Buscados vivos o muertos hasta los 110 años

Hay angustias que son eternas. Como la de Isabel Martínez. Jubilada, vecina de Alicante, de 72 años y madre de un único hijo al que la tierra parece haberse tragado. Félix José Esquerdo Martínez tenía 34 años cuando desapareció en octubre de 2020, en plena pandemia. Había quedado con unos amigos a los que conoció por internet para una excursión por la montaña alicantina. Y hasta la fecha. Ausencia.

«Está todo metido en un cajón. Lo buscaron unos días y punto y pelota. La Policía me dijo que creen que es una desaparición voluntaria, pero jamás lo han localizado ni me han dado pruebas. Hace dos meses me presenté en la comisaría. Y lo mismo de siempre, que si saben ya me dirán. Me siento abandonada y creo que se puede hacer más», lamenta la afligida madre.

Este sábado 9 de marzo se celebra en España el día de las personas desaparecidas sin causa aparente. Esta realidad tiene hoy sumidas en la incertidumbre a decenas de familias de la Comunitat. En 44 de los casos, los rostros de sus seres queridos aparecen en los carteles de búsqueda del Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES). El más antiguo en difusión es el de la joven Gloria Martínez, que desapareció en extrañas circunstancias en Alfàs del Pi en 1992. Pero hay más. La última foto fija de Interior sobre el problema cifraba en más de 500 los casos activos de personas desaparecidas en la Comunitat al término de 2022.

Gloria tenía 17 años cuando se perdió su rastro. Hoy tendría 49 años y su expediente policial seguirá vivo hasta 2085, si antes no se localiza viva o muerta. Ese es el plazo de prescripción que marca el protocolo de actuación de las Fuerzas de Seguridad ante casos de personas desaparecidas: 110 años. «Judicialmente, sin embargo, la existencia de pruebas o la ausencia de un culpable conlleva el archivo del caso», matiza Paco Lobatón, periodista y vicepresidente de QSD Global, entidad que aglutina a familias en toda España.

¿Por qué 110 años? «Es la edad de un desaparecido a la que se considera casi imposible por razones naturales su localización con vida», detalla el documento estatal. Si bien cesa la búsqueda a nivel policial, la ficha de desaparición se mantiene insertada dentro de la base de datos de Personas Desaparecidas y Restos Humanos (PDRH).

Al fin y al cabo, una desaparición puede ser, en muchos casos, la victoria de un asesino impune que se ha deshecho del cuerpo. O de un sustractor de menores. De hecho, nueve desapariciones activas en la Comunitat a finales de 2022 se consideraban «forzosas». Son las «basadas en un hecho delictivo o actividad criminal», según el protocolo.

«La búsqueda de una persona desaparecida no tiene fecha de caducidad», destacan desde la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia. Y cuando el caso se atasca, «los esfuerzos se centran en la obtención de algún dato que permita abrir una nueva vía» de investigación. Ni siquiera cesa cuando hay archivo judicial, insisten.

Una de las novedades que estudia Interior es la revisión por equipos nuevos de las desapariciones de larga duración. Es decir, repasar los casos con una «mirada inédita» a través de la cual abrir «caminos de búsqueda alternativos», según la agrupación de familias.

Según denuncia QSD Global, «son muchos los casos que se archivan en los juzgados y a veces en plazos muy cortos, incluso a las 24 horas». Para las familias es sinónimo de «carpetazo y mazazo emocional». Los archivos son «muy duros por el temor a que conlleve la paralización del trabajo policial». Entienden que sería más digno «una paralización en espera de pruebas o pistas sobre el paradero del desaparecido».

Demandan, igualmente, que se apruebe el estatuto de la persona desaparecida, «una ley que alivie las necesidades de las familias y ayude más a los investigadores y a quienes llevan las diligencias en los juzgados». La sensación de los afectados es que se ha avanzado, «pero queda mucho por hacer», pues «son miles las familias que están rotas por no saber nada de su ser querido».

Para la madre de Marta Calvo, Marisol Burón, la condena es doble: la justicia ya ha probado que su hija fue asesinada por un desalmado que también arrebató la vida a otras dos mujeres. Sin embargo, aún lucha para que se imponga al autor la prisión permanente revisable, asunto en manos del Supremo. Y, lo más doloroso: no ha podido enterrar a su hija. Técnicamente, sigue desaparecida desde el 7 de noviembre de 2019. Los investigadores jamás creyeron la versión del homicida de que descuartizó a la joven en Manuel y repartió sus restos por contenedores.

Marisol tuvo su último encuentro con un mando de la Guardia Civil hace dos meses. «No tengo queja de su esfuerzo», resalta. «El mensaje que me trasladan es que han agotado todas las posibilidades, pero no van a dejar de buscar a mi hija». Si bien han llegado a un punto de estancamiento, «permanecen atentos a cualquier nueva pista». Desde la Benemérita lo ratifican: «La localización del cuerpo de Marta Calvo no está concluida y cualquier nuevo indicio es estudiado hasta el final».

La madre es consciente de la buena voluntad de los investigadores y reproduce, textualmente, una de las frases de dicho mando: «Hemos hecho lo habido y por haber, hemos movido Roma con Santiago. Para ti es terrible no saber dónde está tu hija, pero para mí también lo es no poder entregártela». Como último recurso, Marisol entiende que una mayor presión judicial sobre la madre del sospechoso, con el que estaba muy unido, «podría ayudar a que el asesino revelara dónde escondió el cuerpo, pero ella ha quedado impune».

