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RSS | ed. impresa | Regístrate | Miércoles, 22 octubre 2014

C. Valenciana

SENTENCIA DEL TEATRO ROMANO
El Consell se debate entre levantar el mármol del Teatro de Sagunto antes del 9-M o eludir la sentencia
Marco Molines pedirá la ejecución forzosa si se incumple el fallo del Supremo sobre el Teatro de Sagunto

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El teatro romano de Mérida tras la restauración.
El día después de la sentencia del Tribunal Supremo que establece un plazo de 18 meses para que el teatro romano de Sagunto recupere su estado original, los actores políticos, con el Consell en primer término, prefirieron optar por la discreción, por un mirar hacia otro lado que demuestra lo incómodo que resulta este nuevo fallo judicial tanto para los populares en el Gobierno autonómico como para los socialistas.

Para los primeros porque se encuentran con que han de ejecutar una sentencia relativa a un proyecto que no es suyo, que nunca les gustó, que rechazaron, pero que ahora les obliga a consumir tiempo y dinero. Y para los socialistas porque, al fin y al cabo, son los padres de la criatura, los autores del desaguisado, los impulsores de una propuesta de intervención que ha merecido la reiterada condena de los tribunales.

Y encima, sea por culpa de la casualidad o de la interminable guerra interna que desde hace años vive el PSPV, al frente del principal partido de la oposición en la Comunitat Valenciana se sienta en estos momentos el hombre que, desde la presidencia de la Generalitat, impulsó y dio el visto bueno al proyecto de Grassi y Portaceli, Joan Lerma, quien, por cierto, fue uno de los actores de la tragicomedia que ayer optó, un día más, por el silencio.

El vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla, fue de los pocos que habló, y lo hizo para reclamar que se consensúe "una solución entre todas las instituciones implicadas", al tiempo que anunció una reunión con la consellera de Cultura, la directora general de Patrimonio y el alcalde de Sagunto.

La consellera, Trinidad Miró, con tan sólo seis meses en el cargo, se encuentra con un toro que lleva diecisiete años de plaza en plaza. Un miura al que es difícil hacerle una faena aseada, especialmente si se acaba de tomar la alternativa. También ella optó por el silencio. La versión oficial de su gabinete es que como no han recibido la sentencia de forma oficial, pues no tienen nada que decir.

Las palabras de Rambla, escogidas hábilmente para salir del paso, son la muestra más clara de la patata caliente con que de la noche a la mañana se encuentra el Consell. En el seno del Ejecutivo autonómico coexisten varias sensibilidades.

Por un lado están los que ven en la sentencia del Tribunal Supremo una magnífica oportunidad para socavar la credibilidad del PSOE en la Comunitat Valenciana, levantando -con el aval judicial- uno de los proyectos estrella de la etapa Lerma, y todo ello a dos meses de las elecciones generales. "Sería -comentaban ayer altos cargos de la Administración valenciana- una espléndida imagen, un maravilloso cartel electoral". Pero, por otro lado, están los que consideran que se trata de un asunto extremadamente complejo, tanto desde el punto de vista técnico, como económico, como cultural. En este último apartado recuerdan que hay una programación estable, Sagunt a escena, que se vería afectada.

En cuanto al aspecto crematístico, existe al temor a que unas obras sobre un monumento tan delicado consuman grandes sumas de dinero que se podrían destinar a nuevos proyectos. Algunas fuentes de la Administración valenciana apuntaron que el gasto podía ascender hasta los 36 millones de euros.

Y finalmente se plantean objeciones técnicas, relacionadas con el levantamiento del mármol. Un alto cargo lo explicaba ayer gráficamente: "Esto es como si te haces una operación de cirugía estética y luego ves que estaban mejor antes y quieres volver atrás".

Un conseller señaló públicamente en un primer momento que hay que acatar "la decisión de los jueces". Al instante matizó: "Aunque hay que tener en cuenta la opinión de la gente que es contraria a que la ruina se acabe destrozando". El mismo conseller añadió que habrá que "pelear" para que el Teatro Romano mantenga su estado actual.

Tampoco hay que perder de vista el hecho de que la polémica restauración lleva la firma de Grassi y Portaceli, dos arquitectos de prestigio, y que la intervención goza de cierto predicamento en las escuelas de arquitectura.

Todo este conjunto de dificultades lleva a algunos miembros del Consell a plantearse la posibilidad de solicitar a los tribunales que declaren que la sentencia es inejecutable, aunque para ello sería preciso un acuerdo con el abogado Juan Marco Molines, que es quien inició el proceso contra las obras en el teatro, y que ayer ya anunció que la única vía posible tras la sentencia del alto tribunal es la ejecución del fallo, es decir, la reversión del monumento a su estado original. Marco Molines anunció que si el Consell se plantea no cumplir la sentencia "pediré la ejecución forzosa".

El citado jurista descarta cualquier reunión que no tenga como único ponente al presidente de la Generalitat, Francisco Camps. Para Marco Molines, la sentencia deja bien claro que no va a tener lugar ninguna comisión válida. "Ya lo decía Napoleón que cuando no pensaban resolver un asunto, sus miembros se reunían en comisión" en clara alusión a que estas reuniones, para el abogado, carecen de toda capacidad de decisión.

Marco Molines asegura que únicamente cederá ante la Generalitat "para consensuar el nombre del arquitecto o empresa que lleve a cabo los trabajos de la reversión completa". Conviene, además, no olvidar que lo que ahora ha sentenciado el Tribunal Supremo no es la ilegalidad de las obras -que ya fueron declaradas como tales primero por el Tribunal Superior y luego por el propio Supremo- sino la posibilidad de revertir las obras de rehabilitación, es decir, de devolver el teatro romano al estado que tenía antes de la intervención de Grassi y Portaceli.

En el PSPV la postura es de indefinición. Hoy la diputada Ana Noguera y la ex alcaldesa de Sagunto Gloria Calero valorarán en rueda de prensa la situación. Por su parte, la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Valencia, Carmen Alborch, señaló que siempre ha estado a favor del proyecto de rehabilitación que se hizo. Alborch añadió que ahora es el PP "el que tiene el problema".

El Bloc también se mostró en contra de la reversión, mientras que el popular González Pons afirmó que las sentencias "están para acatarlas, aunque las compartas o no. Apoyaremos la decisión del Consell". El concejal del PP Alfonso Grau criticó la actuación del PSPV en el Teatro Romano de Sagunto.
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