La nueva tasación valora en 1.023.320 euros las joyas de Zapatero

El nuevo dictamen, adelantado por El Español, y encargado por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, cuestiona especialmente la ausencia de documentación que permita acreditar la procedencia de las alhajas. Los especialistas consideran «incoherente» que joyas de semejante valor no estén acompañadas de sus estuches originales, certificados de calidad y otros elementos que faciliten su identificación.

«Cuando se adquieren este tipo de joyas, se hace en joyerías conocidas, con certificaciones, con estuchería y con marcas trazables que identifiquen al fabricante y a la firma comercial», señala el informe, que también llama la atención sobre las condiciones en las que se encontraban guardadas las piezas.

Yanes introduce, además, una consideración sobre su posible procedencia geográfica. Los especialistas apuntan que las joyas «pudieran haber sido fabricadas en India, Tailandia, China o países de Asia central». Esta estimación sobre el lugar de fabricación no permite establecer por sí sola quién las adquirió ni cómo llegaron a manos del expresidente.

El informe supone un nuevo capítulo en la intensa batalla judicial que mantienen Zapatero y el magistrado Calama desde que la Policía encontró las alhajas el pasado 19 de mayo, durante el registro de su oficina de la calle Ferraz de Madrid, practicado dentro de las pesquisas sobre el rescate público de 53 millones de euros a Plus Ultra.

La primera valoración, encargada a la casa de subastas Ansorena, fijó el precio de reposición del conjunto en 1.323.915 euros. Aquel cálculo, remitido al juzgado en junio, precipitó la apertura de una pieza separada para investigar posibles delitos contra la Hacienda Pública y de contrabando.

Entre los objetos intervenidos destacan tres juegos de joyería, compuestos por rubíes, esmeraldas y zafiros, cada uno integrado por collar, pulsera, sortija y pendientes. Son doce piezas de oro blanco de 18 quilates y diamantes que, según la propia defensa de Zapatero, concentran más del 90% de la valoración inicial. Los otros 67 objetos tienen una importancia económica muy inferior.

El expresidente rechazó desde el principio las conclusiones económicas de Ansorena. Sus abogados sostuvieron que la tasación estaba muy por encima del valor real de las joyas y recordaron que se había calculado su precio de reposición en junio de 2026, sin determinar cuánto podían haber costado diecinueve años antes.

La controversia se agravó cuando Calama encargó una segunda pericia a Yanes el 21 de septiembre. La defensa recurrió la decisión por considerar innecesario repetir las valoraciones y cuestionó la imparcialidad de la firma elegida.

El enfrentamiento tenía un antecedente singular. Juan Yanes, director general de la joyería, había examinado fotografías de las piezas en una intervención televisiva el 26 de mayo y aventurado que podían alcanzar «un par de millones» de euros. Los abogados de Zapatero utilizaron aquellas declaraciones para promover su recusación por entender que había anticipado públicamente su criterio.

Calama rechazó la recusación el 29 de septiembre y, el 6 de octubre, desestimó también el recurso contra la nueva tasación. El magistrado defendió su facultad para contrastar dictámenes técnicos y recordó que «la instrucción penal no se rige por un principio de unicidad pericial».

El juez explicó que la segunda valoración debía profundizar en cuestiones que Ansorena había abordado de forma preliminar, como las marcas de fabricación, la antigüedad de las piezas, el origen geográfico de las gemas y sus características técnicas. También dejó abierta a Zapatero la posibilidad de presentar una pericia alternativa.

En paralelo a esta guerra de tasaciones, el expresidente abrió otro frente judicial para justificar el origen de las doce joyas más valiosas. En un escrito presentado el 23 de septiembre, aseguró que se las había regalado personalmente el rey Abdullah bin Abdulaziz de Arabia Saudí durante su visita oficial a España los días 18 y 19 de junio de 2007.

Según su versión, el monarca le entregó los tres juegos de piedras preciosas en su residencia del Palacio de la Moncloa. Zapatero sostuvo que aceptó aquellas joyas como una «atención estrictamente personal» por deferencia hacia el soberano saudí y que las había conservado desde entonces sin utilizarlas y «sin conciencia de su valor material».

Su defensa aportó copia de dos cartas que el expresidente afirmó haber dirigido a la Corte Real saudí, en junio y agosto de este año, solicitando una confirmación de aquella entrega. Ante la ausencia de respuesta, reclamó al juez que enviara una comisión rogatoria a Arabia Saudí.

Calama rechazó este martes la petición con un severo reproche. El magistrado sostiene que las comunicaciones aportadas carecen de acreditación de haber sido entregadas efectivamente en la Embajada saudí y considera que la versión del expresidente no cuenta con corroboración objetiva.

Anticorrupción ha ido todavía más lejos. La Fiscalía ha solicitado ampliar la investigación al delito de malversación al considerar que la explicación ofrecida por el expresidente plantea un nuevo problema: si recibió aquellas joyas en su condición de jefe del Ejecutivo, deberían haber sido incorporadas al patrimonio público.

Las sospechas sobre la procedencia de las joyas se han reforzado con la documentación remitida esta semana por la Dirección General del Patrimonio del Estado. El organismo entregó el 26 de octubre al juzgado el acta oficial de recepción de los obsequios institucionales recibidos por la Presidencia del Gobierno durante las legislaturas 2004-2008 y 2008-2011.

El documento acredita la entrega al patrimonio público de numerosos regalos recibidos durante los ocho años de mandato de Zapatero. También presentes del rey Abdullah de Arabia Saudí en su visita de 2007, pero ni rastro de las joyas de la caja fuerte de Zapatero.