La dimisión del presidente destapa el relevo pactado en la FEDME y desata una crisis de transparencia

Clarella, elegido presidente el 25 de enero de 2025 con 55 votos frente a los 37 de Alberto Ayora, comunicó su dimisión, efectiva desde el pasado 19 de octubre. En su carta reconoce que había previsto con Israel Martínez Olalla «cambiar la presidencia a mitad de legislatura» y proponerlo para «esta segunda parte del mandato».

El acuerdo deja al descubierto una decisión que desconocían los asambleístas que votaron en 2025. Según la documentación presentada por los críticos, ese pacto no se les comunicó antes de las elecciones y ahora los representantes reclaman aclarar cuándo se acordó el relevo y por qué no se informó a quienes eligieron la candidatura.

La controversia aumenta porque el 23 de octubre la FEDME anunció que la Junta Directiva se había constituido en Comisión Gestora, presidida por el propio Martínez. Es decir, el dirigente propuesto para suceder a Clarella encabeza ahora el órgano encargado de organizar las elecciones. Ahora los asambleístas piden conocer la composición de la Gestora, el calendario electoral y las medidas que garantizarán la imparcialidad, porque aunque no sostienen que esta situación constituya por sí misma una incompatibilidad legal, consideran necesario separar funciones y gestionar cualquier posible conflicto de intereses.

La crisis no se limita al relevo presidencial. En julio circuló una carta de dimisión con la firma digital de Clarella, que él calificó de «fake» y atribuyó al uso no autorizado de su firma. Meses más tarde, en septiembre, Martínez y otros dos directivos anunciaron sus dimisiones, que la Federación no aceptó. Los asambleístas cuestionan esta decisión a la luz de los estatutos y piden una explicación documentada de lo ocurrido.

También denuncian que la Asamblea General no recibió información institucional suficiente sobre la crisis hasta que la Comisión Gestora ya se había constituido, pese a que los episodios habían trascendido a medios especializados y redes sociales.

Las dudas sobre todo el proceso alcanzan también al terreno económico. Martínez afirmó en una entrevista que la FEDME estaba «en peligro de muerte» y atribuyó parte de sus dificultades a la «herencia recibida». Por ello, los críticos reclaman un plan de saneamiento, información detallada sobre el presupuesto, las subvenciones, los despidos y las nuevas contrataciones, así como explicaciones sobre la evolución de las licencias.

La gestión deportiva añade otro frente. En marzo de 2025, David Macià dejó de ser seleccionador nacional de escalada tras la reestructuración del área. Macià había entrenado a Alberto Ginés, campeón olímpico en Tokio 2020. Según el informe de los asambleístas, Ginés entrena actualmente en Eslovenia. Además, cuestionan el desmantelamiento de la estructura anterior y piden conocer los criterios de las decisiones adoptadas.

El contexto electoral tampoco está exento de antecedentes: en agosto de 2026 se conocieron resoluciones del Tribunal Administrativo del Deporte que sancionaron a los presidentes de las federaciones vizcaína y catalana por vulnerar el deber de neutralidad en el proceso de 2025. Las resoluciones no anularon aquellos comicios, pero refuerzan, a juicio de los reclamantes, la necesidad de extremar las garantías en la próxima convocatoria.

Los asambleístas reclaman respuestas por escrito sobre el pacto de sucesión, las dimisiones, la situación económica y la gestión deportiva. También exigen un calendario electoral público y garantías de independencia para la Comisión Gestora.

La Asamblea General prevista para el 12 de diciembre deberá abordar la situación federativa, mientras la Gestora debe convocar elecciones dentro de los plazos reglamentarios aplicables.

La cuestión ya no es solo quién ocupará la Presidencia de la FEDME. Es también por qué el relevo estaba previsto antes de que los asambleístas votaran, por qué no se les informó y qué garantías tendrán ahora para elegir con transparencia. La Federación debe resolver la sucesión, pero también responder a las preguntas que han convertido el relevo presidencial en una crisis de confianza.

La escalada de competición en España atraviesa un momento preocupante. En pocos años ha pasado de ocupar escenarios emblemáticos como la Plaza de España de Madrid, con retransmisión en Teledeporte y RTVE Play, a celebrar pruebas en centros especializados o en localidades de reducido tamaño, como Sant Martí de Tous, un municipio de Barcelona con 1.269 habitantes.

En Madrid, los jóvenes escaladores tuvieron la oportunidad de competir en pleno centro de la capital, en un escenario único, ante el público y con presencia en la televisión pública. Era una forma de sacar la escalada a la calle, acercarla a nuevas personas y dar a sus deportistas la visibilidad que merece una disciplina olímpica.

El contraste con el modelo actual deja una incógnita de por qué la escalada española está renunciando a espacios capaces de convertir sus competiciones en un espectáculo para toda la ciudad. El hecho de concentrar las pruebas en escenarios con menor capacidad para el público hace que se pierdan oportunidad para hacer crecer este deporte y ofrecer a sus jóvenes deportistas el escaparate que merecen.

A esta pérdida de visibilidad se suma la polémica por el calendario de la Copa de España de bloque y velocidad de 2026.

Después de la prueba de Cáceres, se propuso celebrar otras dos citas en Asturias y Canarias. Sin embargo, la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME) rechazó ambas propuestas por motivos relacionados con sus ubicaciones y fechas.

La decisión resulta especialmente llamativa porque, posteriormente, el Supercampeonato de España se celebró entre finales de septiembre y principios de octubre, en un periodo similar al propuesto para alguna de las pruebas rechazadas.