Otra prórroga para investigar el robo de la EMT tras seis años sin avances

Un pequeño resumen para el lector, dado que seis años es mucho tiempo para todo el mundo excepto para el instrucción 18. Entre el 3 y el 23 de septiembre de 2019, la que entonces era directora de administración de la EMT de Valencia, Celia Zafra, autoriza la transferencia de 4,2 millones de euros a dos cuentas del Bank of China en Hong Kong. Lo hace porque recibe unos correos electrónicos y unas llamadas de teléfono de un presunto abogado de Deloitte que le dice que el entonces presidente de la EMT, Giuseppe Grezzi, ha autorizado la compra de una mercantil en China. De hecho, 'Grezzi' llega a escribir a Zafra, en un lenguaje ciertamente llamativo pero que a ella no le chirría, en el que le dice que la operación ha de ser secreta. Zafra, con casi 40 años de experiencia en la empresa, envía las firmas y los DNI de los apoderados al presunto abogado, que le devuelve las órdenes de transferencia firmadas. Ella las cursa hacia Caixabank. En total, se hace más de una decena de transferencias de dinero, que desaparece de la noche a la mañana. El día 23 de septiembre, el banco llama a la empresa, extrañado (cuando vuelve el gestor habituial de la cuenta) de la operativa, y el entonces gerente, Josep Enric Garcia Alemany, lo para todo. Se descubre entonces la trama. La EMT ha sido víctima del conocido como fraude del CEO y 4,2 millones han desaparecido. Literalmente, porque el tema se denuncia a la Policía Nacional y también a la china, pero cuando van a por el dinero a las cuentas de destino, queda 'calderilla'. Apenas quedan 150.000 euros.

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El tema llegó a los tribunales, y recayó en el juzgado de instrucción número 18 de Valencia. Es uno de los más lentos de la Ciudad de la Justicia. Allí se juzgaron cuestiones como el caso Taula o el caso Imelsa. En 2019 ya fue investigado por el Consejo General del Poder Judicial después de que varios letrados se quejaran po rla lentitud de los procesos que caían en ese juzgado, que ha intervenido en algunas de las causas políticas más importantes de la historia reciente de la Comunitat Valenciana. Además, se da la circunstancia de que la cuestión laboral y la económica se dirimieron con rapidez: la primera dictaminó que el despido de Zafra había sido procedente, porque había roto la confianza de la empresa al ceder datos personales como los documentos nacionales de identidad de los apoderados que tenían firma mancomunada en las cuenta, y la segunda, que Zafra era la responsable a título contable del agujero en la empresa. Zafra, como sea, no dispone de los 4 millones que el reclama el Tribunal de Cuentas.

Lo que está completamente parado, por tanto, es la investigación penal sobre quién tiene la responsabilidad de lo ocurrido. Los tribunales hongokoneses ya sentenciaron a dos ciudadanos chinos, pero nunca aparecieron. Es por eso que el juez del 18 ha enviado comisiones rogatorias a Kenia e Irlanda, donde el magistrado ha preguntado por los titulares de la cuenta de Gmail desde la que se enviaron los correos. La dirección estaba enmascarada para parecer una oficial de Deloitte, lo que junto a la llamada que recibió Zafra, en la que hablaban en español con acento de España, convención a la experimentada diputada de que todo era auténtico. Por supuesto, todo era falso. Pero ni ella, ni la empresa ni el banco dieron la voz de alarma. Cuando se quisieron dar cuenta, el dinero había desaparecido.