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Imagen de la parte de la plaza de la Reina donde se sitúa la entrada al aparcamiento. Damián Torres
Antifraude afea la injerencia en el concurso de la plaza de la Reina de un asesor de Ribó

Antifraude afea la injerencia en el concurso de la plaza de la Reina de un asesor de Ribó

Un informe de la agencia a raíz de una denuncia del PP concluye que Pons no tenía competencias para pedir cambios en los pliegos del contrato

Paco Moreno

Valencia

Viernes, 21 de agosto 2020

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«No quedando acreditada la encomienda realizada al personal asesor por órgano de contratación, se observa injerencia en las funciones que corresponden al personal funcionario». Esa es la bofetada de la Agencia Valenciana Antifraude, dirigida por Joan Llinares, al gobierno municipal de Valencia, en concreto al alcalde Joan Ribó.

El rapapolvo viene de lejos, de un informe del 28 de febrero de 2019, aunque no se conoció hasta ayer, cuando fue difundido por el grupo popular en el Consistorio. La afirmación de la agencia se refiere a la participación de un asesor de Alcaldía el pasado mandato, Alejandro Pons, en la elaboración del pliego de condiciones para adjudicar el proyecto de la plaza de la Reina. La portavoz del grupo popular, María José Catalá, habló abiertamente de «ocultación» de la resolución para no dar a conocerla.

El informe deja abierta la posibilidad de que se presente un recurso, aunque esto no fue confirmado por fuentes cercanas a la alcaldía, quienes defendieron la legalidad de la tramitación, citada en el propio informe de la agencia, al señalar que «finaliza sin informe alguno de disconformidad de la jefa de servicio de Movilidad». La entidad puede emitir un informe definitivo afeando el proceso por la participación del asesor, o incluso elevando el expediente a la fiscalía, como ya sucedió en el caso de las pensiones de la EMT.

Pero la cuestión más llamativa es la decisión de un asesor político de pedir a funcionarios del Consistorio (fueron instrucciones verbales) que modificaran el pliego de condiciones del concurso, lo que se hizo sin ningún reparo de los técnicos. La primera vez que la oposición tuvo constancia de esta práctica fue a raíz de un informe de Movilidad del 23 de agosto de 2016.

Fuentes del PP en el Consistorio recordaron ayer que en una serie de preguntas dirigidas a la concejalía de Movilidad, la respuesta fue que Ribó estaba al corriente de estos hechos y que el asesor había «colaborado» sin ordenar nada a los técnicos. En concreto, les pidió que eliminaran unos planos del aparcamiento subterráneo y que incluyeran un análisis del trabajo realizado por el Colegio de Arquitectos en 1999. Esto último obligó a recalcular la puntuación en el concurso.

«Hace un mes pedimos nuevamente acceso al informe y el concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi, nos dijo que no estaba terminado el informe definitivo. Esta semana lo hemos conseguido y comprobado que estaba desde 2019», dijeron desde el PP, para precisar que «no está terminado el procedimiento, falta el definitivo de la Agencia Antifraude.

El proyecto fue adjudicado a Miguel del Rey, Íñigo Magro, Antonio Gallud y María Teresa Santamaría en mayo de 2017 por 169.206 euros, aunque finalmente el encargo recayó en José María Tomás y Antonio Escario al no poder formalizar los primeros el contrato.

Fuentes cercanas a la alcaldía indicaron que el documento conocido ayer «se retrotrae a una resolución hecha pública hace más de un año, que es positiva a la actuación del Ayuntamiento, puesto que establece literalmente que todas las actuaciones tomadas en relación con la reordenación de la plaza de la Reina, se han realizado observando la legalidad».

Aún así, desde el PP subrayaron que «todo está repleto de cuestiones que deben aclararse, como que hace nada nos dijera por escrito el gobierno municipal que no podíamos tener acceso al documento al no recibirse».

Desde la alcaldía indicaron que en sus conclusiones ante la denuncia del PP, la Agencia Antifraude dictamina que «la tramitación de la licitación del expediente finaliza sin informe alguno de disconformidad de la jefa de Servicio de Movilidad Sostenible».

A su juicio, la denuncia «no tiene fundamento alguno. El origen de la disputa con el PP viene por su intención de acceder al proceso de licitación de la reforma de la plaza de la Reina cuando estaba en pleno procedimiento de adjudicación. No pueden ser accesibles porque se debe proteger y evitar que ninguna de las posibles empresas que optan a la licitación tenga información privilegiada. No tienen acceso ni los concejales de gobierno. De hecho, el PP tuvo acceso al expediente cuando el procedimiento finalizó y se formalizó».

«El alcalde debe aclarar qué pretendía con los cambios»

«Pedimos que Ribó aclare qué pretendía desde Alcaldía con los cambios en los criterios de valoración de las ofertas, porque para eso, los técnicos municipales defienden mejor que el alcalde la objetividad en un procedimiento abierto. Queremos saber es cuál era su verdadera intención», afirmó ayer la portavoz del grupo popular, María José Catalá. La edil añadió el «ocultismo sobre este expediente al que se ha negado el acceso al PP durante más de un año, lo que hizo que presentáramos una queja a la Defensora del Pueblo», recordó. La concejala consideró «muy grave» que desde el servicio de Movilidad se diera validez a las indicaciones del asesor de Alcaldía a la hora de cambiar los dos aspectos del pliego del concurso.



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