El Gobierno avisa a los jueces de que no negociará demandas corporativas

El PP apoya a los magistrados contra el Gobierno, pero se opone a la huelga

A. TORICES| MADRID
El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo./
El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo.

El Gobierno contestó ayer con una mezcla de palo y zanahoria al ultimátum que dieron 24 horas antes las cuatro principales asociaciones de jueces, que en un comunicado conjunto amenazaron al Ejecutivo y al Consejo General del Poder Judicial con una huelga en junio si antes no atienden y comienzan a aplicar los puntos recogidos en la tabla reivindicativa de la judicatura. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que no ocultó su malestar por los términos y el tono "de exigencia" de la embestida de la magistratura, afirmó que habrá diálogo con las asociaciones judiciales, pero sólo para "hablar de los problemas de los ciudadanos ante la justicia, no de los problemas de los jueces". "Queremos tener ese debate, sobre qué ha hecho y qué va hacer el Gobierno, pero sólo defenderemos los intereses generales, y no otros", aseguró en tono rotundo durante una entrevista en Onda Cero. El jefe del Ejecutivo considera que las asociaciones "quizás deberían haberlo pensado un poco más" antes de plantear el ultimátum "porque no es buena manera de dialogar poner condiciones", y porque esa comunicación debería hacerse desde "un gran respeto institucional". Retribuciones Descartó de la negociación que se abrirá cualquier aspecto corporativo, y anticipó que no discutirá aumento alguno de las retribuciones de los jueces para 2009 -"que está aprobado por el Parlamento y de ahí no se va a mover"-, y recordó a la magistratura que son un poder independiente del Estado, que esa condición "comporta responsabilidad" y que las acciones de sus miembros "están sometidas al debate de la opinión pública". Zapatero, que no negó que existan problemas importantes en el funcionamiento de los tribunales, se preguntó por qué las asociaciones judiciales utilizan semejante virulencia a la hora de plantear sus demandas ante el Gobierno que "ha duplicado la inversión para la modernización de la infraestructura de la justicia". El PP, a través de su portavoz parlamentario de Justicia, Federico Trillo, dio un respaldo a la magistratura en su pulso con el Gobierno, aunque también dejo muy claro que rechaza de forma total el recurso a la huelga de este colectivo, por considerarlo un medio inadecuado para lograr sus fines. Los populares asumen "prácticamente en su integridad" la tabla reivindicativa aprobada por las asociaciones judiciales.