Lo que viene con la ley Celaá

El documento que definirá la política educativa de los próximos años (no se sabe si muchos o pocos vistos los antecedentes de otros textos legales) llega con muchas controversias, acusaciones y la inestabilidad propia de la época de pandemia.

Las familias consideran que se ha impulsado la aprobación de una ley tan importante en una época de inestabilidad máxima con el Covid 19 de por medio y lamentan que se les haya excluido en el proceso. Las familias señalan que esta exclusión «tiene sentido porque no hay lugar para nosotros en la nueva ley».

En paralelo al debate de la nueva ley se ha iniciado una campaña de movilizaciones en las redes, con recogida de firmas y con las concentraciones que permita la pandemia. El lazo naranja es el nuevo símbolo de la campaña 'Más plurales, más libres, más iguales' impulsado desde la enseñanza concertada.

La posible presencia de un representante del Ayuntamiento en el Consejo Escolar de todos los centros se considera como una interferencia en el ideario de cada colegio. Además, la 'zonificación' de los municipios y ciudades y la creación de las diferentes áreas de influencia se realiza «oídas las administraciones locales».

El texto contempla un concepto de inclusión que se ve como 'radical' desde algunos ámbitos, lo que podría conducir a la desaparición de los centros de educación especial en contra de las familias a pesar de contar con un alto grado de satisfacción. Piden una dotación de recursos suficiente para poder atenderlos en los centros ordinarios y en los colegios de educación especial.

Una de las críticas a la ley es que no fomenta el esfuerzo entre los alumnos. Con dos asignaturas suspendidas se podrá pasar de curso y se incluye la excepción a esta regla para la promoción cuando el equipo docente «considere que la naturaleza de las materias no superadas le permita seguir con éxito el curso siguiente, se considere que tiene expectativas favorables de recuperación y que dicha promoción beneficiará su evolución académica».

Padres y educadores que defienden el derecho a recibir la enseñanza de sus hijos en castellano advierten de que no se garantiza el mismo, sino que en el texto se ha optado por una «redacción ambigua». «No es tanto lo que dice como lo que deja de decir y esta ambigüedad podría tener recorridos muy dispares», advierten.

Los impulsores de la campaña contraria a la ley Celaá sostienen que la asignatura de religión vuelve a quedar postergada: «Sin alternativas y sin efectos en la evaluación. Uno de los objetivos tradicionales de los gobiernos de izquierda es su opción por el laicismo activo, como ideario de la educación, y con esta Ley lo quieren aplicar incluso en los centros que no son de su titularidad».

El proceso de admisión para los centros educativos incluye un aspecto que hasta ahora no se había valorado para decidirse por uno u otro alumno en caso de falta de plazas suficientes: el alumnado nacido de parto múltiple se podrá ver beneficiado. Las familias numerosas, por su parte, piden tener ventajas en este aspecto por su condición.

La ley plantea que una actividad complementaria (las que se consideren necesarias para el desarrollo del currículo) deberán programarse de forma que no supongan, apuntan, una discriminación por motivos económicos. Desde los centros se considera que este punto es un ataque hacia su autonomía.

Escudriñando entre las aportaciones que los diferentes grupos realizan en forma de enmiendas se puede encontrar la petición de Compromís de que la enseñanza básica se prolongue hasta los 18 años con la presencia mixta en las empresas y las aulas entre los 16 y los 18. También llaman la atención las aportaciones de Podemos para que solo maestros impartan infantil y para que se cree un Grado en Educación Secundaria.