutinarios o cuando se cruzaban con él en la calle, y lo sometieron a pruebas de alcoholemia y test de detección de drogas. Tras ser multado cuatro veces en poco tiempo, el chico ya no vive en Silla. Tiene miedo a la Policía Local y al alcalde.
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Almudena Santos y Leticia Aróstegui
Josemi Benítez
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