Nuevo varapalo del Síndic a Ribó por utilizar sólo el valenciano

El Síndic de Greuges ha vuelto a criticar la decisión del Ayuntamiento de Valencia de utilizar únicamente el valenciano en sus publicaciones oficiales en redes sociales y en la señalización viaria en las calles de la ciudad. Lo ha hecho en una recomendación emitida este mes en la que responde a la petición de un vecino, que exigió al Consistorio en cuatro instancias distintas que no se discriminara el castellano en la nomenclatura de las calles de la ciudad, en la página web, en los carteles informativos instalados en los complejos deportivos municipales y en el propio edificio del Ayuntamiento de Valencia.

El Síndic recomienda al Consistorio que garantice «el derecho de los ciudadanos a dirigirse a la Administración de la Comunidad Valenciana en cualquiera de sus dos lenguas oficiales y a recibir respuesta en la misma lengua utilizada», en aplicación del artículo 9 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana y de conformidad con los principios de antiformalismo, sencillez y eficacia que debe presidir todas las actuaciones administrativas.

Además, José Cholbi propone al Consistorio «que adopte todas las medidas que sean necesarias, incluidas las presupuestarias y tecnológicas, para adaptar sus redes sociales al régimen de cooficialidad lingüística vigente de la Comunidad Valenciana». Finalmente, el Síndic recomienda a la administración local que en los trabajos de rotulación informativa viaria «observe la cooficialidad lingüística vigente en la Comunidad Valenciana».

Sobre el uso del valenciano en las redes sociales, el Síndic apunta que en los últimos años, las administraciones públicas «han incrementado su presencia en las redes sociales»: «En este sentido, junto a sus páginas web oficiales, las administraciones gestionan cuentas de Facebook, Twitter (estas dos las más utilizadas) y otras redes sociales, que se han convertido en uno de los medios de comunicación más rápidos y sencillos, así como en un instrumento fundamental de participación ciudadana». La entidad considera que las administraciones adquieren «obligaciones adicionales» a la hora de gestionar una cuenta en las redes sociales: «Esta institución es consciente del esfuerzo económico que comporta configurar páginas web oficiales, gestionar las redes sociales, emitir impresos, folletos y publicidad institucional en las dos lenguas cooficiales de la Comunidad Valenciana». El Síndic asegura, en este sentido, que la cooficialidad que consagra el Estatuto de Autonomía «tiene que ser patente en todas las manifestaciones de la administración y tiene que desterrar cualquier forma de discriminación lingüística».

Sobre la rotulación de las calles únicamente en valenciano, el Síndic explica que el diseño de políticas de normalización lingüística, «autorizadas y plenamente legales con la normativa vigente», encuentra «como límite lógico» los derechos reconocidos constitucional, estatuaria y legalmente a los ciudadanos de esta comunidad, «también a aquellos ciudadanos cuya lengua habitual es el castellano»: «En definitiva, la normalización lingüística no puede conseguirse, ni ha de hacerse, sobre la base de la infracción de las disposiciones vigentes».

No es la primera vez que el alcalde de Valencia, Joan Ribó, tiene problemas por la rotulación de los carteles de las calles. Ya en 2016, cuando se hizo la primera peatonalización del entorno de la Lonja de la Seda, los carteles que señalizaban quién podía acceder por María Cristina y alertaban de la nueva situación estaban únicamente en valenciano. Una denuncia del CSI·F por la inseguridad jurídica de los agentes que multaran con las indicaciones únicamente en valenciano motivó un requerimiento de la Delegación de Gobierno, que forzaba al Consistorio a cambiar el idioma: daba incluso un plazo de varios días antes de llevar el asunto a los tribunales. El Ayuntamiento de Valencia optó entonces por la rotulación bilingüe de todas las señales de la ciudad, incluyendo tanto las que estaban en valenciano como las que lo estaban en castellano, según afirmó aquel verano el concejal de Espacio Público y Movilidad, Giuseppe Grezzi.