Los barrancos siguen llenos de coches de la dana siete meses después
El decreto del Gobierno obliga al propio Gobierno a retirar los vehículos de los cauces mientras 130.000 automóviles ya están en desguaces
Hace tiempo que las montañas de chatarra abollada, cristales rotos y neumáticos destrozados que trajo consigo la riada del pasado 29 de octubre pasaron a formar parte de las peores páginas de la historia de la Comunitat, salvo en algunos municipios como Albal donde el Ayuntamiento optó por descontaminar y achatarrar in situ los vehículos. Desde hace meses, la inmensa mayoría del parque móvil afectado por la dana desapareció de las calles y solares de acopio para ser trasladados a los desguaces de toda España. Sin embargo, y pese al avance de la reconstrucción, todavía no se le ha conseguido dar carpetazo a este asunto. El último reducto de esta problemática se aprecia en los cauces de algunos barrancos en los que todavía hay vehículos que fueron arrastrados durante la catástrofe y, más de medio año después, aún no han sido retirados.
La responsabilidad en materia competencial qué administración debía hacerse cargo la retirada de los coches siniestrados fue una de las fricciones entre el Gobierno central y la Generalitat al inicio de la recuperación. Un paseo por las inmediaciones de las ramblas y barrancos que el 29-O sembraron el terror sirve para demostrar que este problema sigue latente. Casi siete meses después se puede observar cómo algunos turismos siguen en esta situación, especialmente en los afluentes del Poyo. LAS PROVINCIAS ha recibido imágenes recientes que demuestran el abandono de estos vehículos en la rambla de Chiva.
La cronología de los hechos empezó cuando la Conselleria de Medio Ambiente autorizó ampliar la capacidad de los desguaces de la Comunitat mediante una resolución emitida el 31 de octubre, dos días después de la catástrofe, «para facilitar la gestión urgente de vehículos siniestrados». Desde el área de Vicente Martínez Mus sabían que su medida caería en saco roto si el Gobierno no aprobaba una norma que permitiera considerar administrativamente los coches destrozados como residuos municipales. No obstante, no fue hasta un mes después cuando el Ejecutivo promulgó por fin el decreto que facilitaba el traslado exprés de los vehículos a los centros autorizados de tratamiento.
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El Decreto-ley 8/2024, de 28 de noviembre, que venía a poner sobre la mesa una serie de medidas complementarias del plan del Gobierno para la reconstrucción, recoge en su disposición adicional décima que las distintas administraciones públicas serán las competentes de la retirada y depósito de los vehículos destrozados «en función de la ubicación de los vehículos afectados por la dana». De hecho, la norma cita expresamente los cauces como uno de los lugares de los que se debía quitar la chatarra.
¿Pero qué administración es la encargada de la limpieza del lecho de ríos, barrancos y ramblas? El Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) expone en su página web que de acuerdo con el texto refundido de la Ley de Aguas el dominio público hidráulico está compuesto por los cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas, los lechos de lagos y lagunas y los de embalses superficiales en cauces públicos, salvo en algunas excepciones en los que atraviesan la propiedad privada. En el caso de la Comunitat, el organismo competente en la materia es la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).
Desde Medio Ambiente se calcula que el Consell, en colaboración de los ayuntamientos pues según el decreto gubernamental les competería a los consistorios acometer la retirada de los vehículos, ha trasladado 130.000 vehículos a desguaces hasta la fecha.
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