Sábado, 3 de febrero de 2007
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C. VALENCIANA

comunidad Valenciana
El juez paraliza la Ciudad Deportiva y las 3.000 viviendas que el Valencia promueve en Porchinos
El TSJ da la razón al Gobierno y considera que no se garantiza el suministro de agua en la zona
La construcción de la Ciudad Deportiva del Valencia y las casi 3.000 viviendas que el club promovió en Ribarroja corren peligro. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJ) ha dictado un auto que declara la suspensión cautelar del PAI de Porchinos al considerar que el suministro de agua no está garantizado y falta el informe de la CHJ.
La edificación de la nueva Ciudad Deportiva del Valencia en Ribarroja ha sufrido un revés judicial. La polémica y las citas en los juzgados han sido una constante desde que el Valencia anunció su interés por trasladar sus instalaciones de entrenamiento a una nueva localización. Pero la mayor sorpresa se produjo ayer con la suspensión cautelar del Plan de Actuación Integrada (PAI) de Porchinos. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ-CV) ha tomado la decisión tras estudiar los recursos presentados por la Delegación del Gobierno y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).

La sala estima, tal y como se planteaba en los recursos, que el suministro de agua no está garantizado para la zona. Además de la Ciudad Deportiva del Valencia, en la partida de Porchinos está prevista la construcción de cerca de 3.000 viviendas, que promovió el propio club de Mestalla y que serán edificadas por la empresa Nozar. La pretensión de la Delegación del Gobierno era que el plan fuera declarado nulo. Argumentaba para ello la falta de un informe de la CHJ, la única entidad competente para dictaminar sobre la garantía del suministro del agua.

Documentos insuficientes
En el auto, según explicaron fuentes cercanas al caso, se tiene en cuenta este factor y se considera el informe de la CHJ preceptivo. Además, se cree insuficiente el documento sobre tratamiento de aguas aportado por Aquagest, la mercantil que gestiona el suministro hídrico en Ribarroja.

Las mismas fuentes señalaron que tanto el Valencia como el Ayuntamiento, gobernado por el popular Francisco Tarazona, tendrán ahora un plazo para presentar alegaciones, pero que la paralización no podía esperar a que estas fueran presentadas.

El motivo es doble: por un lado se corría el peligro de que cuando se decretara la suspensión ya se hubiera construido en los terrenos. Por otro, la sala de la Sección Primera estima que hay motivos suficientes para hacerlo y se cumple la condición de “apariencia de buen derecho”.

El subdelegado del Gobierno en Valencia, Luis Felipe Martínez, se mostró satisfecho por el fallo y señaló que, aunque haya alegaciones, “no hay vuelta atrás”. El representante del Ejecutivo central explicó que el informe de la CHJ era imprescindible “y no se les dejó hacerlo”.

Por su parte, la Conselleria de Territorio no quiso pronunciarse sobre la decisión judicial. Fuentes del departamento que dirige Esteban González Pons afirmaron que todavía no han recibido el auto del TSI y que valorarán el dictamen cuando lo tengan en su poder.

En los mismos términos se ha pronunciado el Valencia. El club de Mestalla anunció ayer mismo que no presentará alegaciones al auto del TSJ hasta que no tenga la decisión judicial en su poder, algo que ocurrirá el lunes.

Por último, desde el PSPV de Ribarroja señalaron que ya habían avisado en varias ocasiones de las supuestas irregularidades del Plan Porchinos. “El alcalde deberá dar explicaciones sobre lo que ha ocurrido porque el PAI se ha tramitado deprisa y mal. Ya advertimos que había serias deficiencias por falta de agua”, aseveró el secretario local de los socialistas, Robert Raga.

 
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