Botánico II: Dos años de gestión en blanco

Ya hace dos años. Ximo Puig anunció a principios de marzo de 2018 que adelantaba por vez las elecciones autonómicas. Fueron sólo unas semanas, pero el desencuentro con Mónica Oltra que supuso la medida ha acabado teniendo réplicas a lo largo de esta primera mitad de legislatura. El Botánico II ha tenido que hacer frente durante buena parte de estos 24 meses a la crisis sanitaria, social y económica generada por la pandemia. Y lo ha hecho con un creciente grado de fricción interna -la ampliación norte del Puerto es el último ejemplo-, con causas judiciales que afectan a sus máximos responsables y con una situación financiera que presenta los mismos índices de asfixia que hace pocas fechas. Síntomas de agotramiento político en una coalición que ha fiado al socorro de los fondos europeos de reconstrucción sus expectativas de recuperación. Y que ha tenido que guardar en el cajón otras iniciativas, como las vinculadas al cambio de modelo económico, arrastrado por una crisis que, en 2022, aún puede manifestarse con más virulencia.

La legislatura de las prometía felices para el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, tras haber ampliado su mayoría parlamentaria y dentro del Consell, y una perspectiva de estabilidad económica por delante que iba a suponer la consolidación de su proyecto político. Sin embargo, elementos ajenos al devenir de la política (la meteorología primero y una pandemia mundial, después) acabaron por convertir a Puig en un gestor de catástrofes, sin otro cometido que el de ir poniendo parches en todos los agujeros que las inclemencias hacían a su hoja de ruta.

Puig soñaba con una legislatura tranquila, con paz social, una reforma de la financiación, unos socios debilitados y el control sobre algunas de las consellerias que iban a resultar clave en los siguientes cuatro años. Pero lo cierto es que el balance no puede ser más tibio, 24 meses después. Los primeros meses se emplearon en diseñar y completar el organigrama de la Administración, hasta que llegó la DANA en septiembre, la tormenta Gloria poco después y la pandemia, en marzo del siguiente año. Por el camino, numerosas disputas con sus socios a cuenta de cualquier decisión, los problemas judiciales de las productoras asociadas a su hermano por recibir ayudas públicas y unas tensas relaciones con Moncloa a cuenta de la gestión de algunas decisiones durante la pandemia.

Entretanto, Presidencia ha visto reforzado su control del Consell, con la intervención directa sobre las consellerias de Hacienda y de Sanidad, y Puig ha terminado de emerger como barón socialista gracias a sus numerosas intervenciones en medios nacionales. Unos titulares que, sin embargo, también generan ya los primeros dolores de cabeza.

La Comunitat lidera en España la incorporación al sistema de dependencia. La conselleria de Oltra ha aprobado un plan de recursos sociales con una inversión prevista de 561 millones (3.500 empleos directos y 6.600 plazas públicas). El gasto de esa conselleria se ha incrementado y consolidado. La letra pequeña señala problemas de funcionamiento. La sentencias relativas a la gestión de los centros de menores muestran un engranaje endeble y burocratizado, frágil. En materia de Igualdad, el mestizaje en la conselleria ha resultado un fracaso. Esa desconexión con consellerias como Hacienda (en materia presupuestaria) o Sanidad (para coordinar la medicalización y vacunación en las residencias) ha generado serios problemas. Los fallos del sistema afectan a personas tan vulnerables que eclipsan las grandes cifras.

La vicepresidencia segunda y Conselleria de Vivienda fue uno de los departamentos de nueva creación en la segunda legislatura del Botánico. El arranque del equipo de Rubén Martínez Dalmau ha sido complicado y scon numerosos cambios en su equipo a lo largo de etos 24 meses, lo que ha retrasado sus apuestas. En los últimos meses se ha mejorado algo la situación y ya hay una apuesta más definida para ampliar el parque público de vivienda y se ha asentado el polémico decreto de tanteo. Eso sí, desde la oposición se le achaca que se abusa de la compra directa a golpe de talonario en vez de por una estrategia más definida a largo plazo.

