El Consistorio deberá mantener en dos años la vieja sede de Hacienda

Fachada principal de la antigua sede de la Agencia Tributaria. / j. j. monzó
Fachada principal de la antigua sede de la Agencia Tributaria. / j. j. monzó

El Plan de Ciutat Vella reserva el edificio para uso dotacional, pero el Gobierno podrá quedar exento del cuidado del inmueble

P. MORENOVALENCIA.

La decisión del Ayuntamiento de reservar el antiguo edifico de la Agencia Tributaria en Valencia cerrado desde finales de 2016 como un equipamiento público en el Plan de Ciutat Vella tiene un coste. El rechazo a la petición del Ministerio de Hacienda para que el inmueble del número 4 de la calle Guillem de Castro fuera desafectado como servicio público, seguramente para venderlo, obligará al Consistorio a afrontar su mantenimiento dentro de dos años.

Así figura en la Ley 33/2003 del Patrimonio de las Administraciones Públicas, donde se detalla qué pasa en estas situaciones. «En el supuesto de que los usos permitidos en los inmuebles desafectados determinen su utilización exclusiva por otra Administración pública, ésta convendrá con la Administración General del Estado los términos para su obtención». Esta parrafada significa que las arcas municipales son las que deben asumirlo.

El plazo para esto está previsto en dos años en lo que se refiere a su mantenimiento y custodia a partir de la aprobación definitiva del Plan de Ciutat Vella, cuando se haga oficial la decisión del Consistorio de que el enorme inmueble sirva como equipamiento público.

Las oficinas están cerradas desde finales de 2016 debido al mal estado detectado por los técnicos El Ejecutivo central sigue aportando fondos para el cuidado de las oficinas cerradas en el centro

La antigua sede de la Agencia Tributaria está cerrada desde octubre de 2016, debido a problemas en el inmueble. Las oficinas fueron trasladadas a unos locales en la plaza del Ayuntamiento, aunque el Ministerio de Hacienda ha tenido que seguir destinando dinero a mantener en condiciones el inmueble de la calle Guillem de Castro.

El Gobierno ya ha hecho una primera valoración del edificio, que cifra en 16 millones de euros. Este dato es importante porque la Ley 5/2014 de Ordenación del Territorio señala que a partir del quinto año en esta situación, ya podría pedir su expropiación. Los plazos están muy medidos en la legislación salvo que, indicaron ayer fuentes municipales, el Ejecutivo central decida no impulsar ninguna de estas medidas en una negociación política. Esto parece poco probable dado el interés de Hacienda en desafectar la sede, que presentó como una de las alegaciones del plan urbanístico.

Los 16 millones de euros forman parte del coste de ejecución de todo el plan, que llega a los 74 millones. Las mismas fuentes precisaron que en la operación de este inmueble podría entrar la Generalitat, aunque ni siquiera se ha concretado un uso más allá del cultural y público.

El pleno del Ayuntamiento aprobó el pasado julio enviar el documento y las alegaciones al plan a la Conselleria de Cultura, que debe emitir un informe favorable. Cuando este llegue, volverá a pasar por la Generalitat para su autorización definitiva. En síntesis, consiste en que a partir de ese momento, todos los propietarios de inmuebles en el distrito de Ciutat Vella sabrán exactamente qué se puede hacer en las fincas, amén de los espacios públicos.

Uno de los debates más vivos ha sido el de la regulación de las áreas de comercio tradicional, residenciales y emplazamientos autorizados para nuevos hoteles y bloques de apartamentos turísticos. Con una vigencia de 20 años, las inversiones públicas se perfilan a largo plazo, salvo en lo que se refiere a la propiedad del Ministerio de Hacienda, donde el reloj comenzará a correr.

El Consistorio sí que ha aceptado otros cambios de uso, como la sede de CCOO en la plaza Nápoles y Sicilia, que pasará a residencial salvo la planta baja, que se quedará como equipamiento público para el uso que decida el gobierno municipal.