Domingo, 3 de junio de 2007
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Valencia
Lucha contra las marcas
Los concesionarios debaten esta semana el boceto de la ley de la distribución que busca un comercio justo y regulado con sus suministradores de vehículos
Los concesionarios debaten esta semana el boceto de la ley de la distribución que busca un comercio justo y regulado con sus suministradores de vehículos
Miles de coches esperan a ser trasladados a los puntos de venta.
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“No tengo nada de miedo con respecto a que las grandes superficies comerciales se pongan a vender coches. ¡Qué lo intenten si quieren! Dudo que acepten las condiciones que tenemos que asumir nosotros. Ellos están acostumbrados a pagar a los proveedores mucho después de vender el producto”, afirma uno de los puntales en venta de coches en la Comunitat Valenciana.

La norma que tienen que cumplir con la marca que le suministra los coches es pagar íntegramente el valor del vehículo varios días antes de que se envíe el coche. Después (en el caso de este negocio, meses) llega al concesionario y el cliente, que ha reservado el modelo, paga y se lo lleva.

Ahí no acaba la relación con la marca. Desde su posición de dominio, el fabricante establece los descuentos que cada mes tienen los coches y, una vez se produce la venta, devuelve al concesionario la promoción. Esto significa que si un coche vale 18.000 euros y tiene una promoción de 3.000, el concesionario tiene que pagar los tres millones de pesestas el día que su comprador reserva el coche. Pasados tres meses (plazo habitual si el coche no está en stock), el comprador paga 15.000 euros y los 3.000 restantes de la promoción, los reclama el concesionario una vez que el comprador ya se ha llevado el vehículo.

“Hacen de nosotros lo que quieren”, es la frase más repetida entre los gerentes de concesionarios que están intentando regular la situación mediante un proyecto de ley que busca hacer más justa la relación entre la gran marca y el pequeño concesionario.

Sorprendentemente, la forma de pago no es lo que intentan cambiar los concesionarios (creen que el Gobierno español no va a ser capaz de cambiar la política de Ford, Opel o Mercedes). Las medidas que propone Faconauto (asociación de cerca de 3.000 concesionarios) están más encaminadas a dotar de capacidad de respuesta a los concesionarios en caso de que las marcas quieran aprovecharse de la situación de dependencia que tiene los pequeños comercios respecto a las internacionales.

Defensa de la competencia
El boceto de la ley de contratos de distribución se busca la aplicación de la normativa de defensa de la competencia para que evitar ue pueda interpretarse por parte de las multinacionales que resultan amparados por una autorización legal.

En el título II del boceto se solicita estructurar cómo deben de ser los contratos entre concesionarios y marcas: “No impone la forma escrita, pero la fomenta al vincularla importantes efectos en materia de prueba. Regula los deberes y responsabilidades de las partes en la fase precontractual, de especial importancia en este tipo de contratos”.

En este título segundo también se establece el carácter imperativo de las normas que se proponen y aborda las cuestiones relativas a la imposibilidad inicial y al error en la declaración de voluntad que persiguen la conservación del contrato frente al posible ejercicio de las acciones de nulidad.

Dentro de la ley que quieren los concesionarios que apruebe el Gobierno, se cree necesario explicitar que los proveedores y distribuidores no podrán modificar los acuerdos con los que hayan llegado con los concesionarios y que podrán verse “ni directa ni indirectamente perjudicados”.

Las inversiones a las que las marcas obligan a los concesionarios son abordadas por la nueva ley. Cada vez que un fabricante saca un nuevo modelo, lo modifica o introduce una nueva campaña de publicidad obliga a los servicios oficiales de su marca a adecuarse a la nueva imagen que proponen.

Esto conlleva un gasto que los concesionarios quieren estipular por escrito para evitar sustos en su planificación. Por ello, la propuesta que hace Faconauto quiere delimitar con la mayor precisión posible que “cada parte contratante correrá con los costes y gasto que le son propios”.

Libertad de precios
Los concesionarios también demandan la posibilidad de elegit los precios con los que quieren vender los coches de modo que las marcas no les maniaten con sucede en la actualidad.

El borrador recoge: “Se prevé que el proveedor no podrá inmiscuirse en el régimen de precios del distribuidor y que únicamente podrá formular recomendaciones acerca del precio de reventa o prestación de servicios a la clientela del distribuidor. Este gozará de libertad para ajustarlas a sus necesidades en función de los gastos que la distribución genere en materia de instalaciones, salarios, comisiones, seguros sociales y los demás a su cargo”.

El proyecto de Faconauto nació a finales de 2004 cuando se presento un plan de impulso del sector del automóvil. Desde aquel momento se propuso recoger 500.000 firmas con el fin de tramitar por iniciativa popular la aprobación de una Ley de Contratos de Distribución Comercial. El 9 de marzo de 2007, el Congreso admitió la iniciativa popular legislativa y el 20 de marzo CiU presentó una proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a poner en marcha una Ley de Distribución Comercial que regule claramente los derechos de fabricantes y distribuidores.

 
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