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MAR GUADALAJARA
Viernes, 28 de junio 2019, 00:40
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Es de sobra conocida la batalla del Consistorio contra los apartamentos turísticos. Poner coto y control a esta actividad ha estado siempre entre sus promesas como representantes abanderados del turismo responsable. Pero podrían no salir las cuentas. Las cifras municipales se tambalean: dos informes encargados por el propio Ayuntamiento desmienten sus datos.
El Consistorio asegura que a fecha de mayo de 2019, contabilizan 11.974 apartamentos turísticos en la ciudad. De ellos, 5.732 cumplen los requisitos legales, mientras que «los 6.242 restantes estarían operando sin licencia, por lo que estarían fuera de la legalidad», explican. Sin embargo, poco tienen que ver con las conclusiones que se recogen del informe realizado por la Cátedra Institucional de Economía de la Universitat de València en marzo de este mismo año.
El llamado 'Informe Efecto Airbnb en la ciudad de Valencia', es un estudio que se plantea «ante la falta de datos sobre la vivienda turística», que asegura que hay 3.908 pisos turísticos, entre los regulados y los que no lo están, una cifra similar a la que proporciona el INE: 3.500 el pasado mes de abril.
En el detalle ofrecido por el estudio de la cátedra, se explica cómo dependiendo de la metodología podría variar el resultado. Contabilizar los anuncios de pisos en las plataformas puede llevar a errores, ya que muchos están repetidos y algunos alquileres siguen publicados pese a haber cesado su actividad o ser anuncios engañosos. También se tuvo en cuenta la diferencia entre viviendas completas y el alquiler de habitaciones.
Es así como se relata el proceso textualmente en el informe: «A finales de febrero de 2019, en la plataforma Airbnb, había publicados 6.552 anuncios, de los cuales 4.561 corresponden a apartamentos completos, de estas 4.561 viviendas en un primer análisis a través del campo 'License' se detectaron que habían 2.104 con número de registro, y 2.457 sin número. En una fase posterior, filtramos, para detectar cuántas de estas 4.561 viviendas estaban activas, las que tuvieran un número de reviews distinto de 0 y un ratio de respuesta del anfitrión. Bajo estos criterios, el número de viviendas turísticas se situó en 3.908, de las cuales 2.003 aparecen con código de registro publicado y 1.905 sin registro». Todo ello está publicado en la página de la Universitat de València.
11.974 Pisos turísticos en la ciudad según el Consistorio, una cantidad que superaría a las cifras de Madrid
3.908 Es el total de alquileres que certifíca una cátedra de la Universitat de València y coincide con el INE.
El descontrol crece cuando entra en juego la Conselleria de Turismo, que pone en duda la cifra que da el Consistorio de más de 6.000 apartamentos ilegales. En otro estudio realizado en 2017 también habría contradicciones en los datos. Llevaba por título 'Dimensión de la Oferta de Viviendas de uso Turístico en Valencia' y se realizó con el apoyo del Ayuntamiento de Valencia por una consultoría independiente, CastroConsulting Business Strateg. En este documento publicado hace dos años, ya se advertían las diferencias existentes entre administraciones y los inconvenientes que ello supone para «un elevado porcentaje de la oferta regulada que tiene voluntad de operar dentro de un marco legal y no puede hacerlo».
Asimismo, en el documento se detalla que la normativa del Consistorio «produce un panorama legal de cierta inseguridad para una actividad económica que quiere ser legal». Según dicho informe, en la fecha de su realización, tan solo el 28% de los pisos cumplían la ordenanza municipal de ocupación de la primera planta de los edificios; lo que «genera un difícil modo de actuar», se insiste en el texto, que hace hincapié en la «inseguridad legal que supone para el sector».
Los datos contradictorios ponen en duda el trabajo de control y la actuación prometida por las autoridades municipales. El caos pone en peligro las acciones contra el fraude en los alquileres turísticos.
En su mismo edificio hay un piso de estudiantes y un alquiler turístico. Carmen aún no se acostumbra y reconoce que la convivencia es ya imposible. «No me acostumbro a no conocer a mis propios vecinos, siempre he mantenido una relación con los anteriores propietarios y nunca entendí su decisión», explica. Carmen de un día para otro se encontró con los gastos por desperfectos en el ascensor, con la dificultad para conciliar el sueño con los ruidos y la música, además de con la inseguridad «de no saber quién entra y quién sale», comenta resignada por la situación.
Carmen acumula una larga retahíla de experiencias «desagradables», como las califica, por tener voluntad para preservar «la convivencia que antes se respiraba en el edificio». Pero sus intentos fueron en vano. «Primero traté de razonar con ellos, pero era imposible, te ponían mala cara, algunos hasta me han insultado, después probé a través de los propietarios, pero aún fue peor, porque me dijeron que el problema era mío y que si me molestaba que me fuera de mi casa», relata. Después de toda una vida en el barrio donde nació, no se plantea irse de allí: «Esto es todo lo que tengo y no hay derecho a que tengamos que irnos».
A día de hoy Carmen se siente desamparada. «He tramitado muchas denuncias y he avisado cientos de veces a la policía pero no me hacen caso, ya no sé donde acudir creo que no estamos protegidos por la ley porque no se hacen cumplir las normas», argumenta.
Ruzafa es uno de los barrios más afectados por el turismo y el ocio nocturno. Los vecinos critican la inacción municipal y policial ante la falta de convivencia.
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