El Ayuntamiento aprueba la moción contra Israel pese a ser anulada en 33 municipios

La cuestión no es baladí, tanto que el grupo impulsor de la moción, València en Comú, introdujo una enmienda en uno de los puntos con la esperanza de evitar la impugnación del acuerdo por vulnerar el derecho de igualdad, reconocido en la Constitución. Tanto el movimiento BDS como el Espacio Libre suponen en la práctica pedir al Gobierno entre otras cosas el veto a comerciar con empresas israelíes.

La enmienda dejó el artículo como sigue: «Valencia se declara espacio libre de crímenes de guerra, incluido el crimen del apartheid. En este marco, y previo informe favorable de los servicios jurídicos municipales para cada una de las acciones que de él se desprendan, el Ayuntamiento apoyará la campaña Espacio Libre de Apartheid Israelí». Antes del inicio de la sesión, en el centro del propio hemiciclo se formó un corro con el alcalde Ribó y los portavoces de los tres grupos del gobierno tripartito, junto a Fábregas, donde sin duda trataron la cuestión.

De esta manera quieren poner una salvaguarda jurídica para una posible impugnación. La Asociación Acción y Comunicación sobre Oriente Medio anunció en un escrito al Consistorio este miércoles que «el movimiento BDS lleva a cabo acciones y actuaciones calificables de antisemitas e incluso incitadoras al odio y la discriminación contra ciudadanos judíos e israelíes». No en vano hay abiertos varios procedimientos judiciales por esta razón.

Las siglas del movimiento derivan de las palabras Boicot, Desinversión y Sanciones, lo que es interpretado por la asociación de amistad entre España e Israel como el deseo de que «no exista vinculación económica, cultural, comercial, académica, deportiva, política ni social con Israel».

Tanto el grupo Ciudadanos como el del PP rechazaron la moción, defendida por Fábregas. La edil aseguró que ha comenzado a «recibir amenazas» si especificar más. Los dos grupos de la oposición abogaron por el diálogo sin caer en radicalismos, mientras que la edil popular María Jesús Puchalt recordó que la política exterior la marca el Gobierno de España, que ya se ha posicionado varias veces en contra de algunas políticas israelíes.

Fábregas dijo que «hay que apoyar los programas de cooperación que actúan en territorios palestinos para establecer acciones que garanticen la seguridad y los derechos de este pueblo», para añadir que «debemos priorizar acuerdos con empresas que respeten los derechos humanos y no obtengan beneficios de las violaciones de estos».

Por otro lado, el concejal del grupo popular Cristóbal Grau lamentó la negativa del gobierno tripartito a destinar el edificio del barco de estibadores a servir de espacio para la práctica de deportes de deslizamiento en la playa de El Saler, tal y como «llevan demandando desde hace tiempo numerosos equipos y aficionados de estos deportes náuticos».

«Este era el principal destino que pedíamos en la moción presentada en el pleno, por entender que estamos ante un edificio idóneo para servir como estación náutica enfocada al desarrollo de estas disciplinas deportivas tan demandadas, tanto por su ubicación en un enclave de costa excepcional como por la funcionalidad de las instalaciones», señaló el edil. Grau destacó que «lo más sorprendente ha sido el silencio de la concejala de Deportes durante todo el debate», pese a la indefinición sobre el uso deportivo.