Corredor se suma a Solbes y cierra la puerta de las ayudas públicas a los promotores

Los empresarios advierten de que lo peor aún está por llegar e insisten en que su actividad es fundamental para la economía

JUAN VICENTE MUÑOZTOLEDO

La semana pasada fue Pedro Solbes y ayer, la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, quien lanzó un enorme jarro de agua fría a los promotores. El mensaje fue claro y directo: no habrá ayudas del Estado para salvar a las empresas del ladrillo, que atraviesan una profunda desaceleración. Corredor dejó claro que "las soluciones a la construcción no deben distraer los limitados recursos públicos, destinados a facilitar el acceso a un piso digno a las familias con menos recursos". Los empresarios, por su parte, mantienen que lo peor aún está por venir y que su actividad resulta fundamental para la marcha de la economía.

Beatriz Corredor -que hasta hace poco se mostraba incluso dispuesta a negociar una suerte de quid pro quo con los promotores- siguió al pie de la letra el mensaje del vicepresidente económico en su comparecencia el pasado jueves en el Congreso de los Diputados. Nada de ayudas, ni de desgravaciones a la compra de segundas residencias, ni de subvenciones para que las promotoras salven la papeleta. El dinero del Estado no es para eso: "El propósito del Gobierno no es impedir de forma artificial el ajuste del sector".

La ministra subrayó que junto a los siempre limitados dineros públicos existe otro bien escaso, el propio suelo. "Construir viviendas por encima de las necesidades es un desperdicio de recursos", afirmó. El planteamiento oficial viene a ser que tras el atracón de ladrillos de los últimos años las empresas deberán arreglárselas solas para digerir el empacho. En esa travesía del desierto a la que parecen condenadas algunas compañías será la selección natural la que designe a los supervivientes. Corredor explicó que el reto es que sean "las empresas más competitivas, innovadoras y productivas las que salgan reforzadas" del ajuste.

Junto a la meta de dar pisos protegidos a quienes no pueden acceder al mercado libre, la ministra se marcó el objetivo de conducir al sector residencial a un equilibrio que permita diversificar el crecimiento económico del país.

La ministra de Vivienda envió su mensaje a los empresarios desde Toledo, donde asistió a la firma del Pacto por la Vivienda en Castilla-La Mancha entre el Gobierno autonómico, los sindicatos, la patronal de la construcción, cajas de ahorro y municipios. El pacto que incluye la creación de una vivienda de "iniciativa público-privada": pisos de unos 70 metros cuadrados útiles cuyo precio oscilará entre 130.000 y 150.000 euros. Serán casas levantadas con dinero privado pero a las que el Gobierno regional garantizará un comprador y la financiación necesaria para su construcción.