La ZAL, tres décadas de lucha vecinal

El giro de guion por la decisión del Gobierno de ubicar en la ZAL la llamada Ciudad de la Industrialización de la Construcción ha reabierto muchas heridas entre los afectados por las expropiaciones, un total de 197 familias que vivían en la zona de huerta y alquerías que ahora es un conjunto de solares y calles.

Una herida difícil de cerrar porque, como dice Mireia Vidal González, presidenta de la asociación de afectados, «para cerrar una herida, lo primero que hay que hacer es pedir disculpas y nadie lo ha hecho con nosotros, ningún Gobierno ha hecho ningún acto ni nada por el estilo para pedirnos perdón», destaca tras conocer la noticia de lo que pretende hacer ahora el Ejecutivo.

La ZAL forma parte de la historia de Valencia y de una reivindicación vecinal. El 14 de abril de 1994, Rita Barberá, Joan Lerma y Fernando Huet firmaron el acuerdo para impulsar una zona logística colindante a los muelles portuarios. Se haría en terrenos agrícolas y afectaría a numerosas viviendas.

A partir de ahí comenzó una historia de enfrentamientos que atascaron el proyecto, aunque la opinión de Vidal González es que se trató de una «guerra de desgaste; la Administración no tenía prisa y nosotros teníamos que pagar a los abogados porque nunca les condenaban en costas».

La presidenta vecinal recuerda que estos años han ganado 15 contenciosos, pagados del bolsillo de los afectados. Finalmente, una sentencia del Tribunal Supremo dio la razón a la Administración, lo que permitió al ayuntamiento conceder las primeras licencias de obras a MSC en abril de 2024.

Fue el colofón a tres décadas de enfrentamientos, recursos judiciales, protestas con afectados subidos a los tejados de sus casas, demolición de las alquerías y eliminación de los terrenos agrícolas por la reurbanización completa de la Zona de Actividades Logísticas. Y como guinda, la decepción que sufrieron tras las palabras del exalcalde Ribó en marzo de 2019, cuando dijo que era «imposible» recuperar esas parcelas debido a todo el material de construcción colocado encima.

«La campaña electoral de Compromís fue que se recuperarían los terrenos y mucha gente hizo campaña por eso a su favor. Nada más llegar al gobierno, lo primero que hicieron fue cambiar de opinión», recuerda Vidal González, quien precisa no estar de acuerdo con esa conclusión: «Ha habido proyectos en otras autonomías como Cataluña y Extremadura de recuperación de áreas industriales, se ha hecho sin problemas. Nos parece un discurso que hacen para intentar anular cualquier otro», afirma.

El Tribunal Superior de Justicia anuló el Plan Especial de 1999 que permitó el primer proyecto de la ZAL porque faltaba un informe de la Demarcación de Costas. Se incluyó el trámite pero en 2015 fue anulado debido a más errores en el procedimiento. Tras eso, el Consell del Botánico hizo una serie de cambios en el diseño de las instalaciones (zonas verdes, algún carril bici), con el fin de intentar convencer de la bondad de la iniciativa.

No fue suficiente, dado que el Tribunal Superior de Justicia lo volvió a tumbar hace tres años, aunque después fue rectificado por una sentencia del Supremo. Todo un itinerario judicial que no ha acabado, debido a que sigue vivo un recurso de la asociación Per l'Horta que debe ser fallado en última instancia por el alto tribunal.

«Perdimos el último contencioso y el Supremo le dio la razón a la Administración en una sentencia política donde se nos da la razón hasta la página 33 y a partir de ahí da un giro para decir que aunque tenemos la razón como ya se ha hecho pues… la política de hechos consumados». A su juicio supone «un escándalo porque no se paralizaron las obras y luego la sentencia es favorable porque ya se ha obrado; la conclusión es que no hay justicia».

La empresas estatal SEPES construyó una promoción de adosados en La Punta para los afectados, aunque no para todos. Las casas están pegadas a la valla de la ZAL y en una de ella reside la presidenta de la asociación, al heredarla de sus padres. «Cuando paso por allí, después de los años que han pasado, sigue habiendo dolor aunque algo más sosegado», indica.

La segunda fase de viviendas para los expropiados «jamás la hicieron y muchas familias no pudieron volver. Los solares están ahí», señala. Para la adjudicación de las casas se hizo un sorteo en un bombo. «Se sorteó el derecho a comprarla y quien tuvo el dinero pudo hacerlo. Todo el mundo tuvo que hipotecarse», concluye.

«Pagamos las casas a 128.500 euros a precio de 2004 en plena burbuja inmobiliaria, mientras que las casas expropiadas y las parcelas lo fueron a precio rústico, tuvimos que ir a varios recursos y juicios para conseguir una retasación del suelo pero nunca por la edificación», critica.

En el caso de su familia, por la propiedad no llegaron a cobrar ni cien mil euros. «Mis padres tuvieron que pedir un crédito, al estar separados al morir ambos quedaron 33.000 y 15.000 euros de hipoteca, que las heredamos nosotros».

Vidal González tenía sólo 13 años cuando tuvo que dejar su casa en 2002, aunque asegura convencida de que es la «historia que más ha marcado mi vida. A todas las familias les ha afectado. Ahora sólo queda esperar lo que ocurra con el recurso de Per l'Horta. «Presentó otro contencioso que no se ha resuelto, les dijeron otra cosa que a nosotros y vuelve a estar en manos del Tribunal Superior de Justicia. Tiene que volver al Supremo», indica.

La expropiación sufrida por muchos vecinos en La Punta no fue la única. «No es una leyenda urbana, es una realidad porque varios expropiados por la ZAL también fueron perjudicados por expropiaciones para un aparcamiento en la playa de Pinedo, junto al autocine, o en unos terrenos en El Realón, donde está la planta de agua potable. También por la autovía de El Saler», desgrana acerca de los problemas de los agricultores para mantener sus propiedades.

En su caso, se dedica a la venta de fruta y verdura en puestos de los mercados de Algirós y Cabanyal, además de tener unas tierras de cultivo en Utiel. Se muestra convencida de que muchas familias querrían volver a La Punta si se hace la segunda promoción de viviendas. «Muchas familias quedaron dañadas económicamente y una casa es un bien», dice. Las que se hicieron hace años tienen 90 metros cuadrados en dos plantas, así como un patio trasero que no es propiedad de los vecinos al ser considerado un suelo de reserva.

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