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Tráfico, en la ciudad de Valencia. J. L. Bort

Una orden de Abascal llevó a Vox a tumbar la Zona de Bajas Emisiones de Valencia

La dirección nacional califica de «fanatismo climático» la medida y obliga a Catalá a tener que negociar el proyecto con la oposición, que aboga por restricciones mayores

Lola Soriano Pons

Valencia

Miércoles, 29 de octubre 2025, 15:54

El gobierno de María José Catalá va a tener que buscar una negociación casi contrarreloj para tratar de llegar a un acuerdo con la oposición ... para sacar adelante la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) con el fin de empezar a aplicarla antes de que acabe 2025 y así evitar la pérdida de unos 115 millones de euros tanto en ayudas como por la aplicación de una multa.

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Faltará ver si consigue en este tiempo récord apoyos o al menos las abstenciones que le valdrían para sacarla adelante antes del 31 de diciembre. No hay que olvidar que en el pleno de este martes el socio del PP, el grupo Vox, cerró la puerta a un posible acuerdo de gobierno, con sus votos en contra para seguir con las directrices marcadas a nivel nacional por la formación de Abascal.

De hecho, después de conseguir tumbar la Zona de Bajas Emisiones de Valencia, la dirección de Vox a nivel nacional dio una rueda de prensa para destacar el logro obtenido. En esa comparecencia, el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, dijo claramente que iban a hacer una ofensiva institucional en «todos los parlamentos y ayuntamientos de España para derogar la ZBE y el 'tasazo' de las basuras».

Del mismo modo, la dirección nacional de Vox argumentó que la ZBE es fruto del «fanatismo climático del PP y PSOE» y que «dañan la libertad de movilidad de los ciudadanos, la prosperidad y la vida de familias y trabajadores españoles».

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Cabe destacar que la reacción en contra de Vox en el Ayuntamiento de Valencia se produce después de que los concejales de esta formación votaran hasta en cinco ocasiones a favor de la propuesta de Zona de Bajas Emisiones planteada por el PP en juntas de gobierno, plenos y comisiones, la última de ellas en la comisión de Urbanismo del pasado 21 de octubre, pero las órdenes recibidas a nivel nacional han cambiado la hoja de ruta en el gupo municipal y seguro que habrán hecho perder la confianza del equipo de Catalá con sus socios de gobierno.

Antes de este golpe de timón, Vox sí apoyó el planteamiento de la Zona de Bajas Emisiones del PP el 28 de junio de 2024, cuando se produjo una moción impulsora del concejal de Movilidad de la ZNE en una Junta de Gobierno. El 27 de diciembre de 2024 Vox también respaldó la aprobación inicial del proyecto de ordenanza en Junta de Gobierno; el 18 de febrero de 2025 Vox votó a favor de la aprobación inicial del proyecto de ordenanza en la comisión de Patrimonio; también lo hizo el 25 de febrero de este año en el pleno municipal y el 21 de octubre en la comisión de Patrimonio.

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A pesar de los cinco 'sí' de Vox anteriores, minutos antes del pleno de este martes, el PP, que ya era conocedor de lo que se le venía encima con Vox, buscó la abstención del PSPV, ofreciéndole ampliar el ámbito de aplicación de la Zona de Bajas Emisiones a toda la ciudad, pero no fue aceptado por los socialistas y ahora mismo la pregunta es si se llegará a tiempo para llegar a acuerdos, impulsar la ordenanza y evitar la multa y la pérdida de las ayudas a la movilidad que están en juego.

El grupo popular abrió la mano al PSPV y ofreció pasar de aplicar la Zona de Bajas Emisiones en un perímetro vigilado por cámaras comprendido entre la ronda norte, la avenida de Los Naranjos, Serrería y el Bulevar Sur, a hacerlo en toda la ciudad, algo que el PSPV consideró insuficiente.

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El PSPV exige adelantar los plazos y prohibir más etiquetas

Faltará ver qué otras variables se ponen sobre la mesa de negociación porque los populares siguen manteniendo la postura de aplicar la prohibición a los vehículos de etiqueta A de forma progresiva, una medida que afectaría al 8% de vehículos en 2028, mientras que el PSPV en las alegaciones que hizo en su momento hablaba de aplicar las restricciones a los vehículos con etiqueta B de fuera de la ciudad, que son los coches con motores de gasolina matriculadas a partir del 1 enero 2001 o diésel a partir del 1 de enero de 2006, así como los de 8 plazas y de transporte de mercancías, gasolina o diésel matriculados a partir de 2005.

Incluso el PSPV en estas mismas alegaciones abogó por adelantar los plazos de aplicación, ya que el PP habla de implantación progresiva hasta 2028, mientras los socialistas pedían que se adelantara a 2027.

