El juez del 'caso Gürtel' ratifica que debería ser un jurado popular el que juzgara a Camps

El magistrado rechaza suspender el proceso hasta que se resuelvan los recursos de los imputados

M. GORDILLO| VALENCIA
MAGISTRADO. José Flors, en una imagen reciente. /DAMIÁN TORRES/
MAGISTRADO. José Flors, en una imagen reciente. /DAMIÁN TORRES

El magistrado instructor de la rama valenciana del 'caso Gürtel' pretende continuar con el proceso de apertura de juicio tal y como tenía previsto. El juez del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat ratificó ayer que el procedimiento continuará tramitándose en base a la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado. Es decir, que será un jurado popular el que juzgue al presidente de la Generalitat, Francisco Camps; el secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, y los ex altos cargos del Consell Víctor Campos y Rafael Betoret.

El juez José Flors reiteró, en un auto comunicado ayer a las partes de la investigación, que es esa institución la que debe juzgar el delito de cohecho, que se le imputa al jefe del Consell por haber recibido presuntamente regalos, en forma de trajes, por parte de empresas investigadas por corrupción y contratadas por la Administración valenciana.

Desde la Generalitat se sostenía que tiene que ser la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJCV la que, en su caso, juzgue al presidente Camps por su condición de aforado. De hecho, así lo establece el Estatuto de Autonomía de la Comunitat, reformado hace ahora tres años. Sin embargo, distintas fuentes jurídicas defendían que la aplicación de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado era correcta en este caso, ya que en el ámbito judicial, «la ley específica se impone a la general», aunque en esta ocasión ambas tengan el mismo rango.

La Sala, la última palabra

El escrito del magistrado respondía a la petición de los abogados de la defensa de suspender el procedimiento hasta que se resuelvan los recursos presentados contra el auto del mismo juez, en el que ratificaba la imputación del presidente de la Generalitat. Así lo solicitaron en la vista de concreción de imputaciones, celebrada el pasado miércoles como paso previo a la posible apertura de juicio oral.

Los recursos no tenían carácter suspensivo, así que el proceso sigue su curso hasta que la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV resuelva las alegaciones. Los tres magistrados de la Sala (entre ellos el presidente del Tribunal, Juan Luis de la Rúa) tendrán que decidir si las estiman y archivan la causa, o si las rechazan y confirman el procedimiento.

En cualquier caso, de la decisión de la Sala también podría depender el mecanismo de enjuiciamiento que, si llega el momento, se siga con Camps. Y es que el jefe del Consell también defiende en su recurso que es este órgano el único con competencias para proceder con la causa, incluso en caso de juicio, por lo que añade además que las diligencias fueron «inconstitucionalmente» instruidas por Garzón.

Nuevas pruebas

La decisión del juez Flors también desestima la pretensión de la acusación popular, ejercida por el PSPV, que solicitó que siguiera la fase de diligencias previas para recabar nuevas pruebas documentales y testificales. Entre otras, los socialistas proponían citar a declarar a los consellers y ex consellers que contrataron con Orange Market, empresa presidida por Álvaro Pérez ('el Bigotes') y otras firmas investigadas por corrupción en la causa que sigue el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

No obstante, el juez accede a practicar algunas de las pruebas solicitadas tanto por Fiscalía como por el PSPV. Se refiere, según fuentes de la investigación, a que se remitan al TSJCV las actuaciones con motivo del juicio en Madrid por el despido de uno de los imputados en Madrid, José Tomás (el 'sastre' que presuntamente regaló los trajes a los cuatro implicados valencianos) de la tienda de Forever Young. El proceso se saldó con una sentencia favorable a Tomás (declaraba improcedente el despido) pero acreditaba la existencia de facturas falsas.

Asimismo, Flors reitera su petición de la documentación bancaria de las empresas vinculadas a la causa valenciana. Estas pruebas deberán realizarse en el plazo de cinco días. De esta manera, el magistrado ya ha resuelto todos los recursos que tenía pendientes, interpuestos por los cuatro imputados, por el PSPV y por Fiscalía Anticorrupción. Fuentes de la investigación apuntan a que, previsiblemente, el próximo paso de Flors podría producirse en pocos días en dirección a la apertura del juicio oral.