Portuarios, un mandato de promesas incumplidas

El Bloque Portuarios, en el barrio del Cabanyal. / jesús signes
El Bloque Portuarios, en el barrio del Cabanyal. / jesús signes

Los vecinos reclaman un plan de conservación mínima de las 165 viviendas del barrio del Cabanyal hasta su futuro derribo

PACO MORENO VALENCIA.

Sin novedades es el resumen de los vecinos de Bloque Portuarios, las 165 viviendas del Cabanyal donde se concentran buena parte de las ocupaciones ilegales del barrio. «Después del atracón de reuniones y activismo del año pasado todos queremos descansar, pero nos empieza a preocupar la falta de movimientos. Nos parece que los políticos están más pendientes de preparar las elecciones que de cerrar los temas abiertos», señala uno de los portavoces de las comunidades de vecinos, situadas en la plaza Hombres del Mar.

El anterior plan urbanístico del Cabanyal incluía el derribo de estas edificaciones por la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez. Ahora, décadas después, la conclusión del documento que está en exposición al público es la misma a la vista del mal estado de conservación de las viviendas. Ascensores saqueados y en los que faltan hasta los motores, pisos incendiados, escaleras con grietas por donde cabe un dedo y problemas de todo tipo hace que la rehabilitación de las fincas supere el coste de la construcción de nuevas. De ahí que el gobierno municipal haya optado por levantar un inmueble al lado, en la avenida Mediterráneo, donde se trasladarán los vecinos propietarios e inquilinos que quieran. El resto de las familias necesitarán un tratamiento personalizado por parte de Servicios Sociales.

«Hemos pedido por dos o tres vías distintas al Ayuntamiento un plan de mantenimiento y convivencia para los años de espera hasta que se construya el nuevo edificio, pero no hemos recibido ninguna respuesta», comentaron. Si todo marcha de la manera anunciada, el traslado será una realidad dentro de unos cuatro años.

Además, conforme se acerque esa fecha es obvio que los problemas de conservación se irán agravando. De momento, la única decisión que ha tomado el gobierno municipal se centra en la tramitación del plan urbanístico, además de ceder una planta baja en Bloque Portuarios para que trabaje una asociación de ayuda a familias sin recursos.

Las mismas fuentes apuntaron que según Rafael Briet, director general de Vivienda, la Conselleria de Obras Públicas «sí que parece dispuesta a firmar un convenio con el Ayuntamiento para que quede constancia de ese compromiso, pero todavía no se han reunido». La tramitación del plan seguirá con toda seguridad tras las elecciones autonómicas y municipales de este año, por lo que serán los nuevos gobiernos nacidos de las urnas los que tendrán la decisión final.

«A los propietarios, desde luego, nos interesa que se siga trabajando tras las elecciones en la misma dirección que hasta ahora, y queremos tener documentos en la mano antes de que acabe la legislatura», precisaron. En cuanto a la rutina diaria, señalaron que el «día a día sigue más o menos igual, más tranquilos en invierno como es habitual, pero con miedo a que empiecen las fiestas nocturnas una vez más en verano».

Con las ayudas prometidas a través del Plan ARRU, la idea es que las nuevas viviendas ronden un coste para los vecinos beneficiados de 50.000 euros, un precio que el Consistorio considera asumible para los residentes. En cuanto a las ocupaciones ilegales, las que sean anteriores a 2015 podrían acogerse a algunas de estas subvenciones según la normativa de la Generalitat. Es el caso de las familias numerosas, tener a su cargo a personas dependientes o ser víctimas de la violencia machista.

El informe encargado por AUMSA detalla la propiedad de las viviendas. De las 165, 91 son privadas y 77 públicas, compradas con motivo de la prolongación de Blasco Ibáñez. Al menos 45 del total están vacías y medio centenar ocupadas ilegalmente.

Como publicó ayer LAS PROVINCIAS, en el Cabanyal y el Canyamelar hay sesenta inmuebles de propiedad pública ocupados ilegalmente. Aparte se encuentran los privados, donde en ocasiones los dueños se han desentendido de ellos debido a la degradación que han alcanzado. Así ocurre en Bloque Portuarios en algunos casos, a la espera de que las fincas sean demolidas.

«Desde 2010 no vuelvo a mi casa y vivo de alquiler en el Cabanyal», comentó una de las afectadas. «La última vez me amenazaron y, aunque les hice frente porque si no te comen, ya no volveré. Eso quedará para mis hijos».

La decisión sobre el mantenimiento de estos pisos generó una polémica más en el seno del gobierno municipal, al discrepar los informes encargados por las concejalías de Desarrollo Urbano y Vivienda. La segunda asegurada que una inversión asumible podría mantener las viviendas en pie, lo que era negado por la primera.

Al final, el plan urbanístico eligió en su fase inicial esta opción, es decir, derribar Bloque Portuarios y en su lugar levantar edificios con menos alturas, integrados con el entorno, que se quedarán de propiedad pública, seguramente para viviendas sociales. La operación saldrá por unos quince millones de euros, según el informe encargado por AUMSA.