Más coches, adelantar la implantación a 2027 y llegar a más barrios, exigencias de la oposición para aprobar la Zona de Bajas Emisiones de Valencia

La cuestión de fondo es que en puntos como el puente de l'Assut de l'Or ya se están poniendo estas cámaras de control, pero el PP tendrá que negociar in extremis con la oposición si quiere llegar a tiempo y poner en marcha las restricciones antes de que acabe el año. De lo contrario, perderá unos 115 millones de euros en subvenciones del plan Next Generation y en ayudas para el transporte, algo que han recordado tanto Compromís como el PSPV supondría también un mordisco importante en el presupuesto del Ayuntamiento de Valencia para 2026.

De hecho, la portavoz de Compromís, Papi Robles, ha explicado que la no aprobación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) sería «terrorífica para la salud de las personas y para la salud financiera del Ayuntamiento» y el edil Giuseppe Grezzi ha añadido que «no se alcanzaría el objetivo de ser una ciudad climáticamente neutra en 2030».

Después de que Vox haya dado la espalda al PP en la Zona de Bajas Emisiones, los populares tendrán que tratar de negociar con el PSPV para recibir el voto a favor o al menos la abstención, pero hay que tomar buena nota de lo que piden los socialistas valencianos.

El portavoz municipal, Borja Sanjuan, y la edil que lleva temas de movilidad en el grupo, María Pérez, han asegurado que la condición sine qua non para llegar a un acuerdo en este tema pasa por retomar el proyecto de la anterior legislatura de crear un «corredor verde por el que no pase ningún coche», en referencia a una zona gran ajardinada que cosa los barrios de San Marcelino, San Isidro y hasta llegar a Vara de Quart, con un bulevar García Lorca por el que no pasen vehículos, una petición que contrasta con los planes del PP, ya que han encargado un estudio para remodelar la planta viaria y donde sí contemplan que pasen coches por la avenida.

Según Sanjuan, «si no hay un corredor verde por el que no pasen coches, es decir, si no le mandan a Gustavson una planta viaria por donde no circule ningún coche no puede haber acuerdos de la Zona de Bajas Emisiones». Y ha añadido que «no podemos aprobar una Zona de Bajas Emisiones y a la vez que no ganemos que en la principal obra de infraestructura de esta ciudad hagamos una nueva autovía urbana. No tendría ningún sentido».

El portavoz del PSPV aclara que sólo queda una semana efectiva de negociación «porque se precisa un mes de publicación y 15 días que querían poner de aviso sin aplicar sanciones y todo ello ya suma 45 días. Al final tendrán que ir a un pleno extraordinario».

Otras tres condiciones que ha puesto el PSPV son ampliar «el número de vehículos afectados por la ZBE para poder reducir significativamente la contaminación», según Sanjuan. Tal como han detallado la propuesta del PP «no afecta a casi ningún coche y sólo lo haría al 8% al llegar a 2028».

Desde el PSPV piden que la restricción no sólo sea para los coches más contaminantes, de etiqueta A, también quieren que se extienda a la etiqueta B de los coches de fuera de la ciudad.

En segundo lugar, proponen acortar los plazos de aplicación de las medidas «porque Catalá ha presentado la ZBE más laxa de toda España. En Madrid, ciudad en la que se suelen mirar mucho, ya en 2026 están prohibidos los coches con etiqueta A dentro de la ciudad. Nos llevan dos años de ventaja en el calendario y Barcelona ya aplica la restricción de la etiqueta B para 2026 en episodios de contaminación», ha añadido María Pérez.

Plantean que los coches con etiqueta A de fuera de la provincia no entren en Valencia a finales de 2025; a los de fuera de Valencia a partir de 2026 y en el año 2027 abogan por aplicar la restricción a todos los que tengan etiqueta A y a los B de fuera de la ciudad y presentan una tabla para dar ayudas a las familias con las rentas más bajas con coches más contaminantes.

Y en tercer lugar, también piden ampliar el área de aplicación de las restricciones de ZBE a toda la ciudad, para «que no queden fuera barrios como San Marcelino, San Isidro y el Marítimo porque de lo contrario, se convertirían en zona de aparcamiento de todos los coches que entren en la ciudad».

Desde Compromís recuerdan que en las alegaciones que han presentado a la Zona de Bajas Emisiones tratan de corregir el modelo presentado por el PP, pero matizan que no es su modelo de ZBE, que ellos hubieran presentado otro diferente «donde los vecinos hubieran podido seguir usando los coches con unas condiciones y no sólo descartándolos por la etiqueta».

Desde la formación naranja también proponen ampliar las restricciones a barrios como San Isidro, San Marcelino, el Marítimo, Soternes y Turianova «para quitar presión de tráfico a esos barrios y dejar de ser el aparcamiento de la zona de hospitales y del centro», indican.

De hecho, afirman que se podía ampliar a estos barrios «sin que la restricción afectara a zonas de hospitales como La Fe o el Hospital General porque tienen acceso por la ronda sur», como indican en las alegaciones.

También hablan de adelantar las restricciones a los coches con etiqueta A al año 2027 e incluso a medio plazo, proponen aplicarlo a los vehículos de etiqueta B e incluyen la opción de plantear 48 accesos puntuales para estos últimos. Además, critican la excepción planteada por el PP para los vehículos de empresa, distribución o logística.

