El Consell de Transparencia critica la opacidad de Ribó por la encuesta de Fuset

La protesta del grupo popular presentada por este motivo decae, dado que finalmente tuvieron acceso al expediente cuando el Consistorio presentó un recurso en la Audiencia Nacional a la sanción impuesta por Protección de Datos. «Pero eso fue porque pasó por la junta de gobierno y no les quedaba más remedio», indicó ayer el portavoz de los populares, Eusebio Monzó.

Pese a esa circunstancia, en los fundamentos de derechos se indica que «así las cosas, a este respecto la información pública demandada por el solicitante ya ha sido facilitada, aunque fuera extemporáneamente». Más adelante indica que «no procede más que señalar el reconocimiento tardío del derecho», en referencia al tiempo pasado sin que el gobierno municipal ofreciera la información requerida.

La sanción se produjo por la realización de una encuesta sobre las Fallas a un millar de personas sin pedirles permiso por escrito y anticipado para que respondieran a preguntas sobre su ideología política y posición religiosa, entre otras. Esto causó una gran indignación en varias entidades falleras, al subrayar que no tenía que ver con el propósito del trabajo. Por el contrario, Fuset defendió que era una parte obligada para la evaluación de las contestaciones a los encuestadores.

La sanción grave no tiene una multa económica, aunque el alcalde Ribó ordenó inmediatamente la presentación de un recurso en la Audiencia Nacional, por más que el delegado de Cultura Festiva insistiera en que el expediente de Protección de Datos se trataba de una mera reprimenda. Ni mucho menos a juicio de la reacción a la resolución.

El portavoz de los populares dijo que Ribó «sólo permitió que tuviéramos acceso al expediente sobre la encuesta a los falleros, en las que se les preguntaba por sus ideas políticas, en el momento en que la Junta de Gobierno aprobó la presentación de un recurso ante la Audiencia Nacional», para señalar que el Consell de Transparencia «ha reconocido el derecho de los concejales del grupo popular a conocer el expediente de las encuestas, al tiempo que afea al alcalde que bloqueara durante 225 días la información».

En su opinión, «Ribó y sus socios del tripartito han sido apercibidos en numerosas ocasiones por el Síndic de Greuges, el Defensor del Pueblo y el Consell de Transparencia por la opacidad en su gestión, por impedir que la oposición cumpla con su obligación de fiscalización de su trabajo. Este es un ejemplo más de lo que denunciamos».