Las familias ya pueden ampliar el plazo de sus hipotecas sin costes adicionales

El Gobierno ha firmado un acuerdo con representantes del sector financiero, notarios y registradores dentro del plan de medidas para relanzar la economía

REDACCIÓNMADRID

Las personas con una hipoteca podrán renegociar con su entidad bancaria la ampliación del plazo de amortización de sus préstamos para la adquisición, construcción o rehabilitación de su vivienda habitual, sin costes adicionales. No tendrán que pagar la comisión por alargar el plazo del préstamo y quedarán exentos de gastos notariales, así como del gravamen por actos jurídicos documentados.

La medida supondrá, en general, una cuota menor, aunque tendrán que pagar su préstamo durante más años, intereses incluidos. No obstante, según se subraya en el texto del acuerdo, si en el futuro el hipotecado mejorase su situación financiera y quisiera reducir el plazo o cancelar su préstamo, debería pagar todos los gastos que la nueva operación conlleve.

Esta posibilidad se ofrece por el acuerdo suscrito entre los ministros de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, y Justicia, Mariano Fernández Bermejo, con representantes del sector financiero, notarios y registradores. Esta medida, que según ha recordado Solbes en este acto se incluye en el conjunto de actuaciones aprobadas por el Gobierno para el impulso de la actividad económica, estará vigente hasta el 22 de abril de 2010.

Pasos a seguir

Los ministerios de Economía y Hacienda y de Justicia pondrán a disposición de los ciudadanos una guía en la que se explican los pasos a seguir para lograr la ampliación gratuita del plazo del préstamo, que ya está disponible en las páginas web de ambos departamentos.

La guía informa de los diez pasos que el titular de un préstamo de vivienda tiene que dar para conseguir la ampliación, entre los cuales está el de hablar con su entidad de crédito, la cual debe aceptar la solicitud.

En este sentido, el texto del acuerdo entre Gobierno, entidades financieras, notarios y registradores habla de "promover" -y no de obligar- entre los bancos y cajas la gratuidad de la medida. Además, para asegurar la efectividad del compromiso, el acuerdo incluye la posibilidad de que el Ministerio de Justicia dicte o impulse la aprobación de normas jurídicas específicas.

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