Piden 10 años de inhabilitación al exalcalde de Mislata por las contrataciones de un festival

valencia. La prevaricación suele ser el delito más común entre los políticos. El que fuera alcalde del Ayuntamiento de Mislata Manuel Corredera (PP) se enfrenta a un juicio en el que la Fiscalía le reclama diez años de inhabilitación para ejercer un cargo público. El ministerio público sostiene que el edil cometió un delito continuado de prevaricación administrativa en numerosas adjudicaciones públicas desde 2007 a 2011. La jefa del servicio de Cultura también se encuentra acusada por su presunta participación en los hechos.

Los procesados supuestamente eludieron la ley a través de diferentes métodos. En ocasiones, recurrían siempre al mismo proveedor para contratar suministros y servicios para el Consistorio. En unos supuestos no les importaba saltarse el máximo permitido en la ley para la contratación menor, mientras en otros fraccionaban el objeto del contrato para no rebasar el límite legal. Además, también recurrían a varios contratos sucesivos «a sabiendas» de que de esta forma se sorteaban los procedimientos, según recoge el escrito de acusación.

El caso saltó tras el relevo en el equipo de Gobierno. Corredera perdió la alcaldía en 2011. La llegada del PSPV supuso el encargo de una auditoría para revisar la etapa de su antecesor. Fue entonces cuando se descubren las deficiencias. El listado de irregularidades es amplio. En 2007, se autoriza el pago de una factura de 29.000 euros por unos trabajos de limpieza. No hubo expediente y la interventora se opuso al gasto. Supuestamente también actuó al margen de la ley con la puesta en marcha de un centro de atención temprana. El Consistorio abonó 57.000 euros en 2009. Al año siguiente repitió con la misma firma por 107.000 euros.

Los acusados, al parecer, esquivaron las normas en la organización de diferentes certámenes públicos. Así ocurrió con la Feria de las Asociaciones de Mislata de 2007. De nuevo, la fiscalía detectó que se fraccionaron los contratos para no superar el máximo pese a que se trataba del mismo servicio y era la misma empresa la que lo prestaba.

Durante ese mismo ejercicio se repite la irregularidad con el festival Mislata Música en Directo (MIMED). El Consistorio recurrió a una firma, Babel Producciones, para el montaje y la organización del evento. Se repartió el importe de los trabajos (37.000 euros) en varias facturas para no superar el máximo permitido en la Ley. Un año más tarde, se lleva a cabo la misma operativa. Y otra vez con el mismo beneficiario.

Este certamen arrancó en 2003. Se trataba de una apuesta por grupos de la escena indie nacional, bandas que no suelen aparecer en emisoras comerciales ni radiofórmulas.

El escrito de acusación del Ministerio Público detalla otros procesos de contratación fraudulentos. Destacan las obras en centros escolares y en el acondicionamiento de un campo de fútbol. Otro importante desembolso se produjo con el pago de servicios de internet a la empresa Cableuropa. Se fraccionaron facturas por un importe total de 130.000 euros.