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Dos empleados del restaurante en el local sancionado. LP

Multan con 4.200 euros a un restaurante por repartir comida a familias sin recursos en el confinamiento

El propietario del local del Cabanyal y dos voluntarias se niegan a pagar las sanciones y aseguran que la actividad estaba permitida

Paco Moreno

Valencia

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Martes, 25 de agosto 2020

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Javier Márquez, propietario del restaurante «Lusitana Tasca» y dos vecinas voluntarias han recibido tres multas que suman 4.200 euros por repartir comida de manera solidaria a más de 80 personas sin recursos en el del Cabanyal durante el confinamiento.

Así lo ha denunciado el primero tras recibir los tres la notificación de las sanciones, dos de 600 euros cada una y la tercera de 3.000 euros. Las cartas han sido enviadas por el Ayuntamiento y la Delegación del Gobierno, asegura a LAS PROVINCIAS.

Los hechos sucedieron el pasado 17 de marzo, en pleno confinamiento por la pandemia del Covid-19. Márquez relata en un vídeo donde aparecen también voluntarias y representantes de algunas asociaciones del barrio que el restaurante tenía bastante comida en las despensas y cámaras, por lo que ante la prohibición de abrir al público salvo la entrega a domicilio, decidieron cocinar para las familias más vulnerables del Cabanyal.

Se pusieron en contacto con Cruz Roja, la Policía Local y la trabajadora social del centro de salud de Serrería. «El BOE permite esta entrega de comida sin ánimo de lucro; la hicimos a través de dos asociaciones, Brúfol y Espai Veïnal Cabanyal», detalla.

Ese día sirvieron 84 raciones de comida. «Venía una persona de cada familia, manteniendo la distancia de seguridad. Todos nosotros llevábamos las EPIS», recuerda. A las cuatro y media de la tarde recibieron la visita de agentes de la Policía Local, que les impusieron las multas pese a las explicaciones dadas. «Uno nos dijo que nos cerraría el local», asegura.

«Tuvimos en cuenta las medidas de higiene, seguridad y distanciamiento social y amparados por el artículo 6 (e) del Real Decreto 463/2020 del B.O.E. del 14 de marzo, Limitación de libertad de circulación de las personas donde se ampara la «Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o especialmente vulnerables».

El local, dice Márquez, se utilizaba «exclusivamente como lugar de recogida y reparto solidario de dichos alimentos. Uno de los agentes en tono amenanante verbalizó 'haré lo posible porque te cierren el negocio', confirman testigos y 'Déjate de hacer la buena samaritana' a una de las vecinas voluntarias, interponiendo una multa tanto al propietario como a las dos voluntarias».

En la denuncia se señala que el agente «se dirige al establecimiento al observar cola de personas en la puerta recogiendo comida que es repartida por dos personas en el interior del local al exterior. Que la persiana se encuentra subida y las luces encendidas y en el interior hay varias personas trabajando, que la puerta del establecimiento se encuentra abierta y que en el interior hay dos mesas a modo de mostrador».

El relato continúa diciendo que «abandonan el lugar tres clientes. Que entrevistados con el responsable indica que se encuentra en funcionamiento pero sin ánimo de lucro ya que colaboran con la asociación Brúfol en el reparto de comida a personas desfavorecidas. Que se informa al titular que que la actividad debe cesar en virtud del R.D 463/20, el artículo 10 apartado 4 «se suspenden las actividades de hostelería y restauración, pudiendo prestarse exclusivamente servicios de entrega a domicilio». Que el titular de la actividad acepta el requerimiento y cesa de forma inmediata la actividad.»

«Tanto desde el establecimiento, como desde la red de voluntarios, asociaciones, colectivos y vecinos del Cabanyal, nos negamos a pagar estas multas, que ascienden a 4.200 euros. De manera colectiva denunciamos los hechos ocurridos, porque no se tiene en cuenta el carácter solidario y no lucrativo de la actividad, porque no se relatan de forma objetiva los hechos (el establecimiento nunca ha estado en funcionamiento durante el estado de alarma), porque nos acogemos al Real Decreto 463/2020 del BOE del 14 de marzo, bajo la imperante necesidad de acción en solidaridad con las familias más vulnerables de nuestro barrio».

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