Dos asuntos capitales han marcado el último año. Por un lado, el teletrabajo. Las tesis de Bravo, partidaria de la presencialidad y con cierta desconfianza al trabajo desde casa, se han topado con la oposición de los sindicatos, de Compromís y también de la Abogacía, que frenó el decreto que iba a restringir las posibilidades de trabajar desde casa. El otro asunto, todavía en el aire, es el requisito lingüístico. La Ley de Función Pública salió adelante, pero será el reglamento el que determine si a los sanitarios, por ejemplo, se les exige el valenciano para trabajar.

La de Carolina Pascual estaba llamada a ser una de las joyas de la corona del Consell. La Conselleria de Innovación y Universidades representaba la apuesta de Puig por la modernidad y una pica en Alicante para ganar peso institucional y orgánico. Pero el departamento no ha despegado, más allá de la concesión de subvenciones y los problemas con el convenio de universidades. Pascual tampoco es persona clave en la vida alicantina, y la directora general de Análisis (Presidencia) ya le gana terreno como apuesta política del Consell en la capital del sur.

Los primeros dos años de legislatura han servido a la conselleria de Economía para desbloquear dos grandes proyectos que estaban pendientes del pasado. El equipo liderado por Rafael Climent consiguió desbloquear el plan de comercio que limita grandes centros comerciales tras pactar con los supermercados y en pocos días espera aprobar la nueva estructura de Feria Valencia.

Otro hecho que ha marcado esta primera mitad de legislatura es la imposición de una multa de 43.000 euros desde la conselleria de Economía a Francis Puig, el hermano del jefe del Consell, por pactar precios en un concurso de corresponsalías de À Punt.

Si la consellera Ana Barceló tenía un plan para el área de Sanidad, el coronavirus lo hizo añicos. La alicantina cayó en uno de los departamentos menos agradecidos del Consell con la reversión de hospitales como uno de los temas estrella. No tuvo ni un año para asentarse en Micer Mascó porque la bomba biológica del Atalanta-Valencia convirtió a la Comunitat en el epicentro de la pandemia en España al inicio de la primera ola.

En una situación como esta, flotar ya puede considerarse un éxito. Estuviera quien estuviera al frente de Sanidad la crítica estaba asegurada.El virus estalló y empezó una carrera hacia lo desconocido. La Comunitat surfeó la primera ola con cierta soltura y el espejismo de otoño fue la trampa para cometer el error de querer salvar la Navidad. Hubo un exceso de confianza por los buenos datos en comparación con el resto de regiones y la falta de medidas convirtió la Comunitat en el foco de la pandemia y en la morgue de España. Aquel error trajo más firmeza en las medidas y en este momento se vive cierta calma a la espera de la cuarta ola. A Barceló hubo que echarle una mano y retirar funciones a su departamento para crear comisionados, como el de la compra de material sanitario. La falta de pruebas PCR, el dudoso y millonario gasto en los hospitales de campaña -16 millones de euros- y las reuniones, junto al presidente de la Generalitat, con AstraZeneca y Janssen han generado polémicas con mucho ruido. A su favor, que es difícil que se pueda hacer mejor en una situación desconocida y devastadora. El virus ha afectado como persona a Barceló, que siempre ha dado la cara. El plan de vacunación es el gran reto de la Generalitat a corto plazo.

La ley estrella, la de Cambio Climático, sigue todavía en fase de anteproyecto y ante los retrasos los grupos que sustentan al Botánico en Les Corts han impulsado al margen de la conselleria la de Economía Circular. Sigue pendiente una política forestal eficaz consensuada con el sector y no se ha dado ningún paso para solucionar la situación de la Albufera.

Los agricultores echan en falta la aplicación de la ley de estructuras agrarias. Además, no se están adoptando soluciones para paliar el problema de la sobrepoblación de especies como jabalíes, cabras o conejos que dañan los cultivos. Otro de las preocupaciones es la proliferación de plagas. El sector observa también con temor la negociación de la nueva PAC y cree que desde la conselleria no se ha garantizado la continuidad de las ayudas a la ganadería o el arroz.

