Un vecino espera más de un año el juicio para desalojar a 'okupas' de Bloque Portuarios

Un vecino espera más de un año el juicio para desalojar a 'okupas' de Bloque Portuarios

Los residentes afirman que este verano han crecido las ocupaciones ilegales, a la espera del acuerdo del Consistorio para derribar las fincas

P. MORENO

valencia. El próximo 3 de octubre, Antonio tiene una cita en una juzgado para tratar de desalojar a unos 'okupas' que viven en su vivienda, una de las 165 de Bloque Portuarios, en la plaza Hombres del Mar. Habrá pasado un año desde la segunda denuncia que interpuso, más si se tiene en cuenta que la primera se extravió y tuvo que repetir todo el proceso. Las fincas, enclavadas en el Cabanyal, pueden considerarse como la zona más degradada del Marítimo, que ya es decir.

De las 165 viviendas, 91 son privadas y 77 públicas, compradas estas últimas con motivo del proyecto de prolongación de la avenida Blasco Ibáñez. La idea fue que la Administración se hiciera con todas las propiedades, aunque al final no sucedió así y el plan urbanístico se derogó. De la cifra total, 45 están vacías y medio centenar ocupadas ilegalmente desde hace tiempo.

Estas dos últimas cifras varían con frecuencia, señala otro de los vecinos. Prefiere no dar el nombre para evitar algún encontronazo con los ocupantes ilegales. «La situación está igual», señaló al compararlo con lo que ocurría hace meses, cuando Bloque Portuarios fue noticia incluso en las televisiones nacionales.

Un inmueble cercano de nueva construcción servirá para el realojo de los dueños de los pisos

Escaleras llenas de enseres y basura, terrazas colmatadas de residuos, ascensores que han desaparecido víctimas de saqueos continuos en busca de todo lo que tenga valor. Este panorama no es igual en todos los patios y algunos han logrado sobrevivir en condiciones más dignas.

Aún así, el Plan del Cabanyal prevé la demolición de todas las fincas y la construcción de nuevas en el mismo solar con menos alturas. El documento está todavía en trámite y uno de los motivos del retraso fue precisamente el debate abierto en el seno del gobierno municipal acerca de rehabilitar o derribar.

«Ahora parece que hay acuerdo sobre eso en las Administraciones», señalaron las mismas fuentes al recordar un encuentro mantenido en julio entre la vicealcaldesa, Sandra Gómez, y el conseller de Vivienda, Rubén Martínez Dalmau. Se hará a través de un plan ARRU de ayudas europeas e incluirá la construcción de una finca en una parcela municipal en la avenida Mediterráneo. Ahí es donde se realojará a los propietarios, mientras que los ocupantes ilegales dependerán de los programas de servicios sociales.

Todavía queda mucho para que ocurra eso, al menos cuatro años para la entrega de llaves. De ahí que el primer paso de Antonio, si logra una resolución judicial favorable, será «dejar la casa inhabitable para que no la vuelvan a ocupar y tapiar todos los accesos». La escalera donde se sitúa este piso, asegura, no reúne unas condiciones mínimas.

En el entorno, indican otros residentes, en los últimos días se han limpiado algunos solares. «Han venido hasta con excavadoras para llevarse los escombros», aseguran. La actuación se ha producido en concreto en el espacio donde el Consistorio ha previsto la construcción de un polideportivo cubierto.

En las últimas semanas, aseguran, el número de ocupaciones ilegales ha crecido. «Parece raro, pero da la sensación de que ha venido gente de fuera a pasar el verano o han ocupado pisos nuevos». El Consistorio tiene previsto aumentar las ayudas públicas de tal manera que las nuevas viviendas tengan un coste para los propietarios actuales de 50.000 euros, en el caso de que quieran formalizar la operación.