El plan para derribar 168 pisos en el Cabanyal fractura de nuevo el gobierno de Ribó

Exterior de Bloque Portuarios, esta semana. / irene marsilla
Exterior de Bloque Portuarios, esta semana. / irene marsilla

El PSPV propone demoler Bloque Portuarios para volver a levantar fincas, lo que cuestiona el alcalde y rechaza València en Comú

PACO MORENO VALENCIA.

Un problema con tres discursos distintos para solucionarlo. El futuro de las 168 viviendas de Bloques Portuarios, una de las zonas más degradadas del Cabanyal, fracturó ayer de nuevo la acción de gobierno en el Ayuntamiento de Valencia. El concejal de Desarrollo Urbano, el socialista Vicent Sarrià, abogó por la demolición de las fincas para su posterior reconstrucción, mientras que València en Comú propuso la rehabilitación siempre que se cuente con el consenso previo con los vecinos. Desde la alcaldía de Joan Ribó quisieron atemperar el ambiente al señalar que lo mejor «es llegar a un consenso en el seno del gobierno antes de situar el propio debate fuera».

No obstante, las mismas fuentes señalaron que la reedificación que plantea Sarrià «es una de las opciones, al lado de otras que no se descartan como la rehabilitación. Dependerá del análisis de los diferentes informes técnicos, teniendo en cuenta que se ha de mirar por los vecinos de Bloque Portuarios con una solución justa para ellos y para la ciudad», en referencia esto último al coste económico de las obras.

Sarrià compareció acompañado por media docena de técnicos y con los informes del estado de los edificios bajo el brazo. Destacó que de los 168 pisos, sólo 117 están habitados y de estos, un total de 52 están ocupados ilegalmente, lo que supone una cifra mucha más alta que la conocida hasta ahora. Detalló el conocido estudio de Aumsa con la conclusión del mal estado de los pilares y los forjados, para señalar que de las tres alternativas planteadas, derribarlo, rehabilitarlo o tirar para volver a construir, propondrá al resto del gobierno municipal la tercera opción, con un coste de 13,76 millones de euros.

En cuanto a los vecinos, mantuvo el compromiso de realojos y facilidades del pago que deben afrontar cada uno de los propietarios privados (entre el Ayuntamiento y la Generalitat tienen 77 pisos). Eso sí, matizó que «no podemos regalar los pisos a nadie ni dar ayudas a fondo perdido». El plan estatal de subvenciones para estos casos fija un máximo de tres millones de euros.

Por el contrario, desde València en Comú señalaron su preferencia por «realizar un censo de vecinos actual que defina quiénes forman actualmente la comunidad del edificio Bloque Portuarios y que sea esta comunidad quién decida que tipo de rehabilitación quieren».

«Desde València en Comú siempre hemos defendido un proyecto de rehabilitación que se ajuste a las economías de las personas residentes, de manera que no se les arrastre a endeudarse y perder su propia casa en este proceso», añadieron, para subrayar que «coincidimos con los vecinos en que si la Administración plantea una rehabilitación integral, deseable pero más costosa, debería asumir el sobrecoste que esta supone a los habitantes».

La decisión sobre el futuro de Bloque Portuarios corre cierta prisa porque de ella depende de la exposición al público del Plan del Cabanyal. «Se trata de un problema heredado, complejo desde el punto de vista técnico, jurídico y social, que, además, tenemos que resolver antes de aprobar el plan porque podría comportar un cambio del planeamiento de esa zona», dijo Sarrià.

La opción de la expropiación para aplicar el planeamiento «sería simplemente aplicar el planeamiento del anterior equipo de gobierno, que contemplaba el derribo, supone un gasto de 9,6 millones de euros. Si hablamos de rehabilitar, tenemos que considerar un gasto de más de 14,3 millones de euros».

Las fincas están en una situación de ruina económica, lo que supone que es mayor el valor de la rehabilitación que el del propio inmueble. Los técnicos autores del informe coincidieron en que la vida útil de los pilares y forjados «está agotada». Por el contrario, desde València en Comú consideraron que son «las personas que la habitan las que tienen que decidir cuál es la actuación más adecuada para sus viviendas en particular y para el edificio. Definir hasta donde pueden y están dispuestas a llegar», en un proceso que amenaza con atascar al tripartito.

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