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Alfonso Grau, el exvicealcalde de Valencia. irene marsilla
Alfonso Grau autorizó el pago de 200.000 euros a una empresa en Bruselas

Alfonso Grau autorizó el pago de 200.000 euros a una empresa en Bruselas

La transferencia se realizó desde una de las fundaciones del Ayuntamiento a una firma de Laterne, según consta en la causa

A. Rallo

Valencia

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Sábado, 21 de octubre 2017, 22:53

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El último informe de la Guardia Civil sitúa a Alfonso Grau al frente de la financiación irregular del PP durante las elecciones de 2007 y 2011. La investigación sobre el supuesto blanqueo de 50.000 euros del Grupo Municipal en 2015 ha derivado en el hallazgo de un complejo entramado de recaudación de fondos para la caja B del partido desde donde se abonaban las campañas electorales. El exvicealcalde de Valencia, al inicio de las pesquisas libre de sospecha, ha terminado imputado por malversación y cohecho y como pieza esencial de la trama.

La campaña de 2007 se encargó a la empresa Laterne, dirigida por su amigo Sáez Tormo. La mercantil supuestamente se nutrió de fondos de las grandes adjudicatarias del Ayuntamiento de Valencia -Sociedad Agricultores de la Vega (SAV), Secopsa, Lubasa o Nou Litoral, entre otras-, pero también de fundaciones controladas por el Consistorio que escapaban a los órganos de control de la administración local. Es en esta operativa donde sobresale el pago de 200.000 euros desde el Centro de Estrategias y Desarrollo (CEyD) a la empresa City Marketing Counseil, con sede en Bruselas.

La transacción se realiza a través del banco Fortis Bank, hoy propiedad del grupo BNP Paribas. La documentación aportada por la Guardia Civil muestra el papel de Alfonso Grau en esta operación, ya que él ejercía como apoderado de la citada entidad. Recientemente, el concejal Eduardo Santón que abandonó la política tras llevar las riendas de algunas de estas sociedades, declaró en el juzgado como investigado. El responsable admitió que todos los contratos y las decisiones importantes eran tuteladas por el exvicealcalde.

La transferencia pone el foco en el rastro del dinero. ¿Qué sentido tiene pagar a una empresa en Bruselas por una supuesta actividad que se contrató en Valencia? En realidad, al sacar el dinero fuera de España lo que se busca es dificultar el seguimiento por parte de los investigadores. Además, se ignora quién o quiénes son los titulares de la citada cuenta ya que esa información no figura en la causa. El ingreso se produjo en 2006, uno de los ejercicios con más recaudación para afrontar la campaña de Barberá del siguiente ejercicio. Existe otro hecho extraño en la investigación de la empresa Laterne. ¿Cómo puede ser que una mercantil que recibe enormes cantidades de dinero -supuestamente hasta tres millones de euros- termine cerrando y sin pagar a sus trabajadores?

La situación de Alfonso Grau se ha complicado en los últimos meses. El juzgado le reclamó recientemente un millón de euros de fianza civil. Se trata de una medida para garantizar el pago de sus responsabilidades civiles en el caso de una hipotética condena. En el supuesto de no hacerlo, el juzgado procederá al embargo de sus cuentas y propiedades. El investigado podrá seguir disfrutando de esos bienes, pero no podrá venderlos. El pasado 6 de octubre, Grau acudió al juzgado a declarar por este asunto, aunque se acogió a su derecho a guardar silencio hasta que el juzgado reciba toda la documentación. Todavía falta un informe sobre Trasgos, la mercantil que organizó las elecciones de 2011. Los investigadores tratan de averiguar si la misma operativa ilegal -comisiones de constructoras y pagos desde fundaciones municipales- se repitió en estos comicios.

No es el único asunto que amenaza la presunción de inocencia del exvicealcalde. Grau tiene otra causa abierta por aceptar como regalo dos relojes de alta gama por parte de un adjudicatario del Ayuntamiento de Valencia. La fiscalía pidió el procesamiento hace meses. La instrucción se encuentra agotada.

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