La incógnita de la Fiscalía en la dana

De momento, se cumplen casi tres meses de instrucción donde todavía no consta un informe de la Fiscalía. En asuntos de gran enjundia o complejidad, como puedan ser casos de corrupción, la acusación pública hace un seguimiento más exhaustivo de las indagaciones que en otros expedientes de menor entidad donde prácticamente examina la causa al final del proceso.

La incógnita de la posición de la Fiscalía puede empezar a despejarse en las próximas jornadas. «Estamos preparando un escrito para solicitar diligencias», adelanta uno de los portavoces oficiales. Será relevante el contenido de ese primer escrito que prepara el grupo de fiscales. Se trata de una situación excepcional, la de ese trabajo en equipo. Pero existen precedentes. Se articuló, por ejemplo, en el caso del anestesista Maeso, en algunas fases del accidente de Metro, en la vista del caso Emarsa... Pero en todos esos supuestos eran dos fiscales o de manera muy excepcional, tres. En la dana, el grupo está formado por cinco profesionales, lo que da idea de la magnitud del sumario.

Lo habitual consiste en un trabajo 'coordinado' entre el juzgado y la Fiscalía. Pero hay excepciones. Se han dado notorios desencuentros en algunas causas penales. El caso Imelsa, por ejemplo. O quizá, el más evidente, el accidente de metro de Valencia con una tensión casi inconfesable entre la jueza instructora y determinados fiscales. La disparidad de criterios y el tiempo erosionó la relación. Sin embargo, lo habitual es que se produzca esa conexión entre instructor y fiscalía. Aquí está por ver si el criterio inicial de la jueza coincide con el de la Fiscalía.

El ministerio público se reunió con la jueza hace unas semanas para trasladarle su intención de acumular todas las investigaciones en ese juzgado al ser el partido judicial que acumulaba mayor número de fallecidos. Un criterio nuevo ante una situación, por otra parte, inédita: numerosos muertos el mismo día en diferentes partidos judiciales.

La titular comunicó que aceptaría las inhibiciones del resto de juzgados. Y desde entonces, bien por petición de las partes o de motu proprio, ha encargado una serie de diligencias que, en principio, parecen concentrarse en la inacción por parte de la Generalitat de su obligación de proteger a la ciudadanía. Un delito de imprudencia en su modalidad de comisión por omisión. Una tesis de la que cuesta encontrar antecedentes.

Pero, ¿está de acuerdo la Fiscalía en esa calificación inicial? ¿Y en acotar temporalmente la omisión a ese «tardío y erróneo» mensaje de las autoridades y en descartar, por ejemplo, el resto de actuaciones que durante años no se efectuaron en el barranco del Poyo? Una asociación de víctimas ha recurrido a la Audiencia la decisión de la instructora de acotar las pesquisas a los homicidios y lesiones. Reclama la apertura de la causa a otros ilícitos como la omisión del deber de socorro y la prevaricación omisiva. También en este punto se ignora la posición de la Fiscalía al igual que en su criterio respecto a una multitud de acusaciones populares que, en determinados supuestos, contribuyen a enredar y alargar el procedimiento. Podría pedir su agrupación en una única dirección letrada.

Hasta la fecha el único informe sobre este asunto es el de la Fiscalía Superior del TSJ cuando rechazó los indicios para investigar a Mazón y derivó la causa hacia los juzgados de instrucción a la espera del desarrollo de las pesquisas y la solidez de unos eventuales indicios. No existe, pues, pronunciamiento previo como sí ocurrió, por ejemplo, en el caso Oltra donde la Fiscalía apuntó la existencia de un concierto previo transmitido de forma verbal para no dejar rastro. Puede que sea el momento, después de recibir buena parte de la documentación de la Generalitat y del Gobierno, de que la Fiscalía comience a pedir comparecencias. ¿Quiénes? Parece claro, por el enfoque inicial de las diligencias, que de los miembros del Cecopi. ¿Y como testigos o investigados? Las dos posibilidades encuentran encaje, aunque algunos responsables, lo que estaban al frente de la emergencias, seguramente comparezcan como investigados.

Algunos autos de la titular de Instrucción 3 de Catarroja han sorprendido por deslizar en un punto tan embrionario de la investigación que las muertes eran evitables si se hubiera enviado un mensaje a tiempo por parte de los responsables, en este caso, de la Generalitat. Esa «precipitación», según fuentes judiciales, puede no encajar en la tesis de la acusación o al menos no por el momento.

A todo esto, numerosas fuentes judiciales insisten en la dificultad de elaborar un escrito de acusación por una imprudencia de comisión por omisión, un ámbito ciertamente restrictivo. Ahí se mezclan las diferentes competencias entre administraciones, la información disponible en cada momento para la adopción de las medidas y la magnitud de una tragedia difícilmente previsible ni siquiera imaginable. El camino será largo e incierto. Y todo esto al margen de la responsabilidad política que se ventilará en otros cauces en un Gobierno autonómico que, por momentos, se vuelve cada vez más inestable.