Ribó quiere limitar el acceso a la información de los concejales de la oposición municipal

El documento, de 15 páginas, está elaborado a petición de Alcaldía, que solicitó un informe «respecto a la accesibilidad a los expedientes por parte de los grupos políticos de la oposición donde se establezcan de manera clara, unificada y avalada, los criterios a los cuales los diferentes servicios del Ayuntamiento tienen que acogerse para determinar la accesibilidad de la oposición a los expedientes». En la práctica, esto ha supuesto un texto que se basa en varias leyes, incluido el Reglamento Orgánico del Pleno, que regulan la forma de acceder a la información de los ediles de la oposición y que tiene carácter de permanencia, según explicita el informe.

Algunas de sus conclusiones cambiarán la manera de trabajar de los concejales. Una de las más importantes es la que hace referencia a que ahora la oposición únicamente podrá acceder a los expedientes cuando las actuaciones estén concluidas. Es práctica habitual de los concejales pedir acceso a expedientes en curso para comprobar qué informes municipales obran en el mismo. El documento, además, ahonda en una cuestión que ya se ha deslizado en algunas respuestas de concejales del tripartito, que afean a los de la oposición que «aireen» la información que consiguen en el ejercicio de su cargo. Así las cosas, los ediles no podrán divulgar información «que pudiera perjudicar los intereses del Ayuntamiento o de terceros, especialmente la privacidad de las personas y el resto de derechos en materia de protección de datos, siendo directamente responsables de esto». Además, el informe habla de sanciones, multas e incluso responsabilidades penales o civiles para los concejales de la oposición.

El texto también apunta que no se facilitará información sobre procesos judiciales abiertos si los documentos que se solicitan se han elaborado adrede para el juzgado. Esto está relacionado con algunas polémicas actuaciones del Consistorio, como cuando se negó a publicar la resolución de la Agencia Española de Protección de Datos sobre la encuesta fallera, que terminó en sanción, porque había sido recurrida. Ribó también se apoyará en este documento para trasladar los textos oficiales a los ediles de la oposición preferentemente en valenciano y para reducir la cantidad de copias que pueden pedir.

El informe implica ciertas obligaciones para el gobierno municipal, como responder en cinco días a las peticiones internas o en diez a los amparos reclamados a Alcaldía, aunque no obliga al primer edil a resolverlas, lo que en la práctica se traduce en devolver la cuestión a la delegación que ha motivado la petición de amparo, según la oposición del Consistorio.