Un vistazo a los objetivos del seminario de Ayora permite comprobar que el también conseller de Obras Públicas hace los deberes y ya están en marcha el estudio sobre el transporte ferroviario de mercancías en la Comunitat o la Agencia Valenciana del Territorio. Los proyectos de FGV van avanzando (prolongación a Ribarroja, duplicar la línea 2) así como las obras de la línea 10. Sin embargo, uno de los 'debe' es aumentar la plantilla de FGV como piden sindicatos, la integración tarifaria del transporte metropolitano, el Plan de Movilidad Metropolitano de Valencia (que ha generado un enfrentamiento con el alcalde Joan Ribó), así como despejar las incógnitas del Pativel, tumbado por el TSJ. También más insistencia en reivindicar proyectos pendientes del Ministerio de Transportes como las mejoras en el by-pass o el AVE regional

Las grandes medidas en materia educativa apenas han avanzado. La promesa de que todas las plazas de dos años en guarderías serán gratuitas al final de la legislatura sigue sin madurar, no se ha podido ni redactar la Ley Valenciana de Educación -a la espera de aprobar y desarrollar la Lomloe estatal- y tampoco hay novedades sobre cuestiones organizativas de los centros, como asumir, desde Educación, la gestión del personal que depende de Función Pública, como conserjes o educadores, para agilizar la cobertura de estas plazas. La mejora de las infraestructuras escolares ha cogido ritmo, pero siguen pendientes una decena de colegios íntegramente en barracones. Y aunque Edificant parece despegar, su ejecución deja que desear: 14 millones en 2019 y 55 en 2020 sobre una inversión anunciada de más de 300 millones.

Septiembre de 2019. El conseller de Hacienda, el veterano Vicent Soler, anuncia que deja el escaño de Les Corts. La decisión sorprendiócasi tanto como la justificación: centrarse en la negociación de la inminente reforma del sistema de financiación autonómica. En pocos meses se cumplirán dos años de aquel anuncio. Y de la reforma de la financiación se sabe más o menos lo mismo que entonces. Que se quiere hacer, que el Gobierno tiene que presentar su propuesta -ahora se asegura que a lo largo de este 2021-, que la Comunitat Valenciana está infrafinanciada y que el Consell... se ha quedado colgado de la brocha con su vieja reivindicación. Sin reforma de la financiación, con una deuda que encara los 51.000 millones de euros y casi el 50% del PIB, con la liquidez que aportan los préstamos que llegan desde el Gobierno central, el balance de los dos años de legislatura en materia financiera arroja los mismos datos preocupantes que la legislatura anterior. Y el mismo éxito, ninguno, con la que fue la principal bandera política del Botánico durante la primera legislatura. O como mínimo, mientras fue Mariano Rajoy al que trasladarle la presión por la falta de fondos. Los planes de reconstrucción de la UE por la pandemia se perfilan como el único recurso a la vista para recuperar cierta salud financiera.

Soler dirige la conselleria responsable de las cuentas autonómicas, un regalo envenenado sometido a permanente desgaste y con escasas alegrías. El titular de Hacienda (71 años) figura en todas las quinielas como unas de las posibles salidas en caso de remodelación en el Botánico, incluso a pesar de mantener una relación con Puig que supera la de la complicidad política.

La conselleria pone en valor la puesta en marcha de portales de participación y transparencia, las ayudas de acción humanitaria, exhumaciones y la inclusión de una partida (115 millones) participativa en los presupuestos de 2022. En el debe de la Consellería queda el modo en que Transparencia ha quedado relegada de un papel estrella en la anterior legislatura a un espacio residual. La consellera se dejó arrebatar la Inspección General de Servicio, que ahora vegeta en Justicia, mientras que el Consejo de Transparencia está seriamente descontento de cara una reforma que divide al tripartito.