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P. MORENO
VALENCIA.
Jueves, 1 de enero 1970
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El Ayuntamiento sigue enviando requerimientos a las comunidades de vecinos de Bloque Portuarios, un conjunto de 168 viviendas del barrio del Cabanyal que en algunos casos se encuentran en un penoso estado de conservación. La sorpresa ha sido más que desagradable para los residentes, al estar abierto un proceso que decidirá el futuro de los inmuebles, sin que se descarte incluso el derribo.
Pese a esa circunstancia, el servicio de Disciplina Urbanística ha enviado varias cartas a comunidades de propietarios reclamando una serie de reparaciones en zonas comunes. Una de las cartas se refiere por ejemplo a la azotea de una de las fincas. «Repartidos por cualquier punto de la cubierta hay enseres, escombros, restos de materiales diversos y todo tipo de productos de desecho», comenta el informe.
«Las salas de maquinaria de los ascensores que no funcionan están llenas de enseres acumulados», lo mismo que ocurre con las puertas de varias estancias, todas arrancadas. Las deficiencias siguen con la presencia de grietas en algunas paredes, junto con antenas que han sido modificadas sin ningún control, con el cableado junto a elementos metálicos.
Ese panorama es el que padecen los vecinos de estos bloques, junto a la Lonja de Pescadores, en unos inmuebles donde el Ayuntamiento y la Generalitat tienen numerosas propiedades. Las ocupaciones ilegales están al orden del día, igual que la acumulación de basura e incluso los incendios en viviendas.
Ante esa situación, el Ayuntamiento encargó a la empresa municipal Aumsa un informe sobre la situación estructural de las fincas, con distintas alternativas. En síntesis hay tres, que pasan por el derribo, la rehabilitación de los pisos o la demolición para la posterior construcción de edificios nuevos. Esto último, lo más caro, saldría por unos quince millones de euros.
No obstante, el gobierno municipal no ha tomado una decisión, por lo que ha dejado fuera las 168 viviendas del plan urbanístico presentado hace escasas fechas, que sí prevé la construcción de viviendas en el entorno y otras zonas del barrio. De ahí, la sorpresa para los vecinos. «Han llegado varias cartas y no entendemos la razón, cuando está en marcha ese proceso», señalaron, para destacar que los propietarios son los que deben afrontar el pago de las reparaciones.
Fuentes de la concejalía de Desarrollo Urbano comentaron que las cartas se envían por una obligación legal, en aras de garantizar la seguridad de los vecinos, aunque plantearon la intervención de la contrata municipal en caso de que no se acometan las obras. Citaron como ejemplo la necesidad de soldar para cerrar las puertas de ascensores, en patios donde no hay cabinas ni maquinaria porque todo ha sido saqueado. En cuanto a la decisión sobre el futuro de los edificios, reiteraron que se trata de una cometido del conjunto del gobierno municipal, por lo que habrá que esperar a un consenso entre los tres partidos que forman el tripartito en el Consistorio.
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