El Consistorio dice que ya revisa también bienes de sindicatos y ONG por el IBI

Los concejales del Ayuntamiento, en el hemiciclo municipal. / damián torres
Los concejales del Ayuntamiento, en el hemiciclo municipal. / damián torres

Hacienda comprueba los locales en los que se realiza una actividad lucrativa como en el caso de algunos edificios de la Iglesia

I. DOMINGO VALENCIA.

La decisión del Ayuntamiento de Valencia de cobrar tributos, como el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) o el de construcciones (ICIO), a entidades hasta ahora exentas por la Ley de Mecenazgo puso el foco de atención en las propiedades de la Iglesia, sobre las que el Consistorio comenzó la semana pasada a revisar el listado de los inmuebles que estarían afectados por este anuncio.

Una situación que también se ha extendido ya a los locales de sindicatos y ONG, según confirmaron ayer fuentes de la concejalía de Hacienda. Estas instituciones se acogen tanto a la Ley de Mecenazgo aprobada en 2002 como a la Ley Reguladora de Haciendas Locales, que libra de tributar a numerosas instituciones públicas y privadas por motivos variados. Por ejemplo, por ser locales propiedad del Estado.

A finales de junio, el concejal de Hacienda, Ramón Vilar, ya avisó de que la revisión del cobro del IBI afectaría a esos posibles contribuyentes y así ha sido. Fuentes municipales confirmaron que la revisión de esos inmuebles ya se está realizando, dado que el capítulo de bienes exentos incluye a numerosas entidades y no se discrimina a ninguna.

En este sentido, desde la concejalía remarcaron que el procedimiento es comprobar si en los locales exentos de tributos se realizan actividades lucrativas que, además, supongan una libre competencia frente a empresas o entidades en el mercado. De ahí se generará un listado definitivo.

A pesar de confirmar ese proceso de búsqueda, la concejalía no desveló qué locales de sindicatos u ONG pasarían al listado de futuros contribuyentes para las arcas municipales. En el caso de las propiedades eclesiásticas, sí que se ha apuntado en varias ocasiones que tanto la Casa de la Salud como la Universidad Católica tendrían que abonar el IBI y el ICIO (girado el pasado julio con un efecto retroactivo de los últimos cuatro años), además de otras propiedades que no estén vinculadas con el culto religioso.

El gobierno municipal, que ya ha intentado impulsar el cobro del IBI a la Iglesia hasta en dos ocasiones (2016 -a través de un estudio remitido a la Federación de Municipios y Provincias- y noviembre de 2017), prevé ingresar dos millones en un año del cobro de estos dos impuestos y también se estudia a medio plazo la remisión de los recibos correspondientes al Impuesto de Actividades Económicas.

Para ello, Hacienda toma como referencia una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que dio la razón al Ayuntamiento de Getafe el pasado enero para cobrar 23.710 euros del ICIO por las obras en un salón de actos al tratarse del lugar de actividades comunes y no religiosas.

También se esgrime otra resolución, en este caso, del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, que avala el cobro de impuestos a un comercio que no pagaba al consistorio porque pertenecía al Arzobispado de Palma.

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