La prensa británica denigra a la Comunitat por los derribos y deslindes que realiza el Gobierno

Varios periódicos ingleses denuncian la aplicación de la Ley de Costas ejecutada por Narbona

J. SANCHISVALENCIA

La polémica originada por la política de deslindes del dominio público marítimo terrestre promovida por el Ministerio de Medio Ambiente en el litoral español ha saltado ya las fronteras de la península ibérica. La prensa británica se ha empezado a hacer eco de las actuaciones del departamento que dirige Cristina Narbona ya que muchos de los afectados, "miles" según recogen los diarios, son ingleses.

La Comunitat vuelve a ocupar páginas en los periódicos británicos con informaciones que pueden dañar los intereses económicos valencianos, al insistir en posibles abusos cometidos por las Administraciones. Pero en esta ocasión la causa han sido las demoliciones y derribos promovidos por el Ministerio de Medio Ambiente para aplicar la Ley de Costas (1988).

Hasta ahora las principales referencias en la prensa británica sobre supuestos abusos de las Administraciones contra ciudadanos británicos y sus propiedades en España se habían centrado en la politica urbanística ejecutada en la Comunitat Valenciana durante los últimos años y las consiguientes denuncias que se han presentado ante el Parlamento Europeo.

La actuación del Ministerio de Medio Ambiente ha conseguido colocar al Gobierno en el centro de las críticas y desplazar a la Comunitat Valenciana del ojo del huracán, aunque la autonomía también puede sufrir las consecuencias negativas.

El , uno de los diarios con mayor prestigio del Reino Unido, recogía en su edición del 27 de marzo un artículo firmado por su corresponsal en Madrid titulado "Nueva amenaza de demolición para las viviendas de ciudadanos británicos en la costa".

La primera frase del artículo es contundente y muestra el tono de la información: "Miles de propiedades podrían ser confiscadas y demolidas por la política del Gobierno español para proteger la línea de costa".

El extenso reportaje del recoge casos de ciudadanos británicos afectados en la Costa Blanca, Almería o Marbella. Cuenta la situación de un matrimonio de unos sesenta años de edad que compraron en 1976 una casa en la costa alicantina que utilizaban para pasar sus vacaciones. Recientemente vendieron su hogar cerca de Londres para retirarse en Alicante. Hace unos meses recibieron una carta en la que se les comunicaba que su vivienda "había sido confiscada". "Nos sentimos destrozados por lo que ha pasado. Es una desgracia absoluta", destaca el artículo.

Tanto el como el recogen las manifestaciones del portavoz de la Plataforma en las que califica la política de Medio Ambiente como "el mayor asalto a la propiedad privada que se ha visto en la historia reciente de España".

El aprovecha esta situación para relacionarla con distintos escándalos urbanísticos españoles, como el de Marbella o Almería, donde también se han visto afectados británicos.

El reportaje del lleva por título "Miles de británicos se enfrentan a la destrucción de sus casas en España por las medidas del Gobierno". Afirma que pese a que la ministra aseguró que no iban a producirse demoliciones, más de 20.000 afectados consideran que sus casas se encuentran amenazadas en toda la costa española y recoge la afirmación de Ortega en la que señala que están destruyendo "propiedades sin ninguna preocupación por las leyes y los derechos de los ciudadanos".

España vuelve así a ser el centro de una campaña de desprestigio en la prensa internacional en un momento especialmente delicado por la crisis inmobiliaria. Los promotores valencianos aseguraron durante la última visita de los europarlamentarios a la Comunitat en 2007 que cada denuncia de estas características hacía caer un 50% las ventas, especialmente en el Reino Unido.

Ahora, por vez primera, la prensa británica ha recogido las quejas que numerosos propietarios de la Comunitat Valenciana y del resto de España han vertido contra la actuación del Ministerio de Medio Ambiente por su política de deslindes en aplicación de la Ley de Costas.

La ministra en funciones de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ha tratado durante la última legislatura de concluir el proceso de deslinde previsto en la Ley de Costas. Su actuación ha levantado muchas protestas, ya que la aplicación que ha realizado el Gobierno ha llevado a proponer la demolición de numerosas edificaciones que hasta ahora eran legales.

Los derribos han empezado. Sólo en la Comunitat Valenciana ya han sido demolidas varias edificaciones en localidades como Sagunto, Guardamar del Segura o Alicante.

La política del Ministerio de Medio Ambiente ha causado que algunos de los propietarios afectados hayan pasado en menos de cuatro años de tener una edificación totalmente en regla ante la Administración a ver cómo la misma se consideraba fuera de ordenación y susceptible de ser demolida. La consecuencia ha sido una sensación de "inseguridad jurídica", según han denunciado desde la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas.

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