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Uno de los depósitos de la planta depuradora de Pinedo. jesús signes
La depuradora de Pinedo recibirá 25 millones para tratar de evitar su cierre

La depuradora de Pinedo recibirá 25 millones para tratar de evitar su cierre

Medio Ambiente presenta un plan que incluye el desvío de la entrada de camiones mientras los vecinos piden una compensación

PACO MORENO

VALENCIA.

Martes, 27 de noviembre 2018, 00:48

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Los vecinos de la pedanía de Pinedo que ganaron un recurso contra la ampliación de la planta depuradora presentaron ayer en el Tribunal Superior de Justicia la petición de que se ejecute la sentencia, el mismo día que la Generalitat hacía pública su intención de invertir 25 millones en las instalaciones para reducir malos olores y el Ayuntamiento recordaba que inutilizarla por falta de licencia de actividad supondrá tirar al mar las aguas fecales de 1,2 millones de vecinos de Valencia y l'Horta sin depurar, lo que no es admisible desde el punto de vista medioambiental.

El recurso de los vecinos fue acordado en una reunión este domingo, por lo que el secretario autonómico de Medio Ambiente, Fran Quesada, pudo salir ayer a media mañana con el compromiso de invertir 25 millones de euros en obras para reducir ruidos y malos olores, como avanzó a la agencia Europa Press.

LOS DATOS

  • uPlazo voluntario Dos meses después de iniciarse el periodo voluntario para ejecutar la sentencia, los vecinos han decidido forzar a la Generalitat a cumplir.

  • uMotivos Los vecinos basaron su recurso en los olores, ruidos y situación insoportable por la cercanía de las balsas a sus viviendas.

  • uOrigen El pleito se inició en 2010, aunque los problemas se remontan hasta los años 80.

La planta depuradora de Pinedo es la mayor de la Comunitat y, como recordó el concejal del Ciclo Integral del Agua, Vicent Sarrià, el cierre de la ampliación III afectará a toda la instalación, donde derivan las aguas negras del colector norte y el oeste, además de su vinculación con el azarbe que discurre junto al nuevo cauce.

La sentencia se basa en la ausencia de una licencia de actividad, aunque el edil señaló que «con un plan especial se cumpliría el fallo». De ahí la oportunidad que espera la Conselleria con la inversión citada y el añadido de abrir un nuevo acceso para los camiones de tal manera que las cargas de lodos no pasen cerca de las viviendas de los afectados.

El plan especial no ha sido aprobado todavía, lo que juega en contra de la Administración autonómica de cara a una decisión judicial, aunque Sarrià insistió en el perjuicio causado por el cierre de la planta. Quesada aportó cifras como que deben tenerse en cuenta que las emisiones de demanda bioquímica de oxígeno, que actualmente por ley se especifica que tienen que estar en 25 miligramos, si se cerrara la depuradora pasarían a 176, siete veces más», para subrayar que «los sólidos en suspensión, para los que la máxima autorizada en vertido está en 35 miligramos, pasaría a 112».

Estas previsiones forman parte de un informe que fue emitido en febrero de 2017 por la Dirección General de Aguas y dirigido al Ayuntamiento para que fuera adjuntado al expediente que se remitió al juzgado con el fin de que «el juez conociera de primera mano cuáles son los perjuicios» del cierre de Pinedo.

Eficiencia energética

De los 25 millones de euros, diez se dedicarán a medidas ambientales para reducir ruidos y olores, mientras que otros 15 se han previsto para mejoras de eficiencia energética. Como ejemplo de esto, Quesada habló de la sustitución de unas turbinas por difusores, una actuación que permitirá «ahorrar energía» y también suprimir olores. La idea es que todo esté listo el próximo verano.

Todas estas cuestiones fueron puestas sobre la mesa en una reunión entre cargos de la Conselleria y representantes vecinales, quienes consideraron muy positiva la propuesta de inversión, aunque mantendrán la petición de ejecución de sentencia al considerar que quedan cuestiones pendientes. Entre estas citó otras que todavía no tienen respuesta, principalmente la cuestión económica. Los afectados, unas 18 familias, reclaman una compensación económica por las molestias que les ha generado la infraestructura desde sus inicios.

«Si el juez se dirige a nosotros como Ayuntamiento que debe decidir sobre las actividades en su término municipal, le manifestaremos la imposibilidad de cerrar la planta depuradora porque supondría tirar residuos de 1,2 millones de personas al mar y eso no es posible», insistió el concejal del Ciclo Integral del Agua, quien criticó que se realizasen las sucesivas ampliaciones de las instalaciones sin tener en cuenta la cercanía de viviendas habitadas ni los requisitos legales necesarios para su apertura.

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