Hasta 2029 Marisol no podrá dar por fallecida a su hija a efectos administrativos. Y considera «una vergüenza la pena máxima de sólo dos años de cárcel» para aquellos delincuentes que ocultan un cadáver, conducta que puede estar detrás de muchas desapariciones en España. Estos casos deleznables «merecen la mayor dureza, la prisión permanente revisable». Y lo zanja con una reflexión: «Quienes legislan deberían pensar como padres, antes que como políticos».

La de Andrés Mora es una de las desapariciones más desconcertantes en la historia reciente de Valencia. El joven estudiante de Informática dejó la carrera y se fue a vivir con dos conocidos y un colega del colegio en el barrio de Ayora. Era el inicio de su independencia, que coincidió con el arranque de un trabajo en una empresa de seguros.

A la memoria de Amalia Toledo, su madre, regresa esa última conversación: «Estaba decaído porque no se sentía bien con el empleo. Le dijimos que no estaba obligado a seguir, que volviera a su hogar...». Pero regresó al piso compartido y, desde entonces, su familia no sabe de él. Fue el 2 de febrero de 2012 cuando denunciaron la desaparición de Andrés. «No respondía al teléfono móvil. Preguntamos a sus amigos y nos dijeron que no estaba allí ni sabían de su paradero«. En aquel piso estaba su ropa, las llaves o los 50 euros que le habían dejado.

El caso acabó en manos de la Brigada de Homicidios de la Policía Nacional. «Investigaron a conocidos, a los compañeros de piso, pero no encontraron indicios criminales». Los amigos dijeron que había salido del piso por el barrio de Ayora y pensaban que se había marchado con su familia. «Hubo algunas declaraciones contradictorias, pero nada de peso para relacionarlos con la desaparición», describe Amalia.

La hipótesis inicial de la Policía fue la de una desaparición voluntaria, pero eso no ha convencido a la familia. «Ni lo han podido comprobar, ni se comportaba como para hacer algo así con sus padres. Nosotros pensamos de todo: desde una secta, a que esté desorientado, que alguien lo haya podido llevar a su terreno con intereses que no sabemos...», baraja la madre. Ella está convencida de que su ordenador y su móvil «se podría haber analizado desde el inicio y no se hizo».

El caso sigue abierto por la Policía y en un juzgado de Valencia, «pero entró en un punto muerto diez años después». El último contacto con el inspector al cargo fue «hace dos meses». Y se llevó una respuesta sincera: «Me dijo que no hay de donde tirar y no había nada nuevo. Y si había alguna pista me diría hasta donde fuera posible». Han pasado doce años y la familia de Andrés podría ya registrar su fallecimiento a efectos administrativos. «Pero me resisto a dar ese paso. No acepto esa posibilidad. Es demasiado duro».

La Policía Nacional asegura que el caso «sigue abierto, al igual que el resto de desapariciones», sin aclarar de cuándo datan las últimas gestiones. Amalia, casada y madre de otro hijo, asegura que desde que perdió a Andrés no ha vuelto a saber «lo que es la alegría».

El rastro de Pascual Robledillo se perdió el 14 de septiembre de 2020 en Picanya. Tenía entonces 42 años y su búsqueda policial, en manos de la Guardia Civil, se prolongará hasta el año 2092, con arreglo al protocolo estatal ante desapariciones.

Estaba divorciado y es padre de un hijo de 13 años. En la fecha de su desaparición vivía con sus padres en Paiporta. Así lo recuerda su hermana, María Ángeles: «En pandemia, con las primeras salidas tras el confinamiento, se aficionó a correr». Es lo que hizo aquel día. Salió con un móvil y la ropa deportiva. Como no regresaba, su madre le llamó a las 13 horas. «Me he perdido», respondió una voz. «¿Pero dónde estás?». «En Picanya». Fin de la conversación. La conexión se cortó, volvieron a llamarle y nunca más supieron de él. «Y no tenemos claro del todo que fuera él quien contestó».

Hubo rastreos, por tierra y aire, sin resultado. Ese móvil se quedó sin batería a las 19 horas. Pero no apareció Pascual, ni el celular, ni su ropa. «Nada». Con el paso del tiempo, la hipótesis de una caída, infarto o problema de salud se ha desvanecido.

El caso está en manos de la Guardia Civil de Alfafar. «Ya pensamos en algo criminal», baraja su hermana. Pascual «había sido citado para testificar en juicio como víctima de una agresión tres años antes en Paiporta. Dos personas muy agresivas le dieron una paliza porque le culpaban del robo de un teléfono móvil», revela María Ángeles.

A esos vecinos «los investigaron en su momento y no pudieron establecer pruebas incriminatorias». Ahora «el asunto ha entrado en punto muerto». Transcurrido tanto tiempo sin un hallazgo del cuerpo, «empiezan a descartar la causa natural o el accidente y ya piensan que alguien le hizo desaparecer. ¿Quién? No lo saben».

«Una vez al mes», ahonda la hermana, «llamamos por teléfono a la Guardia Civil para que no olviden el caso. Muy educadamente, nos dicen que si no nos avisan es que no hay nada nuevo. Lo comprendemos, pero no podemos dejar de insistir. Una familia necesita respuestas».

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