El Gobierno se apropia de nuevos terrenos en Pinedo y el Saler con más deslindes en la costa

El Ayuntamiento asegura que entre la gola del Puchol y la del Perellonet perderá 91 hectáreas de pinada y dunas

PACO MORENOVALENCIA

El Ministerio de Medio Ambiente ha aprobado de manera definitiva el deslinde de 14,7 kilómetros más de costa entre las playas de Pinedo y el Saler. El anuncio, publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado, abre un nuevo frente entre el Gobierno y el Ayuntamiento, que ya presentó la pasada semana un recurso en la Audiencia Nacional contra otro deslinde anterior.

A falta de más información sobre el de Pinedo, el concejal de Patrimonio, Alfonso Novo, aseguró que el segundo deslinde, entre las golas de Puchol y el Perellonet, "supondrá una pérdida de unas 91,7 hectáreas de propiedades municipales". Con una longitud de 7.100 metros, el edil subrayó que incluye hasta el lago artificial y rodea el campo de golf y el parador nacional, ya en manos de una empresa estatal.

Así consta en la documentación que llegó al Ayuntamiento en marzo del pasado año desde Medio Ambiente. "Miraremos todo el ámbito ahora, con la aprobación definitiva, para ver si ha cambiado la superficie afectada entonces, antes de presentar el recurso en la Audiencia Nacional. En cifras, el deslinde afecta a 731.845 metros cuadrados entre la gola del Puchol y el parador Luis Vives. Desde este inmueble hacia el sur, el deslinde suma 186.385 metros cuadrados". Se trata en la práctica totalidad de propiedades municipales.

Esta cifra duplica,según Novo, el último deslinde aprobado por el Ministerio de Medio Ambiente en el Saler, entre el camino de la Rambla y la gola del Puchol, de 486.000 metros cuadrados de terreno forestal y playas. Novo se mostró sorprendido de que precisamente se publicase la autorización definitiva "el Lunes de Pascua, un día festivo, aunque la verdad es que ya no nos sorprende nada". El anterior deslinde se encuentra en manos de la Audiencia Nacional, a la espera de que se admita a trámite. La alcaldesa Barberá ya advirtió de que irían hasta las últimas instancias judiciales, lo mismo que ocurrirá en estos dos casos.

En el caso de los dos últimos conocidos, uno discurre entre la desembocadura del nuevo cauce y el final del paseo marítimo de Pinedo, a la altura del mojón 22 de la línea marítimo-terrestre vigente desde 1976. Según el anuncio del Boletín, tiene una longitud de 7.632 metros.

"En Pinedo no sé si afecta a propiedades municipales, aunque en el otro deslinde seguro que sí." Por eso, el delegado estimó que este mismo mes la junta de gobierno podría aprobar un nuevo recurso.

Los anuncios del Boletín del Estado no especifican más datos que la longitud de costa afectada por los deslindes. Por eso, Novo desconocía ayer la profundidad de terreno afectado en la pedanía de Pinedo. El Ministerio de Medio Ambiente se encargó de construir el paseo marítimo en los años 90, por lo que es posible que se ciña sólo a ese espacio. Si abarca propiedades privadas, la legislación de Costas establece que pasan a ser concesiones del Estado, por un periodo de 30 años prorrogable a otros 30 más.

En el deslinde del Saler ya en manos de la Audiencia Nacional, incluye el hotel Sidi Saler y la urbanización La Casbah, donde recientemente se produjo un incendio que arrasó cuatro hectáreas de matorral y pinada. La Administración podría derribar los inmuebles, debido a que ya quedan por delante de la línea marítima-terrestre. No obstante, el delegado del Gobierno dijo cuando se produjo ese deslinde que no se iba a forzar ninguna demolición.

El gobierno municipal todavía no ha presentado los argumentos jurídicos y técnicos en contra del deslinde de 486.000 metros cuadrados y 3.900 metros lineales en la costa. Barberá sí que adelantó que se trata de una zona recuperada en los últimos años, por lo que no se puede aplicar la legislación de Costas acerca del litoral degradado.

El grupo municipal socialista apoyó en su día la pérdida de terrenos municipales y acusó a la alcaldesa de utilizar el asunto en plena campañal. Barberá llegó a telefonear a la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, para que frenase el expediente, al igual que se hizo en la legislatura anterior.

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