Las motos de alquiler copan las zonas turísticas sin ninguna regulación

El artículo 60.1 de la normativa lo dice bien claro: «El aprovechamiento especial del dominio público municipal que supone el arrendamiento de vehículos motorizados sin persona conductora y sin base fija estará sometido a la previa obtención de la correspondiente autorización demanial, bien concedida directamente bien previa licitación pública». Para esto hacen falta dos cosas, un informe de Movilidad que establezca el número máximo de vehículos de cada tipo que puedan funcionar en el sector, así como la aprobación de unas tasas y una normativa de Espacio Público.

Lo segundo ya está listo, como dijo el viernes el concejal de Hacienda, Ramón Vilar, quien tiene una moción preparada para la primera junta de gobierno del próximo mandato, que comienza este sábado. De lo primero, como es habitual, la delegación de Movilidad no contestó a las preguntas de LAS PROVINCIAS.

La moción establece las tasas que deben pagar las empresas de alquiler de patinetes eléctricos, bicicletas eléctricas y ciclomotores, así como motos y turismos. Un anexo habla de otros modos de transporte, como es el caso de los 'tuk-tuk'. El precio va desde los 60 a los 360 euros anuales, aunque antes de su aprobación tendrá que pasar un periodo de exposición al público.

La falta de regulación por parte del Ayuntamiento provoca situaciones más que curiosas. Este periódico preguntó a la concejalía de Protección Ciudadana si es legal que una empresa de alquiler ocupe todas las plazas de un estacionamiento, como ocurre en los aledaños de la Ciudad de las Ciencias o en algunas calles del centro. La respuesta fue que de esa cuestión se encarga la concejalía de Espacio Público, gestionada por el edil Carlos Galiana.

El concejal contestó a su vez mostrando la ordenanza de Espacio Público vigente desde 2014, donde en el artículo 3, dedicado a las exclusiones de competencias, señala «los vados y reservas de estacionamiento en la vía pública, incluidas las paradas de cualquier modalidad de transporte».

Este ejemplo le sirvió a Vilar para subrayar la necesidad de una regulación para un sector en auge y que mueve, según datos no oficiales, más de 4.000 vehículos en Valencia. Esto supone cada vez más un problema para el estacionamiento, por lo que muchos usuarios optan por dejar las motos eléctricas mal aparcadas, en aceras estrechas, jardines o incluso en los puentes.

Esto último supone también un número creciente de multas de tráfico, incluso con la retirada de vehículos al estar estacionados en lugares peligrosos para el tráfico o los viandantes. La responsabilidad recae en los usuarios, dado que la aplicación es capaz de localizar con GPS el último de los viajeros antes de la sanción. Se dan casos de empresas como Molo que han acordado colaboraciones con otras compañías para la gestión de estas multas, incluidos posibles recursos, que se ofrecen a los clientes de sus scooters.

En cuanto a la cifra de vehículos que podrían ser autorizados, depende del informe de la concejalía de Movilidad. La estimación de ciclomotores se hará en comparación con los 25.000 que hay matriculados, con lo que en el caso de que fuera el 10% se llegará a 2.500 unidades.

De motocicletas, el Impuesto de Circulación de 2018 contabiliza 57.000 vehículos, mientras que en el caso de los automóviles hay 330.000. De estos últimos, la empresa Cargreen espera la firma de un convenio con el Ayuntamiento para una prueba piloto. De patinetes eléctricos no hay referencia sobre el parque móvil actual.