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La situación ahora mismo es que el PP sólo ha ofertado tocar la variable del ámbito de aplicación de la medida, para hacerlo extensible a toda la ciudad, pero desde el PSPV, la concejala María Pérez, recuerda que en el pleno ya dieron una negativa a este planteamiento. «Desde el PP tendrán que hacer una nueva propuesta, no sólo ampliar la zona de aplicación. Hay otras variables, con la etiqueta de los coches y el calendario de las medidas, que se deben de tratar para conseguir eliminar la contaminación y mejorar la calidad del aire».

Para hacer cálculos, el PP debe de buscar el apoyo o al menos la abstención del PSPV, ya que sumaría 13 votos frente a 13; mientras que la abstención de Vox no sería sufiente, porque serían 13 frente a 16 votos.

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Faltará ver qué ofrece el PP al PSPV, porque los populares se mantienen en la idea de aplicar la medida a los vehículos con etiqueta A, que supondría el 8% de vehículos hasta 2028, mientras que si se opta por aplicarlo también a la etiqueta B que pedía el PSPV en las alegaciones afectaría al 53% de vehículos, algo que el PP no quiere asumir.

Otra cuestión a tener en cuenta es que el tema tiene que estar aprobado antes de final de año y no hay tiempo para hacer una ordenanza nueva. Y a todo ello hay que añadir que cualquier modificación sustancial obligaría a realizar de nuevo una exposición pública y alegaciones y ya no da tiempo a todo esto.

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La edil del PSPV María Pérez explica que a día de hoy no han recibido una propuesta del PP, pero insiste en que «no puede quedarse sólo en ampliar la zona de aplicación. El PP se jactaba de que la ZBE no iba a impactar en casi nadie, pero eso precisamente hace inviable reducir la contaminación».

De igual modo, Pérez señala que un estudio de la Politècnica «ya dejó claro en un estudio que un 40% de las mediciones que hicieron en Valencia estaban por encima de los valores permitidos» y añade que además «hay que tener en cuenta que hay una nueva directiva europea donde se restringen más los valores y se tiene que hacer una trasposición a la ley estatal en dos años de obligado cumplimiento».

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Según la concejala socialista «la propuesta que nos presente tiene que tener como objetivo atajar los problemas de contaminación, porque en la iniciativa que tenían de mínimos ellos mismos reconocían que en dos estaciones de medición se iba a incumplir la normativa europea. Si quieren negociar, que propongan en qué plazos y con qué etiquetas».

María Perez explica que «en cuanto a los plazos, el PP proponía haerla efectiva en 2028, cuando en Madrid será en 2026 y en Barcelona hace años que está prohibido. Vamos muy por detrás de las grandes ciudades» y recuerda que ellos propusieron adelantarlo a 2027.

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En cuanto a las etiquetas, en las alegaciones abogaron por hacerlo extensible a los coches con etiqueta B.

Compromís afirma que el modelo de Catalá «es innegociable»

Por su parte, desde Compromís, han afirmado este miércoles: No vamos a mercadear con la salud de las personas con Catalá tras el fracaso de la tramitación de la Zona de Bajas Emisiones de València (ZBE) en el pleno«.

La portavoz de Compromís per València, Papi Robles, y el concejal Giuseppe Grezzi tildaron la actitud de «la alcaldesa de temeraria». Han afirmado que llegar al pleno »sin tener los apoyos necesarios, con un procedimiento a contrarreloj y sin garantías, ha sido una auténtica irresponsabilidad de Catalá, que puede condenar a Valencia a perder 115 millones de euros«.

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Según Robles, es «increíble que María José Catalá ponga en riesgo de esta manera el 10% del presupuesto municipal por sus políticas negacionistas. Es de una irresponsabilidad absoluta. Pero más allá de los 115 millones que ahora mismo se habrían perdido, el principal problema es que a la alcaldesa no le interesa proteger la salud de las personas, porque su Zona de Bajas Emisiones no iba a reducir la contaminación ni a mejorar la vida de la gente, sino simplemente castigarla sin ofrecer alternativas».

Además, la portavoz de Compromís ha añadido que Catalá «en ningún momento ha intentado sumar nuestra fuerza porque se ha dedicado a desmantelar todo el legado verde que heredó de Joan Ribó».

También ha hecho referencia a la propuesta que lanzó en el pleno el PP al PSPV y afirma: «Sabemos que está ofreciendo a otros partidos salvar su ZBE, pero ese modelo de Catalá es innegociable».

En este sentido, el concejal de Compromís Giuseppe Grezzi ha destacado que apuesta «por una ZBE en la que se escuche a la ciudadanía. Nuestra propuesta era aprovechar la ZBE para hacer una auténtica revolución en el transporte público de la ciudad, que los vecinos pudieran desplazarse con garantías y con salud». Y ha añadido que quieren «una ZBE como las de las ciudades europeas de vanguardia, que realmente sirva para mejorar la vida en Valencia».

Grezzi ha advertido a Catalá que tendrá que reiniciar el proceso de tramitación de la ZBE. «Consideramos que debe haber una nueva exposición pública si ahora cambia sustancialmente la ZBE que inicialmente había previsto«.

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