Ribó dejó la Junta de la Albufera tras pedirle la fiscalía un informe del caudal

Columna de medición en una de las golas de la Albufera. / Jesús Montañana
Columna de medición en una de las golas de la Albufera. / Jesús Montañana

El primer edil adujo que no interviene en el conflicto abierto y que su puesto era honorífico, lo que es rechazado por los grupos de la oposición

Paco Moreno
PACO MORENOValencia

«Informe sobre autorización apertura compuertas de la Albufera». Así se llamaba la instancia que hizo llegar al Ayuntamiento la Fiscalía Provincial de Valencia el pasado 29 de julio, once días después de que se conocieran las diligencias abiertas por un supuesto daño ambiental debido al descenso excesivo en el nivel de agua en el lago. Poco después, el día 8, el alcalde Joan Ribó desveló que renunciaba al puesto de máximo dirigente de la entidad, al señalar que «en un momento en el que hay conflictos en los que ni intervengo, me parece más importante no estar».

La petición de información de la fiscalía sigue su curso, pese a la decisión del primer edil que ha sorprendido a propios y extraños, al rechazar estar presente en la entidad que gestiona el nivel de agua del lago de la Albufera, a la postre una propiedad municipal. Tras rodar la petición sobre varios servicios que se declararon no competentes, recayó en la concejalía Devesa-Albufera, donde no consta que se haya contestado todavía la petición.

La investigación sigue su curso y también las dudas sobre la renuncia del Consistorio a estar presente en la Junta, de Desagüe, en concreto en la presidencia. Ribó dijo que se trata de un cargo honorario y que no tiene ninguna participación en las decisiones de la entidad, aunque esto ha sido puesto en duda por los grupos de la oposición, al indicar la normativa y reglamento.

Sea como sea, el debate está abierto respecto a la gestión del nivel del lago, que debe conjugar los intereses de ecologistas, pescadores y agricultores. La Conselleria de Medio Ambiente reguló en 2016 los niveles mínimos tras recibir un primer aviso de la fiscalía.

Desde entonces, la normativa señala un mínimo de diez centímetros sobre la altura del agua en la gola, al otro lado de la compuerta, durante el cultivo del arroz, de mayo a octubre. De noviembre a enero, con la inundación de los campos debe llegarse a 25 centímetros, mientras que el resto del año puede variar entre cinco y diez centímetros.

La investigación de la fiscalía se centra en comprobar si la Junta de Desagüe ha mantenido esas cifras, por lo que ha pedido al Consistorio una instancia sobre la apertura de las compuertas. La primera reacción de los regantes fue criticar que se quiera echar la culpa de la falta de agua a los agricultores, para después denunciar el abandono que sufren por parte del Ayuntamiento.

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