Los fiscales del Supremo presentarán un recurso de queja por el archivo del caso de los aparcamientos

La decisión del Alto Tribunal supondrá la reapertura del procedimiento judicial o su cierre definitivo

M. A. G.ALICANTE
El fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, momentos antes de personarse en un proceso judicial./
El fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, momentos antes de personarse en un proceso judicial.

El caso no está cerrado. Ni archivado. Al menos por el momento. La Junta de Fiscales del Tribunal Supremo (TS) acordó ayer presentar un recurso de queja ante esta misma instancia judicial por el archivo del caso de los aparcamientos dictado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ) el pasado 7 de marzo, según informaron ayer fuentes de la Fiscalía de Alicante.

La decisión del órgano decisorio del Ministerio Público del Tribunal Supremo se adoptó por unanimidad, después de mantener durante la mañana de ayer una reunión de trabajo para analizar este procedimiento. El recurso de queja tiene como objeto instar al Tribunal Supremo a que se pronuncie sobre si es posible o no interponer un recurso de casación contra el archivo de este caso. La decisión supondrá la reapertura del caso, o por el contrario, su cierre definitivo.

El titular de la Fiscalía Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, ya anunció el pasado 10 de marzo que presentaría un recurso de queja ante el Tribunal Supremo, después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) reiterara que no cabía recurso de casación contra el archivo del caso de los aparcamientos.

Esa iniciativa, que fue comunicada ese mismo día al TSJCV, fue trasladada al Tribunal Supremo y, en concreto, a su Junta de Fiscales, organismo que ha dado luz verde a la queja del Fiscal Anticorrupción de Alicante.

Las investigaciones sobre el caso se iniciaron en 2006, tras las denuncias sobre modificaciones en el contrato de tres aparcamientos subterráneos a favor de la empresa Ortiz e Hijos, que habrían supuesto al Ayuntamiento un quebranto económico de 2,2 millones de euros.

En la causa estaban imputados el alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi (PP) y los entonces concejales populares de Urbanismo y Seguridad Ciudadana y Tráfico, Sonia Castedo, y Luis Concepción, por los supuestos delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias, apropiación indebida, falsedad y malversación de caudales públicos.

Además figuraban como imputados un técnico municipal del área de Tráfico, el máximo responsable de la empresa adjudicataria de los aparcamientos, Enrique Ortiz y un directivo de la misma mercantil.

En octubre del pasado año, la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJCV asumió la investigación, cuyas diligencias había iniciado el Juzgado de Instrucción número 8 de Alicante , por la condición aforado del alcalde, al convertirse en diputado autonómico en las elecciones municipales celebradas en mayo de 2007.

Un mes después, en noviembre de 2007, el magistrado instructor del TSJCV consideró suficiente la prueba practicada y, tras su examen, estimó que los hechos denunciados no eran constitutivos de delito, una decisión que fue recurrida por el fiscal y la acusación particular.

Sin embargo, la citada Sala del TSJCV rechazó el pasado febrero ambos recursos, consideró "inútil" la práctica de las diligencias de investigación solicitadas, confirmó el auto de archivo y anunció que no podía recurrirse esta decisión.

Sin embargo el fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, vio indicios claros de delito en la actuación del alcalde de la ciudad, y los concejales de Urbanismo y Tráfico así como en la relación con el adjudicatario, por lo que ha seguido recurriendo el caso hasta este momento.

Ahora la decisión recae sobre el Tribunal Superior. Lo que determine servirá para cerrar definitivamente el caso en el que además de las supuestas irregularidades cometidas con las modificaciones de los proyectos adjudicados a la empresa, se investigó la relación de amistad entre el alcalde de la ciudad y el máximo responsable de la adjudicataria de la obra millonaria, ambos imputados en el caso.