Los VTC dejarán Valencia tras imponer Ribó que se contraten una hora antes

Reunión de Grezzi con los taxistas. /LP
Reunión de Grezzi con los taxistas. / LP

El Ayuntamiento amplía el mínimo de 15 minutos a petición de los taxistas mientras Uber y Cabify anuncian que pedirán indemnizaciones

Álex Serrano
ÁLEX SERRANO

El Ayuntamiento de Valencia ampliará el plazo de precontratación para los VTC gestionados a través de plataformas como Uber y Cabify de los 15 minutos que proponía el Consell. Así lo aseguró ayer el concejal de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi, que sorprendió porque a comienzos de este mes el alcalde de Valencia, Joan Ribó, dijo que le parecían «bien» los 15 minutos previos. Los VTC, por su parte, anunciaron que abandonarán Valencia en cuanto estas medidas se implanten en próximas fechas, aunque creen que no llegarán antes de las elecciones de mayo.

«Tenemos la voluntad de ampliar el plazo de precontratación. Nos parece importante en un área metropolitana como la nuestra porque vemos que el plazo de 15 minutos no es suficiente para hacer un control efectivo del servicio discrecional que prestan los VTC», explicó el concejal, que señaló que esta opción ya se está estudiando en Cataluña o en el País Vasco. «Si no, no se estaría regulando de la manera más efectiva y habría una competencia desleal. Pero estaremos esperando porque lo haremos cuando se apruebe el decreto que trasladaremos a la gestión municipal», comentó Grezzi.

Taxis y VTC en Valencia

Tras la asunción municipal de esas competencias «pondremos sobre la mesa todas las peticiones del sector del taxi, que está sujeto a una ley sobre los servicios que ha de prestar, mientras que servicios discrecionales no lo están, y por eso se ha de regular de la manera más efectiva asuntos como el de la geolocalización o que no puedan estar circulando los VTC ni puedan estar paradas para recoger clientes, entre otros aspectos que hagan efectivo ese control de los servicios que prestan», dijo el concejal.

Fernando del Molino, presidente de la Confederación de Taxistas Autónomos, se mostró satisfecho por este acuerdo aunque reconoció que esa hora es lo «mínimo» que pueden aceptar los taxistas y señaló que habría preferido que la Generalitat ampliara el plazo para toda la Comunitat. También exigió al Consistorio que regule el plazo de descanso de los conductores de los VTC y que no puedan estar cerca de locales como hospitales o estaciones. Preguntado por las declaraciones de Ribó, señaló que está seguro de que las hizo «en su momento» pero insistió en que la hora de precontratación es «la medida mínima que necesitan los dos sectores para diferenciarse».

En ese mismo sentido se manifestó Grezzi al afirmar que esta ampliación «es la medida mínima que se necesita para diferenciar a los dos sectores y evitar que hagan de taxis». Grezzi se refirió a los tres años de reuniones entre el Ayuntamiento de Valencia y el sector del taxi, «también en la elaboración de la Ordenanza de Movilidad, que está en exposición pública, con la actual se han mejorado muchos aspectos de la movilidad». Desde el Ayuntamiento «hemos de garantizar la competencia más efectiva y el respeto a la legalidad. Cuanto mejor regulemos todos los aspectos, mejores sistemas de movilidad tendremos, más efectivos y con mayores garantías legales», dijo.

Preguntado por esta situación, el presidente de Unauto VTC Comunitat Valenciana, Ricardo González, anunció que el sector abandonará la capital cuando se imponga esta decisión municipal, aunque advirtió de que es «imposible» que llegue esta legislatura. «En realidad con los quince minutos previos ya nos iríamos de la ciudad. Lo de una hora es para darle un poco más de publicidad», opinó González, que insistió en que cree que los políticos del Consistorio y de la Generalitat «están más en el tema de las elecciones que a pensar de manera práctica en solucionar el problema». González fue tajante: la aprobación de la hora de espera entre que se contrata un VTC y llega hasta el cliente «significaría el cese de las actividades», como ya ha ocurrido en otras ciudades como la misma Barcelona.

González también apuntó una cuestión nada menor: las indemnizaciones que podrían recibir los VTC si se modifican las condiciones de trabajo. Según Unauto, en Barcelona ese cálculo habla de unos 1.050 millones de euros, que es el resultado de las 4.500 reclamaciones que pueden presentarse en el Ministerio de Fomento multiplicado por los 233.000 euros que cada propietario podría reclamar por su licencia. Aunque en Valencia no se dan cifras, González sí apunta que la Generalitat o el Ayuntamiento, quien legisle, tendrá que hacer frente al pago de estas indemnizaciones millonarias. La aprobación de un decreto exprés mientras el proyecto de ley del Gobierno sigue su tramitación (está en fase de enmiendas) descargaría en las administraciones locales o autonómicas el pago de las posibles indemnizaciones.

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