Otra idea que lanzan desde la formación de la portavoz Papi Robles es hacer un seguimiento anual del grado de cumplimiento de los objetivos de mejora de calidad del aire y la mitigación de gases de efecto invernadero.

Y otra de las mejoras que proponen es compensar la retirada de vehículos más contaminantes con abonos anuales de la EMT.

Desde el PP explican que el área de actuación de la Zona de Bajas Emisiones se circunscribe a 27,8 kilómetros, coincidiendo con el anillo permimetral de las rondas (ronda norte, avenida de Los Naranjos, Serrería y Bulevar sur).

Como respuesta a las alegaciones de Compromís y PSPV, que piden aplicarlo también en barrios como San Isidro, San Marcelino o el Marítimo, desde el gobierno de Catalá aclaran que el propio ministerio recomienda fijar fronteras conocidas por los ciudadanos, «por ejemplo mediante vías importantes como las avenidas de ronda o circunvalación», tal como han repetido en múltiples ocasiones. Y, en contestación a la oposición, que quiere ampliarlo a más barrios, en varias ruedas de prensa los populares han aclarado que de haber incluido más barrios, «no podrían circunvalar el perímetro, provocando la imposiciones de sanciones por causa de un mal diseño».

Incluso han detallado en varias ruedas de prensa que se ha seleccionado el anillo perimetral de las rondas para garantizar que se puede circular sin acceder a la ZBE«.

Los populares limitan las restricciones a los vehículos más contaminantes, los de etiqueta A y siempre han contestado a la oposición que se incluyeran los de etiqueta B afectaría al 52,6% del parque móvil de la ciudad y al 58% en el caso de la provincia de Valencia.

Desde el gobierno local hablan de implantar las restricciones a los vehículos de etiqueta A de forma progresiva. La idea inicial (a la que ya no llegan) era impulsar una primera fase informativa hasta el 30 de noviembre de este año. Le seguía iniciar la fase sancionadora para los vehículos de etiqueta A de fuera de la provincia desde el 1 de diciembre, que se mantenía durante 2026; en 2027 se sancionaría a los vehículos de etiqueta A de dentro de la provincia y en 2028 a los de la propia ciudad.

Eso sí, los populares plantean en su propuesta una moratoria de sanciones hasta el 31 de diciembre de 2027 para los vehículos de etiqueta A registrados en el listado de municipios afectados por la dana y hasta el 31 de diciembre de 2028 para los de las pedanías de Valencia afectadas por la dana.

E incluye también excepcionalidades como los vehículos asociados a actividades económicas (pymes y autónomos) para proteger los intereses económicos. Además contemplan más excepciones como el caso de familias numerosas, mujeres embarazadas o familias con menores de tres años.

Los populares también contestaron a las alegaciones de Compromís y PSPV que descartaban aplicar las restricciones a los vehículos de etiqueta B de fuera de la ciudad porque «podría vulnerar el principio de igualdad y podría ser susceptible de impugnación».

Además, los populares han recordado en diversas ocasiones a la oposición que el recorte de tiempo de aplicación que piden para Valencia no está justificado «porque Madrid y Barcelona incumplían la normativa de calidad del aire y Valencia no».

Y también han expuesto varias veces que propondrán poner en marcha títulos gratuitos de transporte para afectados por las prohibiciones de acceso.

Mientras que Compromís exige que se haga un seguimiento anual del cumplimiento de los objetivos de mejora de calidad del aire, desde el PP en las alegaciones le recordaron harán lo que contempla el artículo 12 del Real Decreto 1052/2022 de 27 de diciembre, que habla de monitorear la calidad del aire cada cuatro años.

Tras recibir la negativa de Vox, Compromís y el PSPV en el pleno, los populares ofrecieron a los socialistas la propuesta de ampliar la ZBE a toda la ciudad.

El voto en contra de Vox materializado en el pleno de esta semana al proyecto de Zona de Bajas Emisiones del PP se produce después de que los concejales de esta formación votaran hasta en cinco ocasiones a favor de la iniciativa en juntas de gobierno, plenos y comisiones, la última de ellas en la comisión de Urbanismo del pasado 21 de octubre, pero las órdenes recibidas a nivel nacional han cambiado la hoja de ruta en el gupo municipal y seguro que habrán hecho perder la confianza del equipo de Catalá con sus socios de gobierno.

Antes de este golpe de timón, Vox sí apoyó el planteamiento de la Zona de Bajas Emisiones del PP el 28 de junio de 2024, cuando se produjo una moción impulsora del concejal de Movilidad de la ZNE en una Junta de Gobierno. El 27 de diciembre de 2024 Vox también respaldó la aprobación inicial del proyecto de ordenanza en Junta de Gobierno; el 18 de febrero de 2025 Vox votó a favor de la aprobación inicial del proyecto de ordenanza en la comisión de Patrimonio; también lo hizo el 25 de febrero de este año en el pleno municipal y el 21 de octubre en la comisión de Patrimonio.

Ahora aseguran que la única propuesta que tienen para la Zona de Bajas Emisiones es que se derogue el decreto ley de esta ZBE.