Coalició Valenciana denuncia a la Generalitat por no revertir las obras del Teatro Romano de Sagunto

Sentandreu considera que se ha producido "un incumplimiento deliberado e ilícito de la sentencia''

EUROPA PRESS |VALENCIA
El teatro romano, con Sagunto al fondo. Foto DAMIÁN TORRES./
El teatro romano, con Sagunto al fondo. Foto DAMIÁN TORRES.

El presidente de Coalició Valenciana, Juan García Sentandreu, presentó hoy ante el Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) una denuncia contra la Generalitat, por lo que considera "un incumplimiento deliberado e ilícito de la sentencia que obliga al Gobierno valenciano a realizar las operaciones necesarias para revertir las obras que sepultaron bajo el mármol el Teatro Romano de Sagunt (Valencia )", según informaron en un comunicado fuentes de la formación política.

Así, en la denuncia critica que "los supuestos argumentos técnicos y sociales totalmente extraprocesales", pretenden "el incumplimiento del mandato del Tribunal Supremo", en base a "la dificultad de ejecución de la sentencia en sus propios términos de acuerdo con los informes técnicos; la necesidad de conservar y garantizar la importante función cultural y social que en la actualidad tiene el Teatro Romano; y la sujeción al principio de eficiencia en el gasto público al que deben someterse las Administraciones Públicos".

Sentandreu considera que "ninguno de estos argumentos acredita la imposibilidad material de la reversión obligada y todos ellos constituyen una manifestada voluntad de burlar con alegatos extraprocesales y con una clara funcionalidad política, el cumplimiento del mandato de la sentencia recaídas en sede autonómica y suprema".

En cuanto al informe de la comisión interdisciplinar creada por la Generalitat para justificar la "inejución de la sentencia" señala que "lo que pretende la Generalitat es contraponer a los expertos que intervinieron en el procedimiento, un nuevo órgano de nuevos expertos extraprocesales con el fin de frustrar el mandato de la justicia".

De este modo añadió que dicha comisión es "sólo una artimaña para evitar la demolición y reversión de la obra declarada ilegal en las dos instancias judiciales que han entendido del mismo".

La denuncia recoge también que "pese a que no han transcurrido los 18 meses de plazo de ejecución de la sentencia de 11 de diciembre de 2007" se trata de "un acto administrativo sin precedentes en el que la administración ordenada del cumplimiento de las sentencias de 30 de abril de 1990 del TSJ, 16 de octubre de 2000 y 11 de diciembre de 2007 ha vuelto a argumentar los alegatos rechazados procesalmente y ha confirmado su voluntad de no cumplir la sentencia en base a ellos"