Peligra la atención a mil enfermos mentales

Las asociaciones de pacientes aseguran que no podrán mantener su servicio de asistencia a domicilio porque el Consell les adeuda "un millón de euros"

J. BATISTA| VALENCIA
Concentración de familiares y enfermos mentales en el centro de Valencia para pedir más inversiones./
Concentración de familiares y enfermos mentales en el centro de Valencia para pedir más inversiones.

Más de mil enfermos mentales de la Comunitat corren el riesgo de que empeore su situación de forma alarmante por el retraso en el pago de las subvenciones de las Consellerias de Bienestar Social y Sanidad. Tal y como denunció ayer la Federación de Asociaciones de Personas con Enfermedad Mental (Feafes), a partir del próximo lunes dejarán de prestar el servicio de atención domiciliaria en 1.100 hogares, lo que repercutirá en la calidad de vida de los enfermos. "Se trata de personas que hasta ahora están estabilizadas, pero pueden dejar de recibir su medicación de forma regular, dejar de salir de casa, pasarse todo el día con su falta de percepción de la realidad, sufrir nuevas recaídas y aumentar sus ingresos hospitalarios", tal como explicó ayer el presidente de la Federación, Rafael Juan. Según denuncia la entidad, que agrupa a 21 asociaciones dedicadas a esta labor en la Comunitat, a día de hoy la Conselleria de Sanidad adeuda la subvención anual a las diferentes agrupaciones, una cuantía que se sitúa en el millón de euros. Desde el departamento que dirige Manuel Cervera precisaron que no hay ninguna irregularidad en los trámites para otorgar la ayuda y que se está haciendo como en años anteriores. Los afectados señalan que Bienestar Social "no ha cumplido los acuerdos sobre la forma de pago de la subvención en tres partes para el presente ejercicio, provocando una insostenibilidad en los recursos de atención". El problema llega hasta el punto de no poder pagar a los especialistas que se desplazan hasta las casas de los enfermos, según las mismas fuentes. La Federación cubre una serie de servicios para enfermos mentales que son abonados por la Generalitat por medio de subvenciones. Además de la asistencia a domicilio, se incluye la gestión de centros de día o de rehabilitación y los pisos tutelados donde viven personas con este tipo de patología. Las entidades autorizadas adelantan el coste del servicio, que luego será asumido por la Administración. El problema, según denuncian desde la delegación valenciana de Feafes, es que a 12 de noviembre el dinero todavía no ha llegado, por lo que su labor no puede continuar. Los dos departamentos coincidieron ayer en negar las acusaciones. Desde Bienestar Social explicaron que no existe ninguna deuda pendiente y que se han abonado las subvenciones del presente ejercicio. Además, señalaron que para este año se han destinado 26,6 millones de euros a la atención de enfermos mentales. Fuentes de la Conselleria de Sanidad apuntaron que el pago de las subvenciones se realiza por lotes. Una vez reciben las facturas de los servicios prestados se abona el porcentaje correspondiente de la subvención, siempre después de verificar que los justificantes son correctos. Desde Sanidad explicaron que las asociaciones han remitido las facturas del primer lote, que aglutina un 40% de los servicios anuales, y que están en la fase de comprobación de los documentos. La crítica de Feafes es que hasta este año nunca se había llegado al mes de noviembre sin que se hubiera abonado, al menos, el pago correspondiente al primer lote de servicios. La anulación de la asistencia domiciliaria no será la única medida de presión de la Federación. Los centros de día y de rehabilitación de pacientes gestionados por la entidad protagonizarán un paro de una jornada cada semana a partir del próximo día 21. La parada se acompañará también de protestas en los municipios donde están ubicados estos recursos. Además, el día 28 se convocarán concentraciones frente a las viviendas tuteladas donde residen estos enfermos y que son gestionadas por Feafes. Aunque también tiene que ver con la falta de subvención, además denunciarán que el dinero que reciben las entidades con ánimo de lucro por gestionar estos servicios es superior al que se otorga a las asociaciones altruistas. Rafael Juan ponía ayer un ejemplo, en relación a la gestión del centro de rehabilitación e integración social (CRIS) del barrio valenciano de Velluters. En este caso, la licitación ha sido de alrededor de 800.000 euros, mientras que para su centro de Gandia la subvención fue de 500.000 euros. Desde la Federación aseguran que la situación es insostenible, hasta el punto de que han tratado de conseguir financiación a través de bancos, aunque sin éxito. Otra de las críticas de la entidad es que para el año que viene se han reducido las ayudas para la atención de personas que sufren enfermedades mentales. Sin embargo, desde Bienestar Social apuntaron que los presupuestos establecen un incremento respecto al año anterior de un 4%. El problema, según las mismas fuentes, es que ha sido necesario adaptar las cuentas a la aplicación de la Ley de Dependencia, por lo que no se puede hacer una comparación exacta entre los presupuestos de 2008 y los de 2009.

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