Las empresas de apartamentos acudirán al juzgado por las restricciones

Amparo Ballester, responsable de la Asociación de Viviendas de Alquiler para Estancias Cortas de Valencia, fue una de las que se mostró más defraudada al considerar que se trata de una legislación «injusta» y que puede suponer el «cierre ilegal» de muchas de estas viviendas. Consideró por lo tanto que «esto acabará resolviéndose por vía judicial».

La asociación ya se encuentra a la espera de algunas sentencias. «Somos el 55% de la oferta de Valencia y afectará no sólo a nosotros sino a muchas otras empresas que dependen del turismo». A partir de la aplicación de la ley, para inscribir un apartamento en el registro de la Generalitat hará falta el permiso previo del Ayuntamiento, lo que se conoce como un informe de compatibilidad urbanística. En el caso de Valencia la normativa que emana del Plan General es muy restrictiva.

José Benavent, presidente de la Asociación de Apartamentos de la Comunidad Valenciana, dijo que «la ley era necesaria tal y como estaba planteada, pero la enmienda de última hora deja en manos de los Ayuntamientos la posibilidad de hacer lo que quieran con el sector y provoca inseguridad jurídica».

En su opinión es una «una verdadera lástima que con el crecimiento que hemos tenido de apartamentos registrados, las políticas contra el intrusismo y la mejora de resultados del turismo, se deje en manos de los Consistorios regular un sector que tantos turistas ha atraído».

Antonio Cassola, de la Federación de Vecinos, explicó que la nueva ley «sale tras la actividad desplegada por el movimiento vecinal y ciudadano», para defender que los apartamentos son «instalaciones hoteleras. Con las matizaciones y singularidades que se quiera, pero instalaciones sujetas a licencia de actividad y tutela administrativa. Los Ayuntamientos han de poder regular esta actividad, y planificar donde y cuantos apartamentos puede haber en las zonas